El sufrimiento popular está alcanzando un nuevo y terrorífico escalón. El gobierno acaba de autorizar un aumento en las tarifas de luz, gas y teléfonos.

Con el dólar a 3,60 y en ascenso, ha comenzado una nueva ola de aumentos en los supermercados cuando la mitad de los trabajadores empleados en el sector privado no pueden cubrir una canasta básica de alimentos de una familia tipo, concretamente 375 pesos por mes. Los planes para “jefes y jefas de hogar” desocupados de 150 pesos se han convertido así en una doble burla, porque las patronales y el gobierno quieren valerse de ellos para sustituir a obreros en actividad, violando los convenios de trabajo.

El mandato de la reunión de La Pampa ha sido erigir a Duhalde como “el hombre que debe hacer el trabajo sucio del ajuste” y, naturalmente, hacerse cargo de “restaurar la paz social”, para evitar que a la lucha de las organizaciones piqueteras y sindicatos combativos se sumen las nuevas víctimas del cimbronazo exigido por el FMI.

La banca extranjera ha exigido ahora la consumación del desfalco: la obligatoriedad del canje de los depósitos en dólares por bonos que los banqueros podrán comprar al 20 ó 30 por ciento de su valor nominal. Esto solo ha bastado para que se geste un “frente nacional” en defensa de la banca nativa, que incluye un vasto espectro de la izquierda. Pero la “banca nacional” ha planteado su apoyo a la variante de la confiscación que enarbola el gobierno, que entraña un subsidio del orden de los 23.000 millones de dólares a la banca y “pesifica” los depósitos en dólares de los ahorristas a 1,40.

Para uno de los funcionarios del FMI “es de temer que los argentinos no hayan comprendido” que cumplir con los puntos acordados con el FMI “no significa que habrá automáticamente desembolso de plata fresca”. Para el capital internacional la bancarrota argentina es la oportunidad para ejercer a fondo su derecho de acreedor sobre los activos nacionales, para que la despiadada guerra entre la banca yanqui contra la competencia tanto “nacional” como europea no detenga su curso.

En una situación catastrófica como la actual, el tema del golpe de Estado está a la orden del día. El choque entre las clases que identifica a una situación revolucionaria no puede ser resuelto, a la larga, por métodos de deliberación propios de un régimen constitucional. El planteo de elecciones anticipadas es funcional a un golpe, porque será el escenario preconcebido para jugar a fondo la carta de la desorganización económica. Las elecciones, por otra parte, son el escenario preferido para asegurar la continuidad del régimen dentro del sistema de dominación del gran capital.

La táctica que sí se corresponde con la situación revolucionaria es el planteo de la Asamblea Constituyente soberana, porque plantea la cuestión de poder y propone un puente entre el derrocamiento de los gobiernos capitalistas y el gobierno de los trabajadores.

La movilización obrera y popular requiere de una salida de conjunto frente a la catástrofe capitalista. Por el pan, el trabajo, la vivienda, fuera Duhalde y el FMI, confiscación de la banca y el comercio exterior, control obrero, no pago de la deuda externa, huelga general, rechazo a la tregua. Es el mensaje que se expresó en las movilizaciones del 23 y 29 de mayo convocadas por el Bloque Piquetero Nacional que, ahora, junto a la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, llama a la Segunda Asamblea Nacional de Trabajadores.