A raíz de una denuncia del gobierno boliviano, el viernes pasado se supo que el gobierno de Mauricio Macri envió en noviembre de 2019 armamento al gobierno golpista de Jeanine Añez. Una nota que lleva la firma del entonces comandante general de la Fuerza Aérea, difundida por la Cancillería del país vecino, agradece al embajador argentino en La Paz por el envío de 40.000 cartuchos de balas de goma, gases lacrimógenos y granadas de gas. Es decir, material para la represión de la movilización popular, que desde el primer minuto desafió el golpe.

El escándalo ha crecido con el correr de los días, pese a los esfuerzos del macrismo por justificar la operación. La exministra de seguridad y titular del PRO, Patricia Bullrich, dijo que el objetivo del envío del material era la protección de la embajada argentina, a cuyo efecto se envió también al país del Altiplano a una misión del grupo Alacrán de Gendarmería. El director de operaciones de esta fuerza, por su parte, señaló el año pasado que los alacranes habían vuelto a Argentina sin balas porque las habían usado para hacer entrenamientos y prácticas de tiro. Esta versión no es creíble porque el grupo Alacrán no usa ese tipo de municiones. Además, el Ministerio de Seguridad señala que los efectivos no realizaron acciones ni efectuaron disparos.

En las últimas horas se encontró parte del material en depósitos de la policía boliviana, sin documentación que lo respalde. Se sabe también que los alacranes llevaron no 40 -como dice la carta mencionada al inicio de esta nota- sino 70 mil “balas antitumulto”, por lo que hay 30 mil balas adicionales cuyo destino también debe ser esclarecido. Bajo la pantalla de una protección de la embajada, estaríamos en presencia de un contrabando de armas para favorecer un gobierno golpista.

Estas revelaciones son perfectamente coherentes con la política del gobierno macrista, que no condenó el golpe y apoyó políticamente al gobierno de Jeanine Añez. En la Legislatura porteña, el legislador del PO-FIT Gabriel Solano denunció en aquel momento la utilización del consulado argentino en Santa Cruz de la Sierra como “base de operaciones del fascista (Luis Fernando) Camacho”, uno de los organizadores del golpe.

En la preparación y el reconocimiento de los golpistas bolivianos son responsables también los gobiernos de Jair Bolsonaro y Estados Unidos. En este último caso, la administración de Trump respaldó a Añez, en tanto que ahora el gobierno de Biden, por boca de su secretario de Estado, Antonhy Blinken, reclamó la liberación de la expresidenta y del resto de los detenidos por el golpe contra Evo Morales.

El golpe boliviano produjo decenas de muertes, incluyendo las masacres de Sacaba (en Cochabamba) y Senkata (El Alto), en noviembre de 2019, pocos días después de la llegada del armamento macrista. Las masas bolivianas, pese a la política desmovilizadora del MAS, lo enfrentaron en las calles por medio de la movilización y la huelga general y lo obligaron a retirarse.

Todos los responsables del contrabando de armas con el gobierno golpista deben ser juzgados y condenados. Frente a las agresiones del imperialismo y las burguesías latinoamericanas, luchemos por gobiernos de trabajadores y la unidad socialista de América Latina.

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