El fiscal Guillermo González imputó a Ricardo Barrionuevo y Andrés Campos, quienes, junto a 700 trabajadores de la salud, realizaron un corte de tránsito por un aumento salarial y mejoras en las condiciones de trabajo. La protesta tuvo lugar el pasado miércoles 17 de mayo, en la zona del egreso de la Nueva Maternidad y en las inmediaciones del Ministerio de Salud de la ciudad de Córdoba.

Los trabajadores están imputados de acuerdo a lo previsto en el artículo 194 del Código Penal. Cabe destacar que Ricardo Barrionuevo es delegado del Hospital Tránsito Cáceres de Allende y es afiliado de ATE.

Lo sucedido es un nuevo caso de criminalización de la protesta, en momentos en que la inflación va en franco ascenso, lo que pulveriza los salarios. Hay que tener en cuenta que lxs trabajadores rechazan el acuerdo salarial que el SEP firmó con el gobierno de Juan Schiaretti, con el que se pretende establecer una paritaria que no responde de conjunto a las demandas del colectivo del personal de salud.

La lucha de lxs trabajadores contra la paritaria de ajuste es clave. Además, todavía está fresco el antecedente de la gran lucha realizada el año pasado, que hizo retroceder la política de ajuste en los salarios del gobierno del PJ. La acción independiente obligó a la gestión a Schiaretti a sentarse en una mesa de negociación, en la que se arrancó una mejora de los salarios del personal de salud.

La imputación de González y Barrionuevo se suma a la de otrxs 6 luchadores populares, entre ellxs Soledad Díaz y Emanuel Berardo, ambos dirigentes del Partido Obrero y candidatos a vicegobernadora y legislador por el FIT-U. Es claro que el gobierno busca aleccionar a lxs trabajadores utilizando su Justicia adicta al poder político. Por eso, cabe concluir en que la lucha salarial y la defensa del derecho a la protesta van de la mano.

Las imputaciones a quienes protestan por mejoras salariales dan cuenta de que sigue la escalada represiva en Córdoba, que dio un salto con el fallo fascistoide del magistrado Juan Manuel López, que considera la movilización como una “tiranía”. Organizaciones sindicales, piqueteras y políticas vienen rechazando la medida.

En ese sentido, las recientes acciones realizadas en el marco de la Marcha Federal denunciaron la criminalización de la protesta, a la vez que reforzaron la pelea contra el ajuste de todos los que gobiernan al servicio del FMI.

La criminalización de la protesta es una política con la que acuerdan todos los que gobiernan. Es necesario rechazarla en el marco de un plan de lucha por la derrota del ajuste. Fuera los políticos capitalistas, basta de ajuste. Por una alternativa propia de lxs trabajadores.

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