El gobernador del Frente de Todos, Omar Perotti, y el intendente Frente Progresista, Pablo Javkin, fueron echados de la movilización convocada en Rosario para reclamar Justicia por Joaquín Pérez. Un joven de 34 años, asesinado en el barrio de Arroyito la semana pasada, para robarle un Renault Clío modelo 2006 que los ladrones abandonaron a 3 cuadras luego de dispararle.

La presencia del personal político responsable de que en lo que va del año se hayan producido alrededor de 200 homicidios en el Gran Rosario causó un revulsivo completamente razonable, al punto de que varios analistas se preguntan quién los asesoró, cuando naturalmente la protesta estaba dirigida hacia ellos. La incapacidad de los funcionarios para ubicarse muestra lo alejados que están de la subjetividad de la población, que compraron las mentiras que venden en campaña o la completa impunidad que piensan que tienen.

Al grito de “que se vayan, asesinos”, vecinos y vecinas persiguieron durante más de dos cuadras al gobernador, que casi se refugia en la Catedral de Rosario temeroso de no llegar al vehículo oficial. El intendente amagó al diálogo, apelando al recurso de la falta de autonomía municipal para atender el delito con recursos propios, queriendo obviar que la ambulancia del SIES -Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias, que depende del municipio y de la provincia- llegó muy tarde, un hecho que tal vez podría haber determinado otro desenlace diferente del fatal.

Según denunciaron los trabajadores del servicio: “el móvil 10 llegó en 13 minutos y podría haber llegado en 7 si no fuera porque esa ambulancia funciona mal desde hace días y lo hemos dejado registrado, pero sigue circulando solo a 40 kilómetros por hora. Ese día, tres móviles estaban fuera de servicio: dos se habían averiado en el día (…) y uno más esa noche. Rosario cuenta solo con 8 ambulancias cuando según la Organización Mundial de la Salud, por la cantidad de habitantes debería contar con al menos 20. La situación es crítica, la gente se enoja con nosotros pero desde acá hacemos responsable a la provincia y al municipio por esto y nos condolemos con los familiares y amigos de la víctima” (La Capital, 22/10).

Ya en una carta pública de mayo de 2021 los trabajadores habían dado a conocer la “precariedad con la que trabajan”, así como “los servicios privados que fueron contratados para suplantar los rotos (que) cobran un adicional, el cual no está permitido” (Rosario3, 29/5). En 2016 los trabajadores reclamaban porque Rosario “tiene más de 1.200.000 habitantes y hay sólo siete ambulancias habilitadas para emergencias en la vía pública (…) hay poco personal a bordo de los móviles (…) la cantidad de ambulancias operativas que se disponen para las urgencias difieren de la que el municipio publica oficialmente” (La Capital, 8/5).

Es decir que en cinco años la Municipalidad “sumó” una ambulancia, pandemia mediante. O sea que se profundizó el vaciamiento del servicio, la precarización laboral, la falta de móviles y el reemplazo de la atención gratuita por un servicio privado y arancelado. El ajuste en salud de los gobiernos también forma parte del entramado delictivo que se cobró la vida de Joaquín.

¿Y la Gendarmería?

Este nuevo crimen se produce con posterioridad a que Aníbal Fernández, Omar Perotti y Pablo Javkin, resolvieran la instalación por enésima vez de la Gendarmería en Rosario, está vez con 575 efectivos. Bajo la misma gestión, la renunciada Sabrina Frederic anunció en septiembre, antes de la derrota del gobierno, el desembarco de los grupos Albatros y Alacrán para hacer inteligencia. En 2016, Miguel Lifschitz y Patricia Bullrich armaron el “Operativo Cosecha Segura”, que establecía el desembarco de fuerzas federales con la excusa de combatir el narcotráfico y con el objetivo verdadero de evitar los piquetes obreros en el cordón de San Lorenzo durante la cosecha gruesa. Como se ve, peronistas, macristas, radicales y “socialistas” comparten la misma política de “seguridad”.

La misma fracasó porque las fuerzas que tienen que combatir el delito son las que la organizan y amparan, algo que reconocen desde el propio aparato represivo. En La Nación, el periodista Germán de Los Santos, que sigue los temas policiales en Santa Fe, publicó una encuesta realizada sobre personal de Gendarmería apostado en la ciudad, para conocer su percepción de la opinión que la ciudadanía tiene de ellos. “El 80% respondió que perciben poca confianza o directamente nada por parte de los vecinos con la fuerza”, consultados sobre los motivos, el 38% dijo que “se debe a la corrupción policial”, seguida por la “falta de presencia policial en las calles” (27.8%).

Según el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, en Rosario hay 5.400 policías, a los que se suman 3.000 efectivos federales, siendo una de las ciudades con más saturación del país. Sin embargo, lo que priman son las zonas liberadas para el delito, como se ve en el mapa de los homicidios que concentra los delitos en algunos barrios, y en el hecho de que la mayoría de los asesinatos están vinculados a disputados entre bandas narco (La Capital, 14/10).

Debería llamar la atención el hecho de que pocas veces se conoce a los autores materiales de los crímenes, aunque el listado luctuoso es exhaustivo. El papá de Gonzalo Molina, trabajador de Aerolíneas Argentinas de 20 años asesinado en Rosario en febrero pasado, lo expresó claramente: “Parece que lo mató un fantasma. Nunca encontraron a los responsables”.

Todos narcos

Si bien los desplazamientos de las cúpulas por su participación en el narcotráfico son permanentes (solo en Rosario a lo largo del 2020 hubo cinco jefes departamentales distintos), la cadena de responsabilidades se corta ahí, sin que se llegue a la verdad de las complicidades políticas. Un régimen de impunidad alevoso, porque en definitiva los jefes policiales son designados por el poder de turno y es también responsabilidad del gobierno darle una orientación a las operaciones que se hacen o se dejan de hacer en el territorio.

Por caso, la condena a 10 años de prisión de Alejandro Druetta, jefe de la División antinarcóticos de la Policía Federal de Santa Fe, por liderar desde el 2007 una banda de ventas de estupefacientes en el sur de la provincia, se cortó ahí, en lugar de seguir la ruta de las responsabilidades políticas del gobierno del Frente Progresista. El entonces ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro y actual candidato a diputado nacional de JxC, se pasea por los medios de comunicación dando cátedra de cuando él como ministro ascendió a Druetta, pese a que ya se encontraba bajo investigación (La Política Online, 31/3). Fue bajo su gestión que el Estado pagó la defensa de los policías responsables de acribillar al joven Franco Casco.

La connivencia política involucra a todos los bloques, para no agobiar, basta nombrar el caso del Senador peronista Armando Traferri, cuya participación en una red de juego clandestino que tiene ramificaciones que llegan a la banda “Los Monos”, a través de un asesinato que se produjo en el estacionamiento del Casino Center de Rosario, no está siendo investigada, aunque está ampliamente probada. Para la impunidad contó con el apoyo de todo el arco político del Senado de Santa Fe, incluida la vicegobernadora y compañera de fórmula de Agustín Rossi, Alejandra Rodenas, que apelando a los fueros evitaron que investigara a este “barón” del peronismo, en un hecho escandaloso que también involucra a todo el Ministerio Público de la Acusación de Rosario.

Abajo el Estado narco sojero

El hartazgo frente a tamaña descomposición lo está capitalizando la oposición de derecha, que forma parte del entramado de complicidades con el gran delito. En las antípodas, desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda presentamos un programa de salida, que parte de poner en manos de la población trabajadora instrumentos para luchar contra la impunidad del Estado.

Para terminar con las zonas liberadas en los barrios, planteamos que se abran los libros de las comisarías al control vecinal, a fin de conocer la actividad real del personal policial y controlarlo. Exigimos el inmediato retiro de la Gendarmería, que es una tapadera más del delito y un instrumento de criminalización de la juventud más pobre.

Frente a la complicidad del Poder Judicial, ya sea de jueces o fiscales, proponemos la conformación de una comisión investigadora independiente, integrada por organismos de derechos humanos, que tenga las manos libres para señalar a los funcionarios que participan o protegen el delito y poder destituirlos.

De conjunto, reclamamos el derecho de revocatoria de la ciudadanía sobre todos los cargos del Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo. La elección popular de jueces y fiscales por voto directo.

Frente al copamiento narco, planteamos la inmediata entrega de los títulos de propiedad a las familias que llevan décadas esperando que sus viviendas únicas sean reconocidas, una medida que ayudaría mucho a terminar con las usurpaciones narco, como sucede en Nuevo Alberdi. La urbanización integral de los llamados barrios populares, para que haya calles asfaltadas, iluminación y corredores seguros, desmalezamiento y paradas de colectivos que entren en los barrios, restituyendo el servicio que fue recortado por los “progresistas” Javkin y Jatón.

De fondo, está claro que delito narco creció de la mano de la privatización de los puertos en los `90, que son colador del narcotráfico, el contrabando y la trata de personas. Son la palanca fundamental en la que se asienta el tráfico de drogas, junto con la propiedad de latifundista. Por eso, desde el Partido Obrero denunciamos al Partido Justicialista, al Partido Socialista, a la UCR y al PRO, porque todos ellos forman parte de un régimen político que entregó Rosario y Santa Fe al narcotráfico para favorecer a las cerealeras. Planteamos terminar con la Hidrovía privatizada, nacionalizando los puertos privados y el comercio exterior.

Junto con esto terminar con los canales del lavado, centralmente los bancos y la especulación financiera. Planteamos abolir el secreto bancario y crear una banca estatal única, poniéndola bajo control de los trabajadores y trabajadoras. Estatizar el Casino Center de Rosario, otro gran canal de lavado de dinero negro. Instaurar un impuesto progresivo y confiscatorio al capital inmobiliario que acapare tierras para la especulación inmobiliaria, otro canal del lavado, que a su turno beneficiará a la población trabajadora que no puede pagar un alquiler ni acceder a la vivienda propia por los precios exorbitantes que derivan de esta concentración de la tierra en pocas manos.

Estas son las raíces económicas que los bloques políticos que vienen gobernando no quieren cuestionar. Por eso terminamos discutiendo una y otra vez la “mano dura”, un sinsentido que solo empodera a los organizadores de las redes de captación de jóvenes vulnerables en los barrios, que encabeza la policía.

Obviamente partimos de la despenalización del consumo de drogas, pero necesitamos un programa de salida integral, que en estas elecciones ponemos a disposición de los trabajadores y la ciudadanía harta de la violencia y del delito, que de una u otra manera, está ligada al narco sojero Estado santafesino.

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