Daniel Arroyo, actual ministro de Desarrollo Social y candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, en una entrevista televisiva anunció que uno de los proyectos de ley que presentará en el recinto cuando asuma será la ampliación de líneas de crédito no bancarias provenientes de la Anses a una tasa del 3% destinadas a quienes están incluidos dentro de la llamada “economía popular”. Ante esta promesa de campaña, vale repasar cuál es la situación actual de los sectores más vulnerables a la hora de acceder a un préstamo.

En primer lugar, los microcréditos de la Anses dirigidos a las cooperativas de trabajo para la compra de insumos, materiales o herramientas hoy en día no superan el monto de $200.000 y tan solo fueron otorgados 400.000 hasta el momento. Es decir, aquellos sectores de la economía informal que no pueden acceder a un préstamo bancario para producir no encuentran en esta alternativa una solución.

Esto pone de manifiesto que Arroyo, como funcionario del gobierno nacional, no tiene en la agenda generar puestos de trabajo genuino sino mantener un régimen de informalidad laboral, ofreciendo como única salida para este sector el lanzamiento de nuevos microcréditos cuyas cifras miserables no alcanzan para desarrollar ningún emprendimiento económico. Por otro lado, propone ampliar préstamos que provienen de los fondos de la Anses, profundizando el saqueo a la caja de los jubilados.

A su vez, el crédito personal que otorgan los bancos es privativo no solo por las exigencias para calificar sino también por el interés, ya que la tasa promedio ronda el 80%. El gobierno es responsable de estas tasas usurarias que cobran los bancos, desde el momento en el que establece una tasa de referencia altísima en el Banco Central y en los bonos del Tesoro generando que el conjunto de los bancos destinen allí la  mayor parte de sus inversiones, retaceando de este modo el crédito dirigido a empresas y personas.

Por otra parte, el secretario general de La Bancaria y candidato a diputado nacional por el oficialismo, Sergio Palazzo, se mostró partidario de la creación de un banco digital, de la mano del empresario Matías Pérez Manghi, que genere líneas de créditos para aquellas personas que no cumplan con las condiciones necesarias para recibir un préstamo bancario. No obstante, se desconoce cuáles serán las características de dichos créditos ya que no anunciaron ni las sumas contempladas, ni el valor de las cuotas ni la tasa de interés. Si nos basamos en el financiamiento que existe hasta el momento por fuera del sistema bancario, podemos prever que se tratará de un endeudamiento más caro.

Otro aspecto del problema es la realidad que se vive en los barrios pobres del país, donde las familias toman deuda ya no para impulsar un emprendimiento, comprar un electrodoméstico o irse de vacaciones, sino para poder llegar a fin de mes o pagar deudas. Sin ir más lejos, durante el 2020 el 27,9% de los residentes de CABA y el 46,1% de los habitantes del conurbano bonaerense tuvieron que endeudarse para sobrevivir.

Si bien en el último tiempo se produjo un salto en la cantidad de personas que poseen cuenta bancaria -9 de cada 10 adultos están bancarizados- cada vez es menor el número de la población que reúne los requisitos para obtener una tarjeta de crédito. Esto se debe, por un lado, a la caída de los ingresos, y, por otro, al avance de la informalidad laboral y el desempleo.

De este modo, el grueso de los sectores populares se ve forzado a recurrir a lo que se conoce como Otros Proveedores No Financieros de Crédito (OPNFC) para financiar el consumo. El Banco Central contabiliza que son más de 6 millones las personas que tienen deudas con OPNFC. Hace dos años atrás había 235 empresas de este tipo, hoy son 323. Dentro de esta categoría se encuentran las Fintech, que ofrecen una tasa de interés del 130%, cuando la tasa promedio de las tarjetas de crédito bancarias es del 50%.

Así las cosas, quienes menos tienen se ven obligados a endeudarse más caro. Esta confiscación al ingreso de los trabajadores por medio de la usura ha crecido enormemente. Ejemplo de esto es que solamente en el conurbano las Fintech Credipaz, Cartasur y Coppel cuentan con 20 sedes cada una. Estas empresas otorgan efectivo a sola firma y muchas veces aceptan la prestación social que percibe el cliente como garantía de pago.

De este negociado a costa del bolsillo popular también sacan provecho los fondos de inversión, que son en definitiva los que financian a las Fintech para que puedan prestar. No es casualidad que el presidente de la Cámara Fintech sea la misma persona que preside el fondo de inversión Draper-Cygnus, el brazo argentino de Draper Venture Network. Estos acreedores internacionales no solo se benefician de la deuda contraída por los países sino que además están detrás de usura contra las familias trabajadoras de manera directa.

La única vía de escape a este escenario sórdido es, por un lado, terminar con la usura de los préstamos a través de nacionalizar la banca bajo control obrero. Esta medida, a su vez, es la única que puede asegurar una planificación del crédito en función de reactivar la economía del país. El cese del pago de la deuda ilegítima y la ruptura con el FMI son requisitos claves para preservar el ahorro nacional y cortar con la fuga de capitales. Por otra parte, es fundamental recomponer el ingreso de los trabajadores sobre la base de un salario mínimo igual a la canasta familiar y paritarias indexadas a la inflación, de manera tal que no sea necesario endeudarse para cubrir el costo de vida.  Todo esto forma parte de un programa de salida a la crisis en favor de la mayorías que defendemos desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda Unidad.

 

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