Todos los tironeos que protagonizaron los bloques del Frente de Todos y Juntos por el Cambio en la previa a la aprobación en el Congreso del acuerdo con el FMI, para allanar la renegociación de la deuda pero evitar quedar pegados al programa económico de ajuste y entrega, carecen de sentido en la medida en que las metas pautadas con el Fondo son incumplibles, en especial a lo que hace a los recortes de subsidios a la energía y sobre todo a partir de la disparada de los precios de los hidrocarburos por la guerra en Ucrania.

El conflicto bélico en Europa del Este sacudió el mercado mundial de combustibles, ya que Rusia es uno de los principales exportadores de petróleo y gas, y el principal abastecedor energético del viejo continente. La cotización de las materias primas subió en flecha, con la energía a la cabeza. Esto golpea por varias bandas el plan del gobierno argentino para achicar el déficit fiscal reduciendo drásticamente los subsidios a este sector.

Para abastecer la demanda invernal Argentina importa gas, que es el principal insumo de la matriz energética del país. Esta necesidad es creciente por la menguante generación hidroeléctrica ocasionada por la sequía y los menores despachos desde Bolivia, de manera que se calcula que para satisfacer el consumo nacional deberán arribar un 25% más de buques que el año pasado. Las primeras embarcaciones de 2022 ya se pagaron cuatro veces más caras que en 2021.

Esta fuga de dólares compromete el objetivo de acumular divisas en el Banco Central, ya que se estima un balance comercial deficitario en torno a 5.000 millones de dólares, casi cinco veces superior al del año pasado. Si la suba del gas a nivel internacional se sostiene (algo factible, ya que en Europa apostarían a nutrirse de stocks ante eventuales cortes de suministro desde Rusia), incluso podríamos tener un escenario de cortes durante el invierno por la imposibilidad pagar las importaciones necesarias.

Ello a su vez encarece los costos de producción de energía y mete presión sobre las tarifas. Si el plan del gobierno es transferir a las boletas que pagamos los usuarios la mayor parte de lo que las empresas acusan como los costos de generación y distribución, los aumentos deberían ser muy superiores al 42% que anunciaron para el grueso de la población y la segmentación sobre el decil de mayor consumo e ingresos.

Según la consultora Equilibra los costos de la energía podrían subir hasta un 80%, lo cual para que no derive en mayores subsidios debería agregarse a las subas ya planificadas. Pero forzar tarifazos semejantes es una amenaza de explosión de la bronca popular, como efectivamente sucedió en varios países de América Latina y el mundo en los últimos años. El cronograma de ajuste en luz y gas queda así entre la espada y la pared.

Otro capítulo muy sensible es que todo esto empuja también nuevos naftazos, tras el de 9% de febrero. Las petroleras presionan por arrimar los precios locales que pagan las refinadoras con el precio de exportación, que hoy es del doble. Un sacudón en los surtidores recalentaría la inflación ya fuera de control, porque incide en toda la cadena de transporte y logística de la industria y el comercio.

Hasta el momento el gobierno concedió como compensación que las compañías -como la norteamericana Chevron o Tecpetrol de Paolo Rocca- vendan al exterior hasta la tercera parte de su producción, incluso pagando menores retenciones. Pero ello solo se sostuvo a costa de YPF, que debía importar crudo para abastecer a sus refinadoras; un subsidio indirecto que con los precios actuales del barril de petróleo es imposible de afrontar. Otras empresas con destilerías como Axion o Puma alertan sobre un desabastecimiento en el mercado interno.

La incompatibilidad de este negocio de exportación con las necesidades nacionales refuta de plano todo el discurso oficial acerca de promover un desarrollo a partir de estímulos a la inversión de los pulpos petroleros. Martín Guzmán acaba de viajar a Estados Unidos a promover el remate de las reservas hidrocarburíferas a gigantes como Chevron o Exxon Mobil prometiendo facilidades para repatriar sus ganancias, e incluso reuniéndose con los directivos de Equinor para comprometerse en allanar el camino a la instalación de plataformas petroleras sobre el Mar Argentino, resistida por las grandes movilizaciones del Atlanticazo. Las contradicciones referidas muestran que no habrá progreso alguno con este rumbo de saqueo -aunque sí enormes costos ambientales.

Mientras el gobierno fija un piso en dólares al precio interno del gas (con el Plan Gas) y subvenciona vía Cammesa a las privatizadas de energía (que pagan una parte menor de los despachos de electricidad), la renta petrolera se la apropian un puñado de compañías que ni siquiera invierte lo necesario para revertir el déficit energético del país. La construcción del gasoducto Néstor Kirchner no resolvería el problema, como revela hoy el caso del petróleo que se exporta.

La apertura de los libros de las empresas al control obrero demostraría que los costos internos de producción no guardan relación alguna con los precios internacionales a los cuales pretenden arrimarse. En lugar de un esquema de tarifazos seriales y naftazos sucesivos, que no se sabe dónde termina, es preciso una nacionalización integral de toda la industria energética para acompasar los precios de los distintos eslabones de la cadena de extracción de hidrocarburos, generación energética y su distribución, fijando tarifas acorde a ello y compatibles con los ingresos de las familias trabajadoras.

Por último, se evidencia la justeza de plantear la nacionalización del comercio exterior, para que la renta diferencial por los altos precios del petróleo sea apropiada por la nación, y reinvertida en función de un desarrollo energético y productivo tendiente a superar el déficit actual. Por el contrario la política pro exportaciones del gobierno, cuya finalidad es recaudar dólares para pagar la deuda, nos deja indemnes ante los cataclismos del mercado mundial en tiempos de crisis capitalistas y choques a gran escala.

En definitiva, romper con el FMI es una condición para salir de este laberinto, pero solo la clase obrera puede abrir un rumbo alternativo. Es lo que postula el Frente de Izquierda.