La Municipalidad de Córdoba anunció el incremento de un 16% en el costo del transporte urbano de pasajeros. De este modo, el boleto alcanzaría los $49,88. Se trata del segundo aumento en lo que va del año, acumulando un 27% en siete meses. Cabe recordar que el 1 de enero, el boleto pasó de $31,90 a $43.

El aumento es un mazazo a los ya golpeados bolsillos de los usuarios. Con estos números, un-a trabajador-a que use el transporte dos veces al día, gastaría alrededor de $2.000 al mes, lo que representa el 7% del salario mínimo vital y móvil.

Lo más grave es que Martín Llaryora, intendente de la ciudad de Córdoba, anticipó que no será el último aumento del año y que en los próximos meses el boleto podría superar los $53. Llaryora le da a las patronales lo que no le da los trabajadores de la salud ni de la educación, ya que en ningún caso las paritarias han superado el 16% en el primer tramo del año.

Con este nuevo tarifazo, Córdoba se coloca entre las provincias con el boleto más caro del país, y transforman un servicio esencial en un servicio de élite. En una ciudad donde el 50% de la población está por debajo de la línea de la pobreza y el 13% desocupada, viajar en el transporte público se volverá prohibitivo. Miles de trabajadores serán expulsados del servicio, lo que sin duda agravará la crisis del sistema.

La contracara de este tarifazo es el profundo deterioro del servicio. Si bien el vaciamiento del transporte lleva años, con la llegada de la pandemia se ha profundizado, recortando recorridos, eliminando líneas y quitando unidades de circulación. Esta situación agravó sustancialmente la situación sanitaria en el transporte, convirtiéndolo en uno de los principales focos de contagios en la ciudad.

Subsidios y tarifazos para los empresarios

El nuevo aumento se produce en el marco de una fuerte puja de las empresas concesionarias por más subsidios, mientras presionan por llevar el costo del boleto a $176. El argumento esgrimido es la crisis del sistema producto de la caída del corte de boleto en contexto de pandemia.

Según afirma el gobierno de Llaryora, el aumento sería la única vía para cubrir el incremento salarial recientemente firmado con la UTA. Sin embargo, la primera cuota del aumento representa menos de la mitad del trarifazo, que a su vez sería cubierta por nuevos subsidios.

A raíz de la última paritaria, el gobierno nacional se comprometió a desembolsar $8.000 millones de pesos extra en subsidios para Córdoba hasta fin de año. Esto se sumaría a los $118 millones de nación, $91 millones de la provincia y los $60 millones del municipio que las empresas perciben mensualmente.

Quienes exigen más subsidios y aumentos de boleto, se reúsan a blanquear a dónde van los fondos municipales, provinciales y nacionales que reciben mensualmente. Tampoco explican adónde fueron los millones que acumularon las empresas durante casi 9 años de concesión del servicio.

Aunque es una potestad del gobierno municipal solicitar los números de las empresas y accionar contra los reiterados incumplimientos de las concesionarias, lo cierto es que Llaryora se ha colocado como un “CEO” de Ersa y Cía.

Anulación del tarifazo y estatización

Desde el Frente de Izquierda venimos advirtiendo la situación. Usuarios y choferes sufrimos el recorte del servicio, presas de una puja patronal por aumento de subsidios que solo van a financiar la renta empresaria.

Ante esta nueva avanzada contra los trabajadores, exigimos la inmediata anulación de este tarifazo. El gobierno de Llaryora antes de aumentar el boleto debería rendir cuentas, abriendo los libros de las empresas y blanqueando dónde están los millones de pesos puestos por los vecinos.

Es en este sentido que desde la bancada del Frente de Izquierda hemos solicitado hace varias semanas informes sobre el destino de los subsidios en el Concejo Deliberante. También realizamos una denuncia en Defensa del Consumidor por los reiterados incumplimientos de las empresas al Pliego de Licitaciones y el Marco Regulatorio, exigiendo que se apliquen las sanciones correspondientes, lo que incluye la suspensión de la concesión.

Es evidente que un servicio esencial como el transporte, no puede ser una fuente de enriquecimiento para un puñado de empresarios. La tercerización del servicio en manos privadas muestra que fracasó; es necesario avanzar hacia la estatización del transporte, bajo control obrero. En este sentido, impulsaremos el tratamiento y aprobación de nuestro proyecto en el Concejo Deliberante.

https://prensaobrera.com/politicas/una-campana-electoral-en-el-medio-de-la-crisis-y-el-ajuste/