Políticas
2/12/2025
Crecen los casos de tos convulsa y sarampión por la caída en la vacunación
La responsabilidad política del gobierno de Milei y su motosierra a la salud pública.
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Tos convulsa.
En apenas seis semanas, los casos de tos convulsa (coqueluche) en la Argentina se duplicaron, alcanzando ya más de 600 confirmados en 19 provincias, frente a los 137 que se registraban a la misma altura del año pasado. Siete menores de dos años fallecieron, entre ellos tres recién nacidos. Todos los fallecidos que estaban en edad de vacunación no tenían ninguna dosis registrada, y en los bebés más pequeños no había registro de vacunación materna, una medida clave para protegerlos en los primeros meses de vida. La responsabilidad del gobierno es total, con su ajuste a la salud justificado con campañas antivacunas, que llevaron la inmunización a niveles alarmantes que favorecen rebrotes de enfermades.
El cuadro es crítico. El brote que comenzó en Tierra del Fuego se extendió rápidamente al centro y sur del país, con un salto de consultas en Córdoba, Buenos Aires, Salta, Santa Fe, Mendoza y CABA. Del total de infecciones, el 40% corresponde a menores de 1 año, la población más vulnerable. La vacunación materna y el esquema infantil —que incluye tres dosis en el primer semestre de vida— son esenciales para evitar cuadros graves y muertes.
La expansión del brote recuerda a la situación de 2019, el último año previo a la pandemia, cuando se confirmaron 953 casos en casi todo el país. Como entonces, el factor determinante es la caída de las coberturas de vacunación, que están muy por debajo del 95% recomendado para frenar la circulación de enfermedades altamente contagiosas.
A este cuadro se suma ahora la alerta epidemiológica del Ministerio de Salud de Chile emitida por un caso de sarampión importado desde la Argentina. El sarampión es una enfermedad que estaba controlada en la región, pero cuya reaparición —como advierte la Organización Panamericana de la Salud— está directamente ligada a la pérdida de inmunidad colectiva por la caída de la vacunación. Según recopila la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) con los datos de 2024 la inmunización cayó por debajo de 50%, favoreciendo la transmisión.
Un gobierno que avala el negacionismo y ajusta la salud
Lejos de reforzar las campañas sanitarias y recuperar las coberturas, el gobierno nacional viene promoviendo un clima político funcional al avance de discursos anticientíficos y antivacunas. El caso más grotesco ocurrió hace pocos días, cuando la diputada del PRO Marilú Quiroz organizó un evento antivacunas en el Congreso, con paneles contra el calendario obligatorio, falsedades sobre autismo, y hasta la presentación de un supuesto “hombre imán” como “prueba” de los efectos de las vacunas. Todo un circo montado en el edificio legislativo mientras avanzan brotes prevenibles y mueren niños por falta de inmunización.
Esta operación política no es anecdótica: es el marco del ajuste en la salud pública. El ataque al calendario obligatorio y la promoción de la “libertad de no vacunarse” buscan justificar el recorte de fondos, la paralización de campañas, la reducción de personal y la desinversión en prevención y vigilancia epidemiológica. La desinformación se potencia sobre un sistema donde la producción de vacunas está concentrada en manos de monopolios farmacéuticos con lógicas de lucro, alimentando la desconfianza social.
Los rebrotes de coqueluche y sarampión son parte de un marco de reaparición de enfermedades que estaba controladas, mostrando que la vacunación es un mecanismo de salud pública a nivel social. Cuando cae la inmunización no solo se enferman quienes dejan de vacunarse, sino que favorece la transmisión de patógenos, especialmente en sectores de riesgo como bebés, inmunosuprimidos y vulnerables en general que dependen de la inmunidad comunitaria.
Los siete niños muertos por tos convulsa en lo que va del año son la expresión más dramática de una política criminal que desfinancia la salud y alienta discursos que ponen en riesgo a toda la población.
Enfrentar al gobierno y defender la salud pública
Es imprescindible terminar con el negacionismo, desmontar su trasfondo privatista y de ajuste, y poner en pie una campaña sanitaria masiva que recupere las coberturas de vacunación, refuerce la vigilancia epidemiológica y garantice el acceso universal a la salud.
Esto choca de frente con el presupuesto de ajuste del gobierno de Milei. Defender la salud pública requiere más recursos, más personal, campañas activas y producción pública de vacunas, no menos. En este contexto, el vaciamiento del Garrahan y el ataque sistemático a sus trabajadores se vuelven aún más criminales. Mientras el gobierno utiliza organismos clave para maniobras oscuras y favores empresariales, responde con ajuste, persecución y recorte a quienes sostienen la salud pública y se organizan para defenderla.
Frente a un gobierno que promueve la desinformación y recorta servicios esenciales, es necesario organizar una respuesta independiente de los trabajadores, las familias y las organizaciones sociales para enfrentar este rumbo y defender el derecho a la salud de toda la población.
