El lunes 14 de junio a las 11 horas, Cinta Frencia, concejala del Frente de Izquierda, con el patrocinio de Soledad Díaz García, abogada y dirigente del Partido Obrero, presentaron una denuncia en Defensa del Consumidor por incumplimiento por parte de las empresas concesionarias del servicio de transporte público.

Sobre la medida tomada, Cintia Frencia afirmó: “el último paro de transporte dejó a miles de trabajadores a pie y la entera responsabilidad es de las empresas concesionarias. Han tomado como rehenes a usuarios y choferes para establecer una extorción por el incremento de subsidios, y para ello decidieron retener indebidamente parte del salario de los trabajadores. La falta de prestación del servicio por más de 48 horas es motivo de caducidad de las concesiones, sin embargo, el gobierno de Llaryora no ha tomado medida alguna al respecto.”

En tanto que la abogada Soledad Díaz García señaló: “hay una larga lista de incumplimientos patronales que violan el derecho a lxs vecinxs de acceder a un servicio esencial. Las empresas no cumplen con las frecuencias establecidas en el pliego de licitación ni con la cantidad de unidades previstas, estos incumplimientos están agravando severamente las condiciones sanitarias en el transporte urbano en un cuadro crítico para la ciudad”.

“Tanto el Marco Regulatorio como el Pliego de Licitaciones establecen no solo una serie de obligaciones para con las empresas, sino que obliga al municipio a garantizar el servicio y para ello establece una serie de mecanismos de intervención que van desde solicitar informes contables a las empresas y multas por incumplimientos, hasta la caducidad o suspensión de la concesión, confiscando la flota de colectivos para garantizar el servicio”, agregó la dirigente del Partido Obrero.

“Las empresas se encuentran en un desconocimiento flagrante del contrato de concesión, y lo hacen para aumentar sus ya abultados bolsillos. El gobierno de Llaryora no toma intervención porque se coloca como garante de los intereses empresariales, en lugar de garantizar un servicio esencial para la población. Esta situación crítica motiva esta presentación”, analizó Soledad Díaz García.

“El transporte urbano no puede ser una fuente de lucro empresario, se trata de la principal vía de movilidad de los trabajadores. Por eso solicitamos ya un pedido de informe en el Concejo respecto al destino de los subsidios percibidos por las empresas, y hoy realizamos esta denuncia frente a Defensa del Consumidor. El transporte en manos de las empresas termina siendo un servicio carísimo para la población y absolutamente ineficiente”, concluyó la Concejala Cintia Frencia.

De esta manera, la iniciativa de la izquierda sale al cruce de la pasividad del gobierno municipal de Martin Llaryora en hacer cumplir el marco legal. En ese sentido, Cintia Frencia también solicitó un pedido de informe sobre el destino de los subsidios y las multas a las empresas, y planteó condiciones de bioseguridad en el transporte urbano.

Los proyectos mencionados no son abordados por los diferentes bloques en el Concejo Deliberante, lo que da cuenta de que tanto para el oficialismo como para la oposición patronal tienen acuerdo en no tocar los intereses de las empresas.

En definitiva, la concejala Cintia Frencia presentó un programa para garantizar medidas de bioseguridad y defender el derecho de lxs usuarixs y trabajadores del transporte, en esa perspectiva figura el estratégico planteo de estatización del servicio bajo control de trabajadores y usuarixs.