Las recientes declaraciones de la exgobernadora bonaerense y candidata porteña a diputada nacional, María Eugenia Vidal, dieron mucho de qué hablar. Como señalamos en Prensa Obrera, sus dichos apuntan a encubrir la responsabilidad que le caben a los gobiernos y al Estado de conjunto como garantes del narcotráfico. En un mismo sentido es interesante el debate que se dio en Radio con vos entre Ernesto Tenembaum y Maxi Pullaro, quien fue ministro de Seguridad en Santa Fe bajo el gobierno de Lifschitz y ahora es candidato del PRO en la provincia. Ahí fue que Pullaro, que está haciendo una campaña electoral de tinte fachistoide, hizo una defensa abierta de la policía y dijo que la misma “va por un lado y el narcotráfico por otro”. Tal nivel de encubrimiento se trata prácticamente de una disociación en una provincia cruzada por enormes (y violentas) redes del tráfico de drogas, y que desde hace décadas operan con la más explícita complicidad de las fuerzas represivas, el aparato judicial y el poder político.

El entrelazamiento entre el tráfico de drogas con la policía santafesina, aunque Pullaro lo intente esconder, es incuestionable. Basta con recordar el caso de Hugo Tognoli, quien fue su jefe y en 2015 recibió una condena por encubrir a una banda narco, aunque ya logró ser absuelto. Algo similar sucedió con el estremecedor caso del asesinato de Pablo Cejas y la comisaría número 7 de San Lorenzo. Cejas era un cabo que se “cruzó” con su jefe por negarse a encubrir kioscos y búnkers del narcotráfico, y buscó sacarlo a la luz. Como represalia empezó a ser hostigado y hasta atacado en un primer momento a balazos por la propia fuerza policial. Como sobrevivió, se “atrincheró” en un bar en 2016 y amenazó con suicidarse ante todos para llamar la atención (y a la prensa). Finalmente se ganó la condición de testigo protegido en el marco de una causa federal. Pero, pese a ello, a unos pocos días de tener que declarar fue asesinado de doce disparos. El tema fue silenciado con hermetismo, y nunca más avanzó la causa. Ahí también Pullaro intentó limpiar a la policía.

Maxi Pullaro defiende a la policía santafesina desde que fue Ministro de Seguridad. Está siendo investigado por usar fondos reservados del Estado pagar la defensa de los policías acusados por la desaparición forzada, seguida de muerte, de Franco Casco. @radioconvos899. Sigo👇

— Carla Deiana (@DeianaCarla) September 2, 2021

La comisaría séptima es clave en el entramado. Está ubicada en el Barrio Norte de San Lorenzo, un distrito de aguda pauperización social, clave por su lugar en conexión con el río Paraná y que ha sido terreno fértil para el desarrollo sostenido de bandas de narcotráfico. Allí operan grupos de enorme peso como Los Monos, que actúan con métodos de los más espeluznantes y con el aval de esta seccional de la “narcopolicía” santafesina. Esto le costó la cabeza (y la detención) el junio pasado a su jefe, Alberto Fleitas. Lo encontraron “in fraganti” en un allanamiento dada una escalada brutal de la violencia callejera: posesión de cocaína, marihuana y hasta armas con el número de serie limado en su despacho, además de un arma tumbera en su casa. Otros efectivos también resultaron detenidos y se confiscaron, además de más drogas y más armas, otros elementos como balanzas de precisión.

Es claro que las fuerzas represivas no actúan solas. Más allá del evidente involucramiento de todo el aparato judicial a nivel nacional, por lo que la Cámara de Casación absolvió a Tognoli un año antes de cumplir su acotada condena, los tribunales santafesinos son una contienda de encubrimiento al accionar del delito organizado. Prueba de ello es que la fiscal originaria de la causa, Liliana Bettiolo, fue desplazada por la procuradora general de la Nación Gils Carbó, ya que lo había absuelto a pocos días de ser detenido. Aunque el grado de inmersión de la justicia y los fiscales va mucho más lejos que eso.

En la provincia santafesina el narcotráfico está muy ligado al juego clandestino, otro gran entramado de delito organizado (como también las redes de trata) que opera con la impunidad garantizada desde el Estado. De esto dio cuenta el escándalo que se desató el año pasado tras comprobarse el cobro de coimas por parte de la fiscalía de Rosario para blindar a un capitalista del juego clandestino ligado a “Los Monos” llamado Leonardo Peiti. Como resultado terminaron apresados el fiscal regional Patricio Serjal y su subordinado, Gustavo Ponce Asahad. El empresario, también imputado, tributaba alrededor de 5 mil dólares mensuales a los fiscales. Pero también a la policía santafesina. Incluso fue el “puente” entre Los Monos, que querían liberar a dos de sus “soldados” y los fiscales implicados. Un dato para nada menor: en el juicio a esta enorme banda narco hubo más policías sentados en el banquillo de los acusados que narcotraficantes propiamente dichos.

En definitiva se trata de todo un régimen comprometido a estos negocios ilegales. Es ilustrativo lo que le toca a Armando Traferri, senador provincial y “capo de capos” de los barones del PJ. Una vez golpeada la red de encubrimiento, Ponce Asahad se cobró represalias por su detención y pidió ampliar su declaración. Utilizó este espacio para acusar a Taferri como el principal responsable político de acorazar el juego ilegal en la provincia, en el que están insertas las mismas bandas de narcotráfico. Estaría también muy vinculado a un asesinato que se produjo en el Casino Center como parte de un ajuste de cuentas de estas bandas mafiosas. El poder político es indudablemente cómplice. El Frente Progresista ahora se jacta de “haber llevado a juicio y desarticulado a Los Monos”, pero muy lejos están los hechos de eso. Recientemente se comprobó que uno de sus capos, Guille Cantero, poseía un celular en su celda, desde donde continúan operando. Incluso se produjo el escalofriante episodio de amenazas: “dejen de juzgarnos porque los vamos a matar a todos, no es joda, eh”.

En esta campaña electoral, a su vez, ninguno de todos los candidatos (excepto el Frente de Izquierda – Unidad) denuncian al narcotráfico, a sus jefes ni se proponen desmantelarlo. Solo hablan en un plano más ambiguo sobre la “inseguridad”, aunque para avanzar en una agenda represiva y de vigilancia como es la propuesta de instalar cámaras en la vía pública. El FIT-U es la única fuerza que denuncia no solo al narcotráfico, al juego clandestino, a las redes de trata: también denuncia a un Estado cuyo andamiaje de punta a punta le garantiza la impunidad para continuar sus negocios. En un mismo sentido proponemos también la integra nacionalización de la banca y los puertos, como una forma de controlar los movimientos financieros alrededor del lavado de activos del narcotráfico, que circula impunemente por la Hidrovía en el río Paraná. Un programa en las antípodas de un régimen narco en el que policías, fiscales, jueces y gobernantes como Pullaro están embarrados hasta las orejas.