Con un aumento del 19% el costo del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) en la ciudad de Córdoba, el boleto saltó de $49,88 a $59,35, acrecentando lo que ya era una verdadera confiscación al bolsillo de las y los usuarios. Se trata del tercer aumento en lo que va de la gestión de Martín Llaryora, lo que significa un acumulado del 86%.

De este modo, a partir del 2 de febrero un/a trabajador/a que requiera del TUP para ir a su trabajo deberá desembolsar $2.374 por mes, lo que representa el 7,28% del salario mínimo vital y móvil (SMVyM). El aumento golpea peor aún sobre los sectores más precarizados, como es el caso de las Trabajadoras de Casas Particulares, cuyos salarios se encuentran ligados de manera directa al SMVyM fijado por nación, y, en la inmensa mayoría de los casos, deben tomar hasta 4 colectivos por día para llegar a sus trabajos, lo que duplicaría el gasto en transporte.

A pesar de que desde la gestión municipal se afirme que el incremento se mantiene por debajo de la inflación acumulada en el mismo periodo (99,4%), lo cierto es que ningún incremento salarial en los últimos dos años ha siquiera alcanzado el nivel inflacionario. Vale recordar que el salario promedio en la provincia se encuentra apenas arriba de los $50.000, muy por debajo de la canasta básica familiar, que supera la barrera de los $100.000.

En una provincia con el 40,8% de pobreza y el 13% de desocupación este incremento apunta a transformar un servicio esencial en un servicio de elite.

Para más, el aumento del transporte se da simultáneamente con el aumento de las naftas, lo que sin duda redundará en un nuevo incremento generalizado de precios, afectando en particular productos básicos de la canasta familiar. Se trata de un verdadero mazazo sobre las economías de las familias trabajadoras.

El argumento esgrimido para ejecutar esta confiscación en masa es la crisis del transporte que se profundiza día a día. Sin duda, el incumplimiento de por parte de las empresas concesionarias en las frecuencias, la cantidad de unidades en circulación, el mantenimiento de las unidades, la accesibilidad de las mismas y una larga lista de etcéteras, sumado el recorte y eliminación de recorridos efectuados por la Municipalidad, han terminado de descalabrar un sistema de transporte, volviéndolo más que ineficiente.

Para reponer el sistema de transporte las empresas reclaman más y más subsidios, sin embargo, se desconoce al día de hoy el destino de los mismos. En casi diez años de concesión las empresas no han rendido cuenta de los números ante la población, a pesar de ser una obligación fijada por el art. 91 del “Marco Regulatorio”, ordenanza 12076.

Desde el Municipio, en lugar de exigir el efectivo cumplimiento de los pliegos de licitación y el Marco Regulatorio, se han colocado como portavoces de las empresas, quienes presionan por más subsidios amenazando con un boleto a $181.

Mientras aprueban este nuevo robo a las y los usuarios, desde la Municipalidad despotrican contra el gobierno nacional por la inequidad en los subsidios del transporte. Pero es evidente que esta política de subsidio a privados ha demostrado ser un fracaso en toda la línea.

Se trata de un mecanismo que busca preservar el enriquecimiento del empresariado socio de los gobiernos, a costa de los bolsillos de trabajadores y usuarios. Es justamente por medio de subsidios y tarifazos que la empresa ERSA (que hasta hace unos meses concentraba el 75% de las líneas de transporte) pasó de ser una pequeña prestadora de transporte urbano local a transformarse en una de las empresas de transporte más importantes del país, incluso con acciones en exterior.

Desde el Frente de Izquierda venimos advirtiendo la situación. Usuarios y choferes sufrimos el recorte del servicio, presas de una puja patronal por aumento de subsidios que solo van a financiar la renta empresaria. Ante esta nueva avanzada contra los trabajadores, exigimos la inmediata anulación de este tarifazo. El gobierno de Martin Llaryora antes de aumentar el boleto debería rendir cuentas, abriendo los libros de las empresas y blanqueando dónde están los millones de pesos puestos por los vecinos.

Es en este sentido que, desde esta bancada en el Concejo Deliberante, presentaremos este proyecto, que va en sintonía con los numerosos pedidos de informes realizados desde nuestra bancada en relación al destino de los subsidios, informes que nunca fueron respondidos, como así también por la supresión de la concesión a la empresa ERSA y las denuncias en Defensa del Consumidor.

Es evidente que un servicio esencial como el transporte no puede ser una fuente de enriquecimiento para un puñado de empresarios. Insistiremos en la apertura de los libros de las empresas concesionarias, la supresión de la concesión ante los reiterados incumplimientos y el tratamiento y aprobación del proyecto de estatización del Sistema de Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) para colocarlo bajo control de trabajadores y usuarios.

Presentaremos un proyecto de ordenanza que contiene la propuesta señalada y el próximo 8 de febrero marcharemos para rechazar los tarifazos y el acuerdo con el FMI, que traerá un mayor ajuste sobre el pueblo trabajador.