Políticas
24/7/2025
Crisis habitacional en Buenos Aires: un drama obrero que se profundiza
La caída de la obra pública, los despidos en la construcción y los alquileres impagables agravan la emergencia habitacional.
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La Maquinita, Lanús.
En la provincia de Buenos Aires, miles de familias trabajadoras viven una verdadera pesadilla habitacional. Acceder a una vivienda propia se ha convertido en algo imposible: los créditos hipotecarios están totalmente congelados, los salarios no alcanzan ni para pagar un alquiler y la desocupación en la construcción se dispara producto de la parálisis casi total de la obra pública con la motosierra de Milei.
La política de ajuste impulsada por el gobierno nacional y replicada por la gestión de Axel Kicillof deja a su paso una estela de pobreza, hacinamiento y expulsión de los sectores más vulnerables. Según datos del Censo 2022 solo el 57,6% de la población de la región metropolitana (incluye CABA) habita en hogares con viviendas particulares con documentación de vivienda propia.
El acceso a la vivienda propia en el conurbano bonaerense se encuentra condicionado al traspaso por herencia o a la ampliación de estructuras saturadas en un terreno compartido, lo cual a su vez requiere de un gasto significativo en materiales y mano de obra que pocos pueden realizar. Ahorrar para comprar una casa no es una opción, con salarios de pobreza y un mercado dolarizado. Lo mismo ocurre con el crédito hipotecario, con altas tasas de ingreso y el filtro del respaldo de ingresos familiares significativos que pocos superan.
La provincia de Buenos Aires cuenta con un déficit habitacional histórico que se estima en más de un millón de viviendas faltantes, algo a lo que el movimiento de desocupados ofreció una solución en su momento para unir el acceso a la vivienda de la mano del empleo registrado y el impulso de la industria
Los proyectos de “acceso” a la vivienda propia, como el Procrear, que vienen de un fuerte desfinanciamiento y estancamiento con el Frente de Todos, terminaron paralizándose por completo con el ajuste de Milei, agravando aún más la crisis habitacional.
La Construcción lidera el sector de los trabajadores afectados por la crisis, totalizando el 46% de los empleos perdidos por el ajuste en la obra pública. La provincia de Buenos Aires lleva perdidos 50.000 puestos de trabajo privados registrados en el sector desde el inicio del 2024. A esto hay que sumarle los despidos en el sector privado ante el parate de la construcción debido a la suba de los materiales y la ausencia de créditos.
Para los inquilinos la cosa tampoco está fácil, particularmente luego de la desregulación del mercado inmobiliario, con la derogación de la Ley de Alquileres, y contratos que se rigen por la voluntad del mercado y los especuladores inmobiliarios. Aumentos trimestrales, pagos en dólares, condiciones abusivas y desalojos son la constante para quienes alquilan en el conurbano o en las principales ciudades bonaerenses. La situación es desesperante.
En los barrios pobres la crisis habitacional se traduce en un crecimiento de las villas, la precariedad edilicia, el hacinamiento y la falta total de servicios básicos. El gobierno de Kicillof ha respondido a los procesos de recuperación de tierras con la represión y violentos desalojos, como el de Guernica, sin ofrecer una salida para quienes carecen de un techo e incluso de un pedazo de tierra para construir. Cuando al mismo tiempo proliferan los proyectos inmobiliarios privados, con countries suntuosos y negocios inmobiliarios.
Desde la provincia acusan al gobierno de Javier Milei y su ajuste, pero se evaden de su responsabilidad y del ajuste aplicado por ellos mismos en la actualidad y bajo el gobierno del Frente de Todos, donde el registro de “barrios populares” creció hasta superar los 5.200 y el compromiso de urbanizar 400 barrios por año terminó en una estafa absoluta contra la población pobre.
En este marco de crisis habitacional, el Frente de Izquierda Unidad encara su campaña en la provincia tomando las reivindicaciones de la población trabajadoras y la lucha por la vivienda propia. Con un programa que levanta la creación de un banco de tierras ociosas y fiscales para destinar a proyectos de vivienda accesibles a la población trabajadora, con financiación y cuotas que no superen el 25% de los ingresos familiares y la generación inicial de cientos de miles de puestos de trabajo en la construcción. Además de un impuesto a la vivienda ociosa y a los especuladores inmobiliarios, para regular el precio de los alquileres y terminar con los negocios contra los inquilinos.
