La Justicia comercial decretó, este lunes 6, la quiebra del Correo Argentino S.A. luego de 20 años de proceso judicial que sirvieron para habilitar el desfalco del Grupo Macri (Socma) y respaldar el negocio realizado durante la concesión comenzada en 1997 y rescindida en 2003. Este proceso dejó al descubierto el carácter parasitario de la burguesía nacional y la complicidad de los sucesivos gobiernos en los negocios capitalistas.

El fallo provino del Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 6, a cargo de la Dra. Marta G. Cirulli, quien dio por fracasado el proceso de salvataje que contempla la ley tras el rechazo del Estado nacional (principal acreedor) a la oferta realizada por la empresa.

Correo Argentino S.A., empresa del Grupo Macri, hizo su última oferta por el valor de 1.000 millones de pesos, partiendo de un capital adeudado de casi 300 millones de pesos en 2001 en concepto de cánones no abonados al Estado. Pero se estima que aplicando intereses, y devaluación de por medio, la deuda asciende a unos 5.000 millones de pesos.

Historia de un desfalco

Socma se hace del control de Correo Argentino en 1997, con las privatizaciones del menemismo, lugar desde donde impulsa un ajuste que implicó el despido de 10.000 trabajadores, cuyas indemnizaciones son computadas por la empresa como “inversiones”.

En 2001 se inició el concurso de acreedores ante el incumplimiento reiterado del pago del canon correspondiente a la explotación del correo.

Llegado el 2003, Néstor Kirchner rescindió la concesión de Correo Argentino S.A. y creó la sociedad anónima estatal Correo Oficial de la República Argentina S.A. (Corasa), que explota actualmente el correo. La operación de Kirchner implicó un rescate a la empresa Socma del Grupo Macri, cuyo patrimonio se mantuvo intacto hasta la fecha. Digamos, una salida elegante.

Socma vació Correo Argentino S.A. para que el Estado nacional no pudiera cobrarse ni un peso de lo adeudado y dilató el proceso durante largos años. Hasta que en 2016, bajo el gobierno de Mauricio Macri –de incuestionable vínculo con Socma- se intentó hacer pasar un “acuerdo” con el Estado donde se condonaba el 99% de la deuda y se pagaba el 1% restante en 15 años a una tasa de interés miserable del 7% anual en pesos: negoción.

Ese acuerdo fracasó por lo escandaloso de la operación e implicó nuevas demoras y presentaciones hasta la fecha, donde la jueza determinó la quiebra, la intervención de los libros de la empresa y la liquidación de sus “activos” vaciados en todo el periodo preexistente.

Burguesía parasitaria y partidos patronales

Desde la oposición de Juntos por el Cambio denunciaron el fallo como una “venganza” política contra la familia Macri, sin ningún descaro, afirmando en un documento que el lunes ha sido “un día oscuro para la Justicia comercial argentina”.

Desde el gobierno nacional y el Frente de Todos reivindican el fallo, denunciando al Grupo Macri y al expresidente como responsables de este fraude contra el Estado y los argentinos. Sin embargo, se trata de una denuncia selectiva.

El gobierno de Alberto Fernández respalda todos los días con fondos públicos a vaciadores equivalentes al Grupo Macri. Es el caso de las subsidiadas Edenor, Edesur y las distribuidoras que ni siquiera pagan la energía que le compran a Cammesa y que abona el Estado. Mientras tanto, como muestra Edesur, tienen libertad para tercerizar a gran parte de su personal y despedir a otros tantos como es el caso de los trabajadores de EMA y Argencobra. Lo mismo las concesionarias del servicio público de transporte, que embolsan subsidios millonarios sin realizar inversión alguna, ni mucho menos rendir cuentas.

Además, viene de rescatar al grupo Pescarmona con el salvataje de Impsa en Mendoza (asociado al gobernador radical Rodolfo Suárez), y reculó de manera vergonzosa con la intervención de Vicentin. El nacionalismo burgués argentino tiene una amplia tradición en asumir los costos de las defraudaciones al país, como sucedió con la escandalosa indemnización a Repsol tras dos décadas de vaciamiento de YPF, bajo la presidencia de Cristina Kirchner y con Axel Kicillof como ministro de Economía.

Lo mismo sucede ahora con el sometimiento a las condiciones leoninas exigidas por multinacional estadounidense Pfizer, que tendrá inmunidad absoluta. Se antepone a la salud de los habitantes del país el negocio de los laboratorios privados, que fijan los términos y condiciones de la producción, abastecimiento, precio y venta de la vacunas contra el Covid-19, y se reservan el derecho de incumplir los contratos -que para colmo son confidenciales.

Expropiar a los expropiadores

Tras el fallo de la Justicia comercial, el Grupo Macri espera accionar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la expectativa de obtener un decisorio favorable: un “árbitro” que en recientes ocasiones ha perjudicado al gobierno.

En tanto, el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, adelantó que solicitará la extensión de la quiebra a Socma, para cobrarse de allí las deudas asumidas con el Estado.

El Partido Obrero ya había llevado estas discusiones al Congreso de la Nación bajo el gobierno macristas cuando, desde la banca del Frente de Izquierda, Soledad Sosa planteó la confiscación de los activos del Grupo Macri hasta cubrir la totalidad de la deuda, computando todos los intereses y las modificaciones del tipo de cambio. El Frente de Izquierda – Unidad es la única fuerza que plantea terminan con el negocio de la burguesía parasitaria a costa del pueblo trabajador, expropiando a los expropiadores.

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