En vísperas de las elecciones municipales del próximo 23 de julio los candidatos de las principales fuerzas patronales de Hacemos Unidos por Córdoba y Juntos por el Cambio (JxC) llevan varios días con denuncias cruzadas. El principal tema es la causa por narcotráfico y lavado que involucra a una de las candidatas a concejal de JxC, que ya está siendo investigada por la Justicia Federal.

Se trata de Jessica Rovetto Yapur, de la juventud del PRO, abogada y pareja de Lucas Luciano Aguero, quien está procesado en una megacausa narco a cargo del Juzgado Federal Número 1 de Córdoba. A esto se le suma la detención del hermano de otro candidato de la misma fuerza por supuesta venta de estupefacientes. Resulta que, según informaron fuentes policiales, en el lugar del allanamiento de la FPA (Fuerza Policial Antinarcotráfico) funcionaba un búnker de campaña de Rodrigo De Loredo, candidato de JxC a intendente en la capital provincial.

En este contexto, el gobernador electo Martín Llaryora y el candidato a intendente Daniel Passerini increparon a De Loredo a que tome “definiciones claras y contundentes”, a la vez que establecieron que no se puede permitir que el narco se meta en la política. Esta posición constituye una impostura por parte de los referentes del PJ, ya que el narcotráfico no responde a uno u otro partido sino a un régimen descompuesto en el que el Estado, los funcionarios judiciales y los políticos amparan este negocio, lo que explica la impunidad con la que accionan estas redes.

Vale recordar que el PJ provincial, que gobierna hace más de 20 años, estuvo involucrado en un narcoescándalo que implicó a policías del área de drogas, punteros políticos y funcionarios, lo que puso de relieve el entramado delictivo que impera en estos casos donde el Estado y sus instituciones son partícipes necesarios. El cuadro es tan evidente que en las barriadas se sabe quién vende, y cada tanto cae un tranza pero la cadena no se corta, mientras se utiliza a los pibes como mano de obra barata  para todo tipo de delitos, y cuando se niegan a robar son represaliados.

Así las cosas, es claro que el aparato represivo del Estado no apunta a atentar contra las centrales generadoras del delito como el narcotráfico sino que es copartícipe del mismo, ya que el tráfico de drogas es un proceso en el que la policía está profundamente integrada. En este sentido, el reforzamiento del aparato represivo que proponen tanto de Loredo (Juntos por el Cambio) como Passerini (Hacemos Unidos por Córdoba) no es una salida a la inseguridad, ya que el delito crece a la medida que se le otorgan más recursos a las fuerzas represivas, que además reprimen las luchas populares.

Para terminar con el narco que  involucra a un lado y otro de la “grieta” es necesario poner en pie un programa de salida que parta de la organización independiente de los trabajadores. Vamos por  jueces y fiscales electos por el voto popular. Contra la policía del gatillo fácil y  del delito organizado pongamos en pie una fuerza de seguridad ciudadana, controlada por organizaciones populares y de derechos humanos. Por una salida política a la crisis, vamos con la izquierda que se planta contra los dueños del poder. Fuera los políticos capitalistas.

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