La Legislatura de Córdoba se apresta a votar, este miércoles 3, un proyecto de reestructuración de deuda provincial presentado por el gobierno. Se trata de una nueva y más grande usura alrededor de una deuda que Juan Schiaretti hizo crecer más del 1.000% durante el período macrista, y que se desarrolló en beneficio del capital financiero, de grandes capitalistas de la obra pública y de los sojeros. Como esa factura es de pago imposible, ahora el gobierno resuelve una hipoteca superior.

Según los informes del oficialismo, el apuro por aprobar la reestructuración se debe al hecho de que Nación realizaría una propuesta a los bonistas el próximo 8 de junio y se intenta discutir las deudas provinciales en ese marco general. Resulta que un default nacional sería un fuerte golpe a la crisis de la deuda provincial, que en su mayoría se encuentra contratada en dólares, con intereses altísimos superiores al 7% y bajo legislación extranjera.

La reestructuración se plantea sobre títulos por un total superior a los 1.200 millones de dólares, de los cuales 960 millones se encuentran bajo legislación extranjera y 243 millones bajo ley argentina. También se incluyen unos  11.000 millones de pesos que se le deben al Estado nacional o a su Fondo Fiduciario de Desarrollo de Provincias (Ffdp).

La normativa configura un mayor sometimiento al capital financiero. Entre las prerrogativas que se establecen se incluyen la de emitir nuevos títulos o efectuar adendas, determinar plazos y procedimientos de emisión, designar instituciones y asesores financieros (léase bancos). Una muy importante es la que autoriza a afectar como garantía de las operaciones la coparticipación federal de impuestos en los montos que correspondan a la Provincia o instrumentar la cesión de recursos propios, es decir, se les está entregando a los capitalistas directamente la facultad de apropiarse de la recaudación.

Ese sometimiento también se expresa en la prórroga de jurisdicción a tribunales extranjeros y en la elección de la ley aplicable a la totalidad de los títulos a favor de los usureros, lo que significa la pérdida absoluta de soberanía de nuestro país. Ese avasallamiento nacional es completado con cláusula general que habilita a tomar “compromisos habituales para operaciones financieras y de crédito público en los mercados internacionales”.

 

El proyecto llega a la indignidad suprema cuando establece que se exime de todo tributo, creado o a crearse, a las operaciones de crédito que se realicen en virtud de la emisión de marras y a los actos, contratos u operaciones vinculados con su transmisión. Así, toda la especulación financiera queda sin pagar impuestos presentes y futuros; mientras un trabajador tiene que pagar en impuestos más de la mitad de sus ingresos.

Lo que no dice la ley es cómo se renegociará la deuda, pero ello ya ha sido arreglado con los bonistas. Ese acuerdo establecería un reconocimiento íntegro de capital, el pago total de los intereses que ya se vienen liquidando permanentemente, pues estamos en presencia de créditos “bullet”, y una tasa de interés superior al 5%, cuando a nivel internacional la tasa de referencia se estableces en el orden del 0/1%.

Schiaretti y su socio Martín Llaryora (intendente de la ciudad de Córdoba) se han largado a recortar salarios y jubilaciones a mansalva, en medio de la lucha contra el coronavirus que viene llevando adelante el pueblo trabajador. Usan en forma maliciosa la cuarentena para montar un Estado policial que cercena toda clase de derechos y despliega una represión y persecución sobre las luchas obreras y populares. Todo ese sistema de opresión que se descarga sobre las y los que viven de su trabajo, tiene como objetivo resguardar los fondos para seguir pagando la deuda usuraria.

Desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda rechazamos dentro y fuera de la Legislatura  estos planes que traen aparejados la profundización de la reforma laboral y previsional y la miseria social. Hay que dejar de pagar la deuda usuraria y corrupta de Córdoba, e investigar las responsabilidades del gobierno, de los prestadores y de los beneficiarios de los créditos. La crisis la deben pagar los capitalistas.