Mediante su ya habitual método de redactar cartas públicas, Cristina Kirchner acusó a los jueces de la Corte Suprema de haber encabezado y dirigido un proceso de lawfare para perseguir a dirigentes del kirchnerismo. No hace falta ser muy perspicaz para identificar que se trata de una defensa de sí misma, ya que la vice enfrenta once causas judiciales.

Su situación procesal parece haberse agravado por la decisión de la Corte de rechazar el pedido de Julio De Vido para suspender su juicio oral y revisar una pericia. Es muy similar a lo que pide Cristina en la causa por los sobreprecios de Vialidad Nacional, y si los jueces fallan de la misma forma se aceleraría una condena. Para algunos analistas, ello podría acelerar los juicios de Hotesur y Los Sauces por lavado de dinero, en la que también están implicados Máximo y Florencia Kirchner.

Todas estas causas refieren a hechos de corrupción que incluyen a los representantes más destacados de la clase capitalista. Sin embargo quienes reclaman que se condene a Cristina Kirchner no plantean que se investigue con la misma rigurosidad a los beneficiarios últimos de todo el entramado de negocios con la obra pública, es decir, a los empresarios. Entre ellos, Paolo Rocca ocupa el primer puesto. Ninguno de los opositores cuestiona la amnistía que se otorgó a los capitalistas que lucraron en base a sus negocios turbios con el Estado, empezando por los revelados en la Causa de los Cuadernos. Tampoco, por supuesto, lo hace Cristina, quien más bien busca colgarse de esa impunidad -recordemos que el objetivo declarado por Néstor Kirchner al asumir fue reconstruir la burguesía nacional.

Si bien los medios opositores presentan al nuevo texto de Cristina como una embestida contra el Poder Judicial, no solo en función de garantizar su impunidad sino además de avanzar en una mayor concentración dictatorial del poder, lo cierto es que se trata de una posición defensiva. Al cuestionar la legitimidad de los ministros de la Corte, busca demostrar que los cargos que se le imputan son también ilegítimos. La realidad es, sin embargo, que una cosa no implica la otra.

El carácter defensivo de la publicación es notorio. La misiva comienza trazando un balance del primer año de gestión, reivindicando la actividad legislativa del Senado y especialmente las normas sancionadas a cuenta del Ejecutivo. Si pretendía con ello mostrarse como defensora de las instituciones “democráticas” para adelantarse a las acusaciones sobre su presunto ataque al Estado republicano, no es menor que lo haya hecho un día antes de aprobar el robo de la movilidad jubilatoria en la Cámara alta. Es un punto fundamental.

Finalmente, el reclamo de Cristina podría traducirse de la siguiente manera: después de haber lubricado el canje leonino con los bonistas, llamar a una unidad nacional con los Magnetto para ejecutar el programa que se acuerde con el FMI, y en ese marco dar viabilidad a tamaña confiscación a los jubilados, ¿qué otra garantía hace falta para mostrar que no lidera ningún rumbo alternativo al que reclama el gran capital?

Dicho de otra forma, si se lee con atención la carta pública es una confesión de que, ante el cerco judicial, la vicepresidenta cede en toda la línea. No es una cuestión menor. La Justicia ha sido en el último período un instrumento privilegiado de injerencia del imperialismo yanqui en la región, llegando al punto de perpetrar a través de ella (y por supuesto con el respaldo de los mandos militares) verdaderos golpes de Estado, como en Brasil y Paraguay. En materia de alineamiento internacional, el gobierno de Alberto Fernández no sacó los pies del plato del Grupo Lima, y el kirchnerismo no salió a cuestionar el reciente acercamiento a Bolsonaro y Lacalle Pou nada menos que en cuestiones de seguridad nacional.

Este “ataque” a la Corte Suprema se agrega en la novela de las fricciones internas y externas al gobierno en torno a la designación del jefe de fiscales, el Procurador General de la Nación, la cual sigue empantanada. La cuestión judicial está así en el centro de la crisis política, ya que además de las causas de corrupción en la Corte se tramitan asuntos fundamentales de la orientación oficial, entre ellas el robo jubilatorio y el nuevo reparto de la coparticipación federal en detrimento del jefe de gobierno porteño.

Esta judicialización de la política es un síntoma inconfundible de la crisis del régimen político, y convierte a la supuesta independencia de la Justicia en una falacia sin sentido. En todo caso, la Corte podría erigirse como un árbitro, no como un poder independiente, y siempre a cuenta del interés general de la burguesía nacional y extranjera.

Como sucede con el cerco a Cristina para mantenerla a raya, también el gobierno busca con ello mantener escindida a la oposición. Todo el arco político patronal está surcado por una trama de conspiraciones, en la que la Justicia –y el aparato de espionaje- juega un rol fundamental, y a la vez está cruzada por las mismas tensiones.

Para ser justos con el pueblo argentino, en cambio, habría que sentar en el banquillo de los acusados a los responsables de que la mitad de la población esté sumida en la pobreza, es decir a todos los que gobernaron las últimas décadas. Es una tarea que excede al brazo judicial del Estado capitalista. De hecho, Cristina denuncia que los jueces no son electos y su función es vitalicia, pero evita formular su consecuencia lógica: la necesidad de que todos los cargos judiciales sean electos y revocables por el voto popular. Por supuesto, eso también excede las miras de este gobierno fondomonetarista, que a la postre ensaya un reforzamiento represivo para imponer el ajuste a los trabajadores.

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