El pasado 5 de marzo se realizó la reunión del Consejo de Seguridad Interior (CSI). La reunión de ministros de las 24 jurisdicciones, autoridades de las fuerzas de seguridad y el Servicio Penitenciario Federal y la ministra Bullrich se puso como objetivo la firma de una serie de convenios y protocolos en relación a la “lucha contra el narcotráfico y la criminalidad Organizada, según Perfil.

En este sentido se suscribieron dos convenios entre Córdoba y Nación. Uno para aplicar un “software de avanzada” en las comunicaciones y el servicio del 911 y también una serie de capacitaciones de las fuerzas en materia de narcotráfico. Una gran puesta en escena de quienes gobiernan puesto que no hay medidas que ataquen el circuito de fondos que blanquea el dinero narco y que se usa para “comprar” voluntades en las fuerzas de (in)seguridad.

En la provincia, el problema del narcotráfico tiende a agravarse. Crece día a día en los barrios populares, los narcos reclutan soldaditos y muchos jóvenes son condenados a las adicciones. En Muller, el narco ya controla la zona y amedrenta a los vecinos trabajadores. La política de laissez faire de la policía y el gobierno para con el narco, cuando no se involucran directamente, profundiza el avance del narco en la provincia.

Por si falta ejemplificar, recientemente salió a la luz que una banda narco dirigida desde la cárcel de Villa María tenía de cómplice a un policía federal. También hay numerosos ejemplos de agentes provinciales involucrados con bandas narcos.

Además, en enero, la expulsión del país de la familia del capo narco de Ecuador que fue encontrada en un country de Córdoba dejó muchos interrogantes que las autoridades no develaron. En este punto las conexiones con el sector bancario, factor del lavado de activos, no son abordadas de conjunto.

Si a lo señalado le sumamos que las fuerzas de (in)seguridad están en crisis producto de un cuadro de descomposición, Córdoba puede asemejarse a Rosario. Si seguimos en la misma línea, con los mismos aparatos descompuestos, con las mismas políticas fracasadas, en el mismo modelo, “con los mismos de siempre”, el narco seguirá avanzando.

Además, Martín Llaryora declaró que está a favor del ingreso del Ejército en el combate al narcotráfico, dando cuenta de que entre el gobierno provincial y el nacional, con sus matices y métodos, tienen acuerdos y uno de ellos es cambiar el marco jurídico de modo tal que se habilite a las Fuerzas Armadas intervenir en tareas de seguridad interior. Grave. Y para peor, esto no implica una salida, sino la intromisión de otra fuerza represiva que será presa de la corrupción que ya envuelve a Prefectura, la policía y Gendarmería.

En los últimos años hemos analizado las políticas de inseguridad en la provincia de Córdoba. Hemos demostrado que el gobierno del peronismo provincial (luego de décadas en el poder), la policía y la Justicia se ven inmiscuidos en una serie de delitos y violaciones de los derechos de la población. Llaryora es Schiaretti, Quinteros es Mosquera. Tuvimos los casos de Blas Correa, Joaquín Paredes, Ezequiel Castro, Matías Mariño, entre muchos otros. Aumentaron los delitos y la criminalidad juvenil, aumentó la violencia familiar y de género, y las fuerzas provinciales se han visto implicados en una gran cantidad de delitos.

Estos casos derivaron en cambios de protocolos del uso de la fuerza, en cambios en las cúpulas de la policía y el servicio penitenciario (por hechos de corrupción, narcotráfico, asociación ilícita), en una ley reaccionaria de seguridad, en aumentos presupuestarios. Han reforzado sistemáticamente el aparato represivo, pero el resultado es el inverso al que supuestamente se busca, como queda demostrado en los hechos. De hecho, se ha profundizado la crisis en seguridad.

Reforzar el aparato represivo no es una salida. Hay que cortar la usina delictiva que mueve al narcotráfico, que es un gran negocio capitalista. La salida pasa por nacionalizar la banca y los puertos, desmantelar el aparato represivo y promover la acción y revocación popular de jueces y fiscales, como parte de un programa de transformación social.

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