Eduardo Santín ” renunció” indeclinablemente por “razones personales” a la presidencia del Instituto Previsional de la provincia de Buenos Aires (IPS). En verdad, el funcionario de origen radical -y en un pasado no tan lejano aliado del colorado De Narváez- fue designado en 2019 por Kicillof y es despedido ahora para que asuma en su reemplazo Marina Moretti, de La Cámpora y quien oficiaba de subsecretaria ejecutiva de la Anses. Con el desplazamiento de Santín, la agrupación liderada por Máximo Kirchner suma el IPS al control del organismo previsional nacional que dirige Fernanda Raverta. Este empoderamiento implica el kircherismo van a cargar directamente con la responsabilidad del ajuste a los jubilados.

La reforma antijubilatoria es una de las exigencias del FMI y de todo el capital financiero, para reducir el déficit fiscal y pagar la deuda externa con el hambre del pueblo trabajador. El raje de Santín viene plagado de diatribas y acusaciones desde el propio Frente de Todos, cuando hasta hace no mucho las direcciones sindicales de las CTAs y del Frente de Unidad Docente Bonaerense lo merituaban por haber “ordenado” al IPS después de la tierra arrasada que dejó María Eugenia Vidal.

La camporista Moretti se subió al carro de quienes acusan lo deficitario del IPS para afirmar que en estas condiciones el Instituto de Previsión Social bonaerense es “inviable”, debido a la crisis de financiamiento que devendría de una relación entre activos y pasivos muy desfavorable, la cual debería subir de 2, 5 trabajadores en actividad a 4 que aporten por cada jubilado. Es la misma coartada que esgrimieron en sus mandatos Solá, Scioli y Vidal; o Macri en 2017 para su reforma de saqueo, votada también por el PJ y la complicidad de la CGT

La baja cantidad de activos por cada jubilado fue también el caballito de batalla de Vidal para intentar transferir el IPS a la órbita nacional del Anses. La entonces gobernadora macrista chocó con la resistencia de los trabajadores y no pudo avanzar en la “armonización” del Instituto provincial con el Anses, fijada en el Pacto Fiscal. Un operativo de liquidación de las jubilaciones bonaerenses de los trabajadores del Estado, que siguen atadas a las paritarias y aumentos salariales, y cuyas condiciones para determinar el haber jubilatorio son mucho más favorables al trabajador que la que aplica sobre los jubilados nacionales.

Según los medios, el desplazamiento de Santín y su reemplazo por Moretti vendría con el pedido de Kicillof de “rescatar” al organismo. Como ocurre con los “10 puntos de reconstrucción” de la provincia que dirige, el rescate del IPS autoincrimina al gobierno del Frente de Todos. Esta quiebra, denunciada por el Frente de Izquierda Unidad y el sindicalismo combativo, fue sistemáticamente negada por Kicillof y Santín, especialmente en la campaña electoral, y explota como una bomba ahora para forzar nuevos cambios en el gabinete y direcciones del Estado.

Marina Moretti asegura recibir un déficit que llega a los 50.000 millones de pesos, que crece mes a mes y dejaría en default al IPS en seis años. Agita el tema en vísperas del tratamiento del Presupuesto 2022 que el gobierno de Kicillof está pactando punto por punto con Juntos por el Cambio en la Legislatura bonaerense, y que incluye el robo de 12.000 millones de pesos de la caja previsional por parte del Estado. Estamos ante un boicot y sabotaje deliberado para presentar la “armonización” como garantía de pago de las jubilaciones. Una señal más que evidente que el kircherismo camporista prepara su propia reforma contra las jubilaciones provinciales.

Para los ajustadores seriales y todos los capitalistas, las jubilaciones bonaerenses de los trabajadores del Estado son de “privilegio”, porque siguen enganchadas con el salario en actividad y los aumentos paritarios, son más favorables para el trabajador a la hora de jubilarse (en el caso de la docencia se calcula sobre los tres mejores años trabajados, y en la administración central los tres años consecutivos o cinco discontinuos).

El gobierno denuncia correctamente que con Vidal se desfinanciaron las jubilaciones provinciales al ponerle un cepo al ingreso de nuevos trabajadores al Estado bonaerense, a lo que se sumaron las jubilaciones de oficio y compulsivas de miseria. Lo que no dice es que este vaciamiento fue acelerado antes por Scioli, quien hizo del régimen de monotributo (trabajadores precarizados) una política oficial de ajuste laboral y salarial.

Para constatar que se trata de toda una orientación oficial, vale señalar que entre los “10 puntos” de “reconstrucción” los nacionales y populares insisten con una mayor supresión de los aportes patronales para reactivar la economía y ” fomentar” el empleo joven”, una sanata reaccionaria, liberal y antiobrera propia de los Espert y Milei.

El fracaso de Santín al frente de un Instituto de Previsión vaciado es el fracaso de un régimen que carga el ajuste fiscal sobre los jubilados y todo el pueblo trabajador. Las pensiones representan ingresos de recontra indigencia: a los pensionados por invalidez se les desconoce desde siempre el cumplimiento de una ley que data del ’84 y que establece que la pensión debe ser el 70% de la jubilación mínima. Ningún gobierno cumplió con esta legislación vigente a pesar de que son pensiones que en sus montos más altos implican unos 5.000 pesos mensuales. El bochado Santín propuso ni bien asumió transferir los pensionados por invalidez al Anses nacional.

El camino hacia la “armonización” incluye el boicot al IPS con un atraso de expedientes jubilatorios que se remontan a tres años atrás. Este vaciamiento de recursos y personal implica -como lo reconoció Santín a mediados de año- que llevará por los menos dos años “normalizar” la salida de los expedientes frenados o a mitad de camino. Durante todo 2020 y el 2021 las burocracias kircheristas se dedicaron a encubrir este derrumbe y llamaron a confiar en la palabra de Santín, desmovilizando a los trabajadores. La contrapartida de este inmovilismo fueron las acciones llevadas adelante por los sindicatos combativos y de la Multicolor docente en defensa de un IPS dirigido por sus afiliados y trabajadores.

El desfinanciamiento del IPS es no sólo el producto de la precarización laboral, los monotributos 0 las sumas en negro que no tributan para las jubilaciones. Hay más. Todos los gobiernos patronales metieron mano al Instituto de Previsión Social para financiase y pagar la deuda bonaerense. La emprenden contra el IPS cuando el gobierno se afana con la oposición en firmar un presupuesto provincial de ajuste “consensuado” y como garantía de ajuste para pagar la deuda externa. La ofensiva contra los jubilados provinciales es parte del proceso de ajuste que llevó al gobierno del Frente de Todos a querer privatizar el Astillero Río Santiago (ARS) y el Instituto Biológico, transformándolos en sociedades de Estado que coticen en bolsa. Reclamamos la apertura de los libros del Instituto de Previsión, el pase a planta permanente y nombramiento de todos los precarizados de la provincia, y el blanqueo de todas las sumas del salario.

El 21 de diciembre el Frente de Izquierda marchará junto a otras organizaciones políticas, sindicatos antiburocráticos y combativos, y agrupamientos piqueteros para rechazar el presupuesto de ajuste de Kicillof. La movilización será la oportunidad para levantar todos los reclamos pendientes y agravados por la miseria popular.

En defensa del IPS movilizamos el 21 a la Legislatura bonaerense.