En los meses que lleva de promulgada, la reforma jubilatoria del gobierno de Juan Schiaretti en Córdoba (Ley 10.694) ha significado en promedio un recorte de 11,37% sobre las nuevas jubilaciones. Este ajuste deriva de la armonización del cálculo del haber inicial, calculado ahora sobre la base de los salarios de los últimos 10 años y no de los últimos 4, como había establecido una reforma anterior promovida por el propio Schiaretti. Como consecuencia de esta modificación, los nuevos jubilados perciben en promedio unos $7.425 menos que los que se jubilaron en mayo, antes de que el gobierno asestase este nuevo zarpazo.

De los 364 nuevos jubilados que han inaugurado esta ley y viven en carne propia este ajuste, la mayoría son docentes. Para la docencia el golpe tiene varias puntas, puesto que la reforma jubilatoria que ha avanzado en la armonización del régimen provincial con el nacional también ha dado un paso hacia el desconocimiento del régimen especial docente. No solo porque con esta nueva ley el 82% queda enterrado, sino porque según acuerdo paritario (firmado por la conducción sindical a pesar del rechazo de los docentes en la provincia) los docentes pasaron a aportar un 11% a la Caja, armonizando su aporte con la jubilación ordinaria. Los años de aportes extraordinarios que llegaban al 18% quedaron también enterrados junto con el derecho del 82% móvil. Y si es por reclamar esos aportes, nadie da cuenta hoy del lugar de la sepultura.

Los números del recorte sobre las jubilaciones muestran de forma cabal la orientación del gobierno de Schiaretti, que busca que los salarios y jubilaciones financien su política de ajuste. Cuando mete mano en las jubilaciones y desconoce derechos y años de aportes de los trabajadores, que aportaron para una jubilación y llegado el momento reciben otra considerablemente menor, el gobierno expone su carácter parasitario. Por eso mantiene intervenida hace 25 años la Caja de Jubilaciones, en una verdadera expropiación de los jubilados y trabajadores aportantes, que por estatuto deberían dirigir los destinos de la Caja y sus fondos. Con la intervención, que han sostenido todos los gobiernos en dos décadas y media, el Ejecutivo hace que los aportes de los trabajadores subsidien las finanzas provinciales. Con la reforma, el ajuste que impone el gobierno busca que sean los trabajadores los que paguen un déficit que el propio gobierno inventó con años de desfalco de la Caja.

Así lo ve incluso la población que, según una encuesta dirigida por Gustavo Córdoba, reconoce en su mayoría que los ajustes son la consecuencia de la mala administración por parte del gobierno y la falta de voluntad para resolver los problemas sin recortar.

Frente a este recorte histórico, la respuesta de las conducciones sindicales no ha sido más que la entrega. El secretario general del SEP (empleados públicos), que es a la vez titular de la CGT Regional y legislador oficialista, logró casualmente su jubilación poco antes de la reforma. La conducción de Uepc (docentes), luego de haber pactado la entrega de los aportes en paritarias, armonizando el punto con la jubilación ordinaria, estableció una línea de reclamos administrativos y presentaciones judiciales con acciones meramente testimoniales en la calle. Llegó al absurdo de celebrar que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) les haya apenas admitido la presentación de una nota sobre la inconstitucionalidad de la ley, algo que no quería decir más que eso: que presentaron una nota y se la recibieron. Consiguió mucho más en el terreno judicial un abogado particular, que logró un fallo favorable de un amparo presentado por trece jubiladas contra el recorte del 20% de sus haberes. La CGT por su parte dio “libertad de acción” a los gremios y sindicatos, es decir, habilitó que pase la reforma previsional en lugar de convocar al paro provincial y al plan de lucha. Su línea ha establecido apenas un camino de reclamos administrativos

Sin embargo, organizaciones de jubilados vienen desarrollando un proceso de organización y de lucha desde antes que se proclame la ley. En un plenario de jubilados y activos por el 82% móvil quedó planteado un plan de acción que contempla la firma de un petitorio reclamando la normalización de la Caja y una concentración en la Casa de Gobierno el día 19 de agosto para presentarlo. A su vez, el plenario también apoyó la convocatoria a través de la legisladora Soledad Díaz García del Frente de Izquierda, a una audiencia pública para colaborar con el reclamo de los trabajadores y reforzar su organización. El próximo 25, por su parte, los jubilados de Córdoba participarán en el Plenario Nacional de Jubilados y pondrán en la perspectiva de todo el país el plan de lucha que se viene desarrollando en la provincia. El camino del frente único con un programa propio de los trabajadores y un plan de acción sostenido y sistemático contrasta con la entrega de la burocracia sindical y prepara a los trabajadores para enfrentar y derrotar el ajuste previsional del gobierno.