En horas de la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo de refinanciación de la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con 202 votos positivos, 37 negativos y 13 abstenciones. Tanto diputados del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio dieron su aval a un pacto que implica el reconocimiento de la deuda fraudulenta contraída por Macri y traza un horizonte de medidas de ajuste para asegurar su repago: recorte del gasto público para cumplir con las metas de déficit fiscal y nuevos aumentos en los servicios públicos (vía reducción de subsidios o aumento de las tarifas); revalúo inmobiliario para incrementar la recaudación; elevación de la edad jubilatoria y una posible revisión de los regímenes previsionales especiales de provincias y sectores del movimiento obrero. Todo esto coronado por una revisión trimestral de las cuentas públicas por parte del organismo financiero.

El tratamiento de este acuerdo colonial en el Congreso ha sido vertiginoso. Entre la exposición del ministro Martín Guzmán en las comisiones de Diputados y la votación en la Cámara mediaron apenas cuatro días. Un abordaje exprés, de espaldas a la población trabajadora. El Senado bajará el telón del debate el lunes próximo. Comparemos: la ley de humedales perdió recientemente estado parlamentario porque no fue discutida en dos años. Es el parlamento de la clase capitalista, tanto para alentar como para bloquear iniciativas.

Por el oficialismo, la voz cantante en la sesión del jueves corrió por cuenta de Carlos Heller, quien reconoció los condicionamientos que trae aparejado el acuerdo, aunque se escudó en una supuesta falta de alternativas. Sin embargo, como señaló en su intervención la diputada del FIT Unidad, Romina Del Plá, son los acuerdos con el Fondo y el seguimiento de sus políticas los que han conducido el país a la ruina. “A esta bancarrota nos llevaron pagando la deuda, y nos van a llevar aún más con este acuerdo”, sostuvo.

Para alcanzar una mayoría de votos, el gobierno de Alberto Fernández llegó a un arreglo entre bastidores con la cúpula de Juntos por el Cambio horas antes de la sesión. A cambio de los votos opositores, el Ejecutivo aceptó limitar el proyecto a una habilitación genérica del acuerdo, sin poner a consideración las medidas particulares que se instrumentarán para cumplir con el organismo. Esto le permite a Juntos tomar cierta distancia de un pacto que nadie cree que vaya a resolver el problema de la deuda (en todo caso patea el problema hacia adelante) y que irá de la mano de la aplicación de políticas fuertemente impopulares.

El planteo de Juntos es una impostura, porque va de suyo que un acuerdo con el FMI es inescindible de una serie de medidas de ajuste. Lo mismo vale para Ricardo López Murphy (PRO) y los “libertarios” (Espert, Milei y compañía), que votaron en contra, pero solo porque reclaman un ajuste aún más profundo.

El kirchnerismo desempeñó un rol bochornoso, jugando a las escondidas para tratar de no quedar pegado al acuerdo, pero sin poder disimular que carece de un planteo alternativo. Frente a uno de los problemas centrales del país, los diputados de La Cámpora decidieron no tomar la palabra, en línea con el silencio de semanas de la jefa de ese espacio político. La agrupación de Máximo Kirchner mantuvo el misterio sobre su voto hasta el momento mismo de levantarse las manos. Finalmente, el hijo de la expresidenta votó en contra, una vez que ya estaba todo cocinado. En cuanto a los tres diputados de Patria Grande, cuestionaron el acuerdo en sus discursos, pero la organización liderada por Juan Grabois dejó en claro que mantendrá su apoyo al gobierno.

En estas condiciones, solo los cuatro diputados del FIT Unidad expresaron en el recinto una oposición consecuente al pacto con el FMI. Romina Del Plá denunció tanto al oficialismo como a la oposición, y planteó el no pago de la deuda externa, la nacionalización de la banca, del comercio exterior y los recursos estratégicos de la economía bajo control de los trabajadores.

En simultáneo con la sesión, se produjo una enorme movilización de rechazo al acuerdo frente al Congreso, en la que participaron decenas de organizaciones políticas, obreras, piqueteras, de mujeres y diversidades, ambientales y estudiantiles. Esta amplia participación grafica el impacto que el acuerdo con el Fondo tendrá para todos los sectores populares. En la vereda de enfrente, la burocracia sindical cerró filas con las cámaras empresarias, avalando el pacto.

Como en ocasión del tratamiento de la reforma previsional en 2017, hubo represión contra algunas de las columnas movilizadas. La Policía de la Ciudad las embistió con balas de goma y las persiguió hasta la Avenida 9 de Julio, tras una serie de incidentes frente al recinto. Así quieren hacer pasar el ajuste que viene.

La movilización al Congreso es la culminación de una serie de iniciativas de lucha que envolvieron a cientos de miles de personas, comenzando por la marcha del mes de diciembre, convocada por un plenario de organizaciones reunidas en Parque Lezama.

Esta lucha marca un camino para la etapa que se abre, que estará marcada por las graves consecuencias sociales del acuerdo con el Fondo y el impacto económico global de la guerra en Ucrania, con su secuela inflacionaria sobre los combustibles y los alimentos.

Los trabajadores volverán a tomar la palabra.

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