Los últimos informes de la Encuesta de Indicadores Laborales (ILE) del Ministerio de Trabajo vuelven a indicar que los despidos masivos siguen creciendo. En el mes de agosto, miles de trabajadores fueron cesanteados, a pesar del sonsonete del gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa, que hacen gala de haber comenzado la recuperación económica de la Argentina. Esta tasa de “salida” fue contrarrestada en el monto global de trabajadores por el crecimiento de la tasa de “entrada” de los últimos tres meses, estableciendo un recliclaje de mano de obra que revela la alta manipulación del acceso laboral que están imponiendo las patronales.

Según el Ministerio de Desarrollo Productivo, “en lo que va del año, la industria creció 5,1% respecto 2019 y fue una de las que mayor recuperación tuvo a nivel mundial”, pero ese crecimiento no fue ni homogéneo ni se presenta perdurable: “Aún el mercado laboral está lejos de ingresar en un ciclo virtuoso de reactivación, porque se mantiene un bajo nivel de inversión productiva, solo se concentra en algunas obras de construcción residencial y compra de máquinas y equipos para renovación de las instalaciones mínimas que requieren diversos sectores” (Infobae, 10/10).

La “huelga de inversiones” está directamente vinculada con la realidad expuesta por los “Pandora Papers”, que colocó a los patrones y gobernantes argentinos terceros en el podio mundial de fugadores de capital en masa, 320 mil millones de dólares a enero del 2020. Más de la mitad de eso se fue entre los gobiernos de Néstor y el primer gobierno de Cristina Kirchner y el gobierno de Macri.

Fraude patronal y reforma laboral

Pero el dato de los despidos durante el mes de agosto es que la mayoría de ellos fueron por “renuncias” truchas (58 mil), que no pueden atribuirse a la decisión libre de los trabajadores porque fueran a obtener empleos de mejor calidad o con mayores salarios. En consecuencia, “la alta proporción de “renuncias” de personal a un empleo privado estable se atribuye más a un “acuerdo de partes”, entre trabajadores y empleadores, para poder escapar a la vigencia de la prohibición de despidos, que a la existencia de oportunidades concretas de mejora de ingresos con la movilidad laboral” (Infobae, 10/10). Esta situación se completa con 3.400 trabajadores despedidos sin causa, cuando se mantiene formalmente la prohibición de cesantías.

Las patronales están implementando -con el aval de la burocracia sindical y del gobierno peronista- la reforma laboral que ocultan en sus discursos, la que les reclamó la oposición derechista de Juntos en los días previos de la derrota del Frente de Todos. Los oídos de los Fernández, agudizados luego del clamor de las urnas, solo escuchan los reclamos de los capitalistas.

Programa “Un Puente al Empleo”, solo subsidios a las patronales

Como parte de la demagogia electoral desplegada por el gobierno del Frente de Todos, Sergio Massa acaba de presentar un proyecto en el parlamento para tratar una ley para que las empresas contraten a desocupados que cobran planes sociales.

A cambio, los capitalistas serán beneficiados con el 100% de reducción de contribuciones patronales desfinanciando a los jubilados por dos años; el pago del plan por un año, completando el salario que deba pagar el capitalista; olvidar todas las violaciones a las leyes laborales de las empresas que se sumen al programa “puente del empleo” y computar los aportes evadidos a cargo del Estado, es decir, otra vez costa de los jubilados, por 5 años.

La noticia, sin embargo, no ocasionó ningún apoyo de parte de las patronales, que quieren eso pero de manera permanente y mucho más, empezando por el derecho a despedir sin costo, como ya lo vienen haciendo con trabajadores registrados, y sin ningún tipo de consideraciones con los casi 6 millones de trabajadores no registrados. Según datos oficiales, solo el 25% de este conglomerado obrero recibe alguna asistencia del Estado.

En estas condiciones, el 60% de los trabajadores cobra por debajo de la línea de pobreza. Para reducir aún más los salarios, los capitalistas reclaman eliminar todas las reglamentaciones que resguarden los derechos laborales a los fines de incrementar la productividad.
El proyecto de Massa será con reforma laboral o no será, y entrará en el contubernio de los acuerdos postelectorales con la oposición derechista que acaba de reiterar como propuesta el presidente de la Cámara de Diputados, fuera de la presión de las urnas, pero bajo la tutela del pacto con el FMI.

Con esta política, los 200 mil jóvenes que anualmente se integran al mercado laboral carecen de cualquier perspectiva.

La lucha para quebrar esta política de súper explotación y ajuste antiobrero se refuerza ampliando la votación del FIT-U en las próximas elecciones de noviembre.

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