Las metas pautadas con el Fondo son incumplibles, en especial en lo que hace a los recortes de subsidios a la energía tras la disparada de los precios de los hidrocarburos por la guerra en Ucrania.

Para abastecer la demanda invernal, Argentina importa gas, principal insumo de la matriz energética del país. Esta necesidad es creciente por la menguante generación hidroeléctrica por la sequía y los menores despachos desde Bolivia. Se calcula que para satisfacer el consumo nacional deberán arribar un 25% más de buques que el año pasado, y las primeras embarcaciones de 2022 ya se pagaron cuatro veces más caras que en 2021.

Esta fuga de dólares compromete el objetivo de acumular divisas en el Banco Central, ya que se estima un desbalance comercial superior a los 5.000 millones de dólares, que será mayor si la suba del gas se sostiene. Incluso podríamos tener un escenario de cortes durante el invierno por la imposibilidad de pagar estas importaciones.

Esto encarece la producción de energía y mete presión sobre las tarifas. Si el plan del gobierno es transferir a los usuarios la mayor parte de lo que las empresas acusan como costos de generación y distribución, los aumentos deberían ser muy superiores al 42% que anunciaron para el grueso de la población.

También empuja nuevos naftazos, como el anunciado por YPF, que superó el 14% en algunas provincias. Las petroleras presionan para arrimar los precios locales con el precio de exportación, que hoy es del doble. El sacudón en los surtidores recalienta la inflación, porque incide en toda la cadena de transporte y logística de la industria y el comercio. Hasta el momento, el gobierno compensaba a las compañías permitiendo que exporten hasta la tercera parte de su producción y pagando menores retenciones, pero ello solo se sostuvo a costa de YPF, que debía importar crudo para abastecer a sus refinadoras, un subsidio indirecto que con los precios actuales es imposible de afrontar.

Mientras el gobierno fija un piso en dólares al precio interno del gas y subvenciona a las privatizadas de energía, la renta petrolera se la apropian un puñado de compañías que ni siquiera invierten lo necesario para revertir el déficit energético del país. La construcción del gasoducto Néstor Kirchner (que viene postergada) no resolverá esta esencia del problema.

La apertura de los libros de las empresas al control obrero demostraría que los costos internos de producción no guardan relación con los precios internacionales. En lugar de un esquema de tarifazos y naftazos es preciso una nacionalización integral de toda la industria energética para acompasar los precios de los distintos eslabones de la cadena de extracción de hidrocarburos, generación energética y su distribución, fijando tarifas compatibles con los ingresos de las familias trabajadoras.

La nacionalización del comercio exterior es vital para que la renta diferencial por los altos precios del petróleo sea apropiada por la nación y reinvertida en un desarrollo energético y productivo. Por el contrario, la política pro exportaciones del gobierno para pagar la deuda nos deja indemnes ante los cataclismos del mercado mundial en tiempos de crisis capitalistas y choques a gran escala.

Romper con el FMI es una condición para salir de este laberinto, pero solo la clase obrera puede abrir un rumbo alternativo. Es lo que postula el Frente de Izquierda.

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