Tras la publicación de las cifras del Indec relativas a la pobreza y la indigencia, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner salió a apuntar contra los “formadores de precios” en los alimentos al tiempo que felicitó al ministro Sergio Massa y planteó que la solución es una mayor intervención del Estado. Cristina encubre la responsabilidad del gobierno en las políticas económicas que hicieron crecer la indigencia.

El crecimiento en la indigencia –que mide la cantidad de personas que no llega a cubrir una Canasta Básica Alimentaria- de 0,6 puntos porcentuales, pasando del 8,2% al 8,8% de la población evidenció, para Cristina, “el impacto del fuerte aumento en los precios de los alimentos”.

El ministerio de Economía ha trabajado duro en todas las áreas de su competencia, pero es necesaria una política de intervención más precisa y efectiva en el sector y, al mismo tiempo, diseñar un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria en materia de indigencia.

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 28, 2022

Pero el gobierno tiene una responsabilidad más directa en el hecho de que alrededor de 4.164.811 personas se encuentren en la indigencia, que no tiene que ver solamente con las responsabilidad de las patronales alimenticias, sino con el deterioro de los ingresos salariales y populares por medio de las políticas impulsadas por el Frente de Todos.

El gobierno nacional se ha “destacado” por la formación de “acuerdos de precios y salarios” que siempre han ido a la misma cuestión: colocar el aumento de los salarios por debajo de las remarcaciones de precios de las patronales. Para esto se ha valido incluso de metas y pronósticos inflacionarios oficiales subestimados, utilizándolos como techo para las negociaciones salariales, con la complicidad de la burocracia sindical.

Sergio Massa ha salido a decir que el gobierno va a revisar los márgenes de ganancias de las empresas de la alimentación, pero estas ganancias no solo crecen por las remarcaciones de precios sino también por la depreciación de los salarios al mismo tiempo que el propio gobierno y Massa atacan a los trabajadores del Sutna que no quieren perder con la inflación.

Esto ha quedado puntualmente de manifiesto con las gestiones alrededor del Consejo del Salario y el aumento del salario mínimo: algo estrechamente sensible respecto a la estadística de indigencia ya que establece un piso salarial para muchos sectores (trabajadores precarizados, docentes nacionales, jubilados de la mínima) y un monto de referencia para otro tantos (beneficiarios de programas sociales y prestaciones), casi la mayoría de estos luchando para no caer o para salir de la indigencia.

El salario mínimo viene de tener un incremento del 21%, que culminará recién en noviembre llegando a $57.900 y que totaliza un aumento total del 75,5% en ambas instancias convocadas durante todo el año, muy por debajo de la inflación proyectada y partiendo de un ingreso que nunca supera la canasta de indigencia.

Otro es el caso de las jubilaciones mínimas que con aumento del 15,53% y bono de por medio llegó a $50.353 de miseria para el mes de septiembre, con una canasta alimentaria que se encuentra en $52.900 para el mes de agosto.

La contracara del aumento de precios y la política especuladora de las patronales de la alimentación y los capitalistas, de la cual el gobierno es cómplice, es este ataque contra los ingresos obreros y populares, que responde directamente al ajuste fondomonetarista y al recorte de partidas presupuestarias, así como a los “acuerdos de contención” que buscan anclar los aumentos de los trabajadores.

Cristina le pide a Massa que “refuerce la seguridad alimentaria”, pero miles de trabajadores desocupados se encuentran acampando frente a Desarrollo Social porque no se cumplen las cantidades y los compromisos de mejora nutricional de las entregas de los alimentos para los comedores populares, donde se alimenta gran parte de esos 4 millones de indigentes y muchos de los 17 millones de pobres que no llegan a fin de mes.

La seguridad alimentaria de los trabajadores no se va a resolver con la intervención de un Estado que interviene a favor de los capitalista, por lo que la generación de trabajo genuino y de una recomposición económica y salarial general que parta de que el piso salarial cubra las necesidades básicas más elementales, hoy valuadas en $120.000, requiere de la lucha de los trabajadores contra esta política, como ocurre con la lucha del Sutna, los trabajadores del Garrahan y la Unidad Piquetera, entre algunos conflictos del momento.

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