Los últimos datos oficiales marcan un ritmo descendente en el índice de actividad económica. A su vez, crece la capacidad ociosa en la industria y cae el consumo de energía eléctrica, agua y gas. Todos indicios que dan cuenta del agravamiento de la recesión como consecuencia de la crisis capitalista y las políticas oficiales.

En primer lugar, el informe de actividad económica de mayo 2021 refleja un retroceso del 5% respecto al mes anterior. Esta cifra no solo se corresponde a los nueve días de aislamiento estricto que tuvo lugar ese mes, ya que en abril 2021 se comenzaba a registrar una caída intermensual del 1,9%.

Por otra parte, la utilización de la capacidad instalada en la industria cayó en mayo de este año 2 puntos en comparación a abril 2021. El último estudio del Indec sobre este tema arroja que existe un 38,5% de capacidad ociosa en toda la industria. La falta de inversión por parte de las patronales llega al extremo en el caso de la industria automotriz, con un 55,4% de capacidad ociosa, la metalmecánica con un 50,2% y la gráfica donde el porcentaje se ubica en el 49,8%.

A la par que retrocede la actividad económica cae el consumo de energía eléctrica, gas y agua. Esto se ve reflejado en los últimos datos publicados que retratan lo ocurrido en abril 2021, donde hubo una caída intermensual del 0,3% en el uso de dichos servicios y del 11,5% en relación a abril 2020.

Como hemos señalado, la política fondomonetarista del gobierno provoca las tendencias recesivas. En primer lugar, las restricciones a las importaciones, en pos de reservar las divisas para el pago de vencimientos de deuda, tiene un impacto directo en la producción, ya que el alrededor del 65% de las compras que el país realiza al exterior son bienes de capital e insumos. Esta dependencia de la compra de medios productivos del exterior ilustra el carácter semicolonial de Argentina; la industrialización nacional no figura dentro de las preocupaciones de la clase social que gobierna. El pago de la deuda externa y el acuerdo con el FMI, que consumen los dólares de las reservas del Banco Central, no es entonces una condición para el “crecimiento”, sino su principal bloqueo.

Por otra parte, el gobierno sostiene una precaria “pax cambiaria” a partir, entre otras cosas, de mantener una tasa de interés del 38% en el BCRA, que fija la referencia para toda la economía. En ese sentido, estimula una bicicleta financiera en función de evitar una corrida al dólar la cual no solamente implica un endeudamiento en pesos exorbitante que supera los 3,7 billones entre Leliqs y Pases, sino además, una tasa de interés tan alta encarece el crédito para aquellas empresas que quieren solicitarlo. Aquí se ve claramente la falsedad de la promesa de Alberto Fernández sobre priorizar el “capitalismo productivo” por sobre el “especulativo”.

Otro aspecto que incide en el aumento de la recesión es sin dudas las caída del consumo popular. El mismo acumula 14 meses de retroceso y es fruto del incremento de la carestía. La política gubernamental ha sido artífice de la escalada inflacionaria combinada con el deterioro salarial. Por un lado, no se tomaron medidas de fondo para detener la suba de los precios, y, por otro, imperaron los techos salariales promovidos desde el oficialismo.

El retroceso del poder adquisitivo de los salarios, del 20% desde 2017 a 2020, evidencia que el golpe al bolsillo del pueblo trabajador es una política de Estado, defendida a ambos lados de la grieta a la hora de gobernar. Este año no será la excepción como lo demuestra el informe elaborado por la consultora Econviews, donde explica que si no hay una indexación la pérdida del salario real del 2021 será de 6 puntos hasta septiembre.

Ante este panorama, donde las patronales utilizarán el argumento de la recesión para avanzar en despidos y presionar a la baja los salarios, resulta necesario adoptar un rumbo que ponga por delante el desarrollo nacional y los intereses de los trabajadores. Por lo tanto, es preciso recomponer el poder de compra de los sectores populares por medio de un salario mínimo de $65.000, un seguro al desocupado de $40.000, prohibición de despidos y suspensiones y reparto de las horas de trabajo, trabajo bajo convenio para todos, jubilación equivalente a la canasta de la tercera edad, estatización de toda empresa que cierre, despida o reduzca salarios y la puesta en marcha de un plan de viviendas que emplee mano de obra desocupada bajo convenio. Para controlar los precios se debe abrir los libros de toda la cadena comercial a fin de evaluar los costos y nacionalizar bajo control obrero el comercio exterior para que los precios del mercado interno no se acoplen a los internacionales en alza.

A su vez, resulta fundamental avanzar en la industrialización del país y la generación de puestos de trabajo por medio de nacionalizar recursos estratégicos como la banca y el comercio exterior, poniéndolos bajo control de los trabajadores. Al mismo tiempo, el repudio de la deuda ilegítima y la ruptura con el FMI son aspectos claves para concentrar el ahorro nacional y destinarlo a las necesidades sociales. Se trata de un plan de salida a la catástrofe social en la cual nos sumergieron quienes gobiernan y gobernaron, que impulsamos desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda Unidad, en el que la movilización política de las mayorías populares es el factor determinante para llevarlo a término.

https://prensaobrera.com/politicas/la-campana-electoral-empieza-con-el-puno-izquierdo/

https://prensaobrera.com/sociedad/la-lucha-por-la-tierra-en-medio-de-la-crisis-habitacional/