Con una suba del 3,9% de inflación para el mes de enero, el 2022 se encamina a otro salto en los precios al calor de una política orientada al pago de la deuda externa. Por esta vía, los salarios y el gasto social pierden lugar ante la inflación, golpeando con fuerza los bolsillos de los trabajadores.

El dato se desprende de la actualización del Índice de Precios al Consumidos, elaborado por el Indec, que registra los movimientos de precios en el mes de enero y un aumento interanual de la inflación del 50,7%. Alimentos y bebidas no alcohólicas treparon al 4,9% de aumento y el ranking mensual es encabezado por Comunicaciones (7,5%), un recurso esencial en tiempos de pandemia.

El dato de la inflación no sorprendió a propios ni ajenos en el gobierno, ya que se corresponde con una política aplicada desde el propio oficialismo, con el desmantelamiento del congelamiento trucho de precios, la vía libre para aumentos y remarcaciones de “buena fe” de las patronales, la emisión monetaria para financiar los subsidios a las petroleras, distribuidoras energéticas y capitalistas, y las expectativas devaluacionistas y los aumentos previstos en tarifas, en la senda de las negociaciones con el FMI.

Con todo esto, aún resta cuantificar el impacto del aumento en los combustibles (11%), a partir de febrero, y el primer tramo del 20% en gas y electricidad, luego de que se realicen las audiencias públicas convocadas para tal fin.

Ancla contra los salarios

Las estimaciones privadas, incluso la del Banco Central, apuntan a que la inflación del 2022 se ubicará por arriba del 55% anual, conforme el gobierno “achique” la brecha cambiaria, libere tarifas e implemente las medidas pactadas con el FMI.

De todas maneras, la pauta oficial para negociar aumentos salariales y actualizaciones fue fijada en un 40%, lo que revela la pretensión de anclar los salarios por debajo de la inflación, impulsando una depresión generalizada del poder adquisitivo de los salarios.

A su vez, sectores como los beneficiarios de los programas y prestaciones sociales volverán a ser actualizados a la baja, luego de un 2021 donde el salario mínimo cerró en 35% de aumento y donde los funcionarios públicos adelantan que no se prevé ninguna recomposición general de ingresos.

Fracaso tras fracaso

Luego del fiasco del Congelamiento de Precios, el gobierno reedito Precios Cuidados como una salida “decorosa” a las presiones patronales y con aumentos mensuales y revisiones trimestrales, que, aun así, no inhiben a las patronales de maniobras de todo tipo para evadirse de los precios listados. Esto considerando que el programa solo alcanza a una porción ínfima de bienes y a solo al 30% del mercado.

En un año que el gobierno tendrá que bajar drásticamente el déficit fiscal, según las metas del FMI, cabe esperarse que los recortes en el gasto público se sientan con fuerza, por la vía de una licuación de los recursos asignados, que perderán valor contra el dólar y los precios en general, como viene ocurriendo en la actualidad. Por esta razón, decenas de miles de manifestantes salieron  las calles este martes 15 para reclamar por trabajo genuino, alimentos y la apertura de los programas social contra el desempleo.

La escalada de la inflación es consecuencia de una orientación de gobierno, que se inscribe en el pacto con el FMI y en mayores penurias para los trabajadores. Hay que redoblar la apuesta para derrotar esta tentativa antiobrera, rechazando cualquiera acuerdo con el FMI y el pago de la deuda externa y procediendo a una recomposición general de los salarios, para llevarlos por arriba de la canasta familiar y con actualización mensual según la inflación.