El gobierno peronista de Córdoba, con los votos de radicales y macristas, aprobó en la Legislatura provincial una ley para reforzar su política tendiente a imponer un Estado policial.

Con la sanción de la ley de multas “a quienes infrinjan la cuarentena”, el gobernador posición Juan Schiaretti persigue un doble objetivo: por un lado, sacarse la responsabilidad en garantizar la bioseguridad de la población, pero fundamentalmente tener al aparato represor interviniendo sobre las libertades democráticas. Además, la norma tiene un claro sesgo recaudatorio contra el pueblo trabajador.

La ley otorga a las fuerzas de seguridad atribuciones para las cuales constitucionalmente no están facultadas. Formalmente, el Ministerio de Seguridad estará a cargo de hacer cumplir la norma a través de la policía, que tendrá el control de la calle. Esto da cuenta de la intención política de regimentación con la cual se sancionó la norma.

Vale señalar que la facultad de control ya estaba presente, y sin embargo los controles fallaron. Ese fue el caso de Villa Dolores, en donde se desarrolla uno de los principales brotes de Covid-19. Otro ejemplo de fallas en los controles y procedimientos es el caso del funcionario nacional e intendente de Villa María, Martín Gill, que ingresó a la ciudad y no realizó cuarentena.

Desde el poder no se cumple con las medidas de bioseguridad, y se ha ido impulsando una salida de la cuarentena por parte del gobierno provincial, pese a que Córdoba se mantiene en la fase de transmisión comunitaria. Al no garantizar medidas elementales, los contagios han empezado a escalar en los últimos días.

El Partido Obrero en el Frente de Izquierda, a través de la legisladora Soledad Díaz García, rechazó la normativa, caracterizando que se trata de un reforzamiento del “Estado policial y punitivo que configura este nuevo régimen de multas y sanciones. El gobierno de Schiaretti que cerró la Legislatura durante la pandemia, e intentó suplantarla con la creación del COE [Centro de Operaciones de Emergencia] y la participación decisiva de las fuerzas represivas, ahora pretende ampliar discrecionalmente sus facultades represivas y confiscatorias contra la población trabajadora”.

Asimismo, Díaz García señaló que “no existe ninguna intención sanitaria detrás de esta iniciativa. Por el contrario, buscan instalar la idea de una supuesta falta de responsabilidad social, para eximirse de culpas frente al crecimiento alarmante de los contagios, avanzando en  las persecuciones y represalias contra los que reclaman”.

Y concluyó: “las multas y sanciones son dirigidas contra la población trabajadora, pero en ningún caso contra las patronales que presionan con la vuelta a la productividad sin ninguna condición de bioseguridad. Llamamos a organizar comités de bioseguridad conformados por trabajadores y vecinos, y exigimos la aprobación de un plan de impuestos progresivos a las grandes fortunas para que la crisis la paguen los capitalistas”.