02/07/2021
Crisis económica

La recesión se agrava como consecuencia de una política fondomonetarista

¿Por qué el gobierno fracasa en reactivar la producción y la economía?
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Las cifras del Indec volvieron a informar una caída de la actividad económica durante abril, completando tres meses consecutivos de contracción, en una tendencia que indudablemente abarcará también mayo -en que hubo restricciones a la circulación. Se revela un fracaso en el intento del gobierno de mostrar un repunte de la economía tras la depresión pandémica, el cual se suponía que iba a estar impulsado por la mejora del poder de compra de asalariados y jubilados. Todo sucede al revés: se agrava la recesión y la inflación licúa el poder adquisitivo de los trabajadores deprimiendo el consumo.

El índice Estimador Mensual de Actividad Económica registró en abril una caída del 1,2% con respecto al mes anterior, confirmando una declinación desde enero; mes que, a su vez, se ubicó un 2% por debajo del mismo mes del año anterior -es decir previo al coronavirus. Con relación a febrero de 2020, la actividad está un 3,1% por debajo. Como decíamos, mayo reafirmará esta caída, y a modo de termómetro podemos ver ese mes un desplome del 13,6% en las ventas de naftas, las cuales según la cámara patronal del sector están 19,7% abajo de febrero de 2020.

La recesión golpea de lleno a las familias trabajadoras, al punto que otros informes del Indec, referidos al mercado de trabajo, no solo evidencian que la desocupación sigue arriba del 10% sino además un notable descenso en la tasa de actividad económica de la población -lo que refleja que un amplio sector desiste de seguir buscando empleo porque no encuentra o por los bajos sueldos y precarias condiciones de contratación.

La contracción de la actividad no puede ser ocultada incluso cuando en términos interanuales la comparación aparece como positiva, porque se la mide con respecto a un abril de 2020 en que regía una cuarentena a nivel nacional. La mejora de los rubros que en aquel momento estuvieron completamente paralizados -como la construcción, hotelería y gastronomía, o parcialmente como en el caso de la industria manufacturera- se desvanece al ver la medición negativa en aquellos sectores que habían seguido en actividad, como sucede con agricultura y ganadería, que cayó un 1,9% en medio de un boom exportador.

La utilización de la capacidad instalada de la industria, también medida por el organismo de estadística oficial, se ubicó en abril en un 63,5%, descendiendo respecto de marzo. En la rama automotriz el porcentaje es del 39,1%, es decir que permanece ociosa la mayor parte de su parque productivo. Otro informe que refleja este cuadro es el Indicador Sintético de Energía, que también permite ver el desempeño de la producción industrial, y registra una caída del 6,8% en el primer trimestre de 2021, completando así un año entero a la baja.

Este panorama muestra una tendencia declinante que no se circunscribe a los efectos de las restricciones alusivas a la situación sanitaria -que de hecho fueron bastantes laxas este año. El fracaso del gobierno, que se proponía facilitar una fuerte reactivación productiva, vuelve a poner sobre la mesa que la política económica orientada a alcanzar un acuerdo con el FMI es una losa que impide el desarrollo del país (y no una condición para ello, como sostiene al unísono la clase capitalista).

Un punto notorio es el planchazo que se aplica a las importaciones, claves para la actividad industrial, en pos de evitar la pérdida de divisas. Estas escasean en las arcas del Banco Central para afrontar los pagos de deuda. Cuando parece haber llegado a su fin la temporada de compra de dólares de la entidad monetaria -que aprovechó los ingresos extraordinarios por la soja-, es notable el magro robustecimiento de las reservas, ya que la mitad de esas divisas se gastó en pagos de vencimientos (especialmente al Fondo) y operaciones para contener la cotización de los dólares financieros. Cientos de empresas han presentado demandas judiciales por las trabas que se les ponen a sus compras del extranjero.

El hecho es que el comercio exterior argentino expresa la inserción semicolonial en el mercado mundial. Según cifras oficiales, en los primeros cinco meses de 2021 el 77% de las importaciones correspondió a bienes de capital, piezas y accesorios, y bienes intermedios para la industria; mientras que la tercera parte de lo que se exportó fueron productos primarios y un 40% manufacturas de origen agropecuario. Esto se evidencia en la precariedad del superávit comercial que disfruta el gobierno, que no es resultado de impulso alguno porque las exportaciones totales aumentaron en la comparación interanual un 33,2% pero debido a un incremento de los precios de 35,9%, ya que las cantidades cayeron en 1,9%; a diferencia de las importaciones, que crecieron un 62,4% (el año pasado fueron muy bajas por la cuarentena) pero como consecuencia de una suba de 40,7% en las cantidades y de 15,3% en los precios. Una leve caída de las commodities borraría toda la bonanza (que como vimos no despejó la sequía de reservas del Central).

Como la industria depende entonces de traer del exterior sus insumos, se suele denominar «restricción externa» cuando se retacean los dólares para esas compras (que deriva en una política recesiva). Es una forma de encubrir que se consumen las reservas internacionales en el pago de la deuda. Otro aspecto que encubre esa definición es la incesante fuga de capitales, ya que -como consigna el propio Indec y explicamos en otro artículo– Argentina genera muchas más divisas de las que debe. El punto es que las riquezas producidas no son reinvertidas en el país. Según la consultora Orlando Ferreres y Asociados, en mayo volvió a contraerse la inversión medida en dólares y como porcentaje del PBI (-2,4%).

Ya notamos que el boom sojero se debe exclusivamente a los precios internacionales, porque la cosecha fue menor en cantidades que el año pasado, al igual que la superficie cultivada y la productividad, conforme indica la Bolsa de Cereales de Rosario. En otro plano, los subsidios del Plan Gas no impidieron el crecimiento del déficit energético, y según datos del Instituto General Mosconi la producción durante el primer cuatrimestre del año fue la más baja desde 2014. La política del gobierno para revertir la huelga de inversiones es prometer regímenes de beneficios extraordinarios al gran capital exportador, basados en exenciones impositivas y sobretodo garantizar la libertad para girar utilidades al exterior, que es el principal reclamo patronal. Pero como el cepo es esencial para ahorrar los dólares para el pago de los vencimientos con el FMI, hasta ahora siguen siendo solo promesas. El impasse se expresa de forma palpable en la industria automotriz, la cual como dijimos opera a niveles bajísimos a pesar de los incentivos oficiales; esta requiere para su producción de la importación de dos tercios de los componentes, y las empresas exigen a su vez poder traer vehículos terminados para el mercado local.

La salida a esta encerrona solo puede provenir de la adopción de un rumbo opuesto. Para invertir los recursos generados en impulsar la producción y desarrollar la economía nacional es necesario poner un coto al saqueo, nacionalizando el comercio exterior bajo control obrero y cesar el pago de la deuda externa fraudulenta.

Otro pilar para terminar con la recesión es la nacionalización de toda la banca y su unificación para ponerla al servicio de las necesidades sociales y nacionales. Hoy los apologistas del «capitalismo productivo» ponen una losa a la economía al sostener una precaria estabilidad cambiaria a fuerza de absorber pesos pagando altísimas tasas de interés a los bancos, los cuales invierten en títulos del Banco Central (Leliq) más redituables y seguros que los préstamos a la producción. Mayores aún son las tasas indexadas a la inflación que paga el Tesoro. Esta bicicleta financiera encarece el crédito y opera como un obstáculo a la actividad económica, precisamente lo que criticaban al macrismo cuando se encontraban en la oposición.

Con esa política usuraria se pretende también frenar la aceleración inflacionaria, sin éxito a la vista. La incapacidad oficial para contener la estampida de los precios suma otro factor de presión recesiva, porque deprime el mercado interno en un país donde la producción industrial está orientada esencialmente a bienes de consumo. Los salarios perdieron a abril un 9,7% interanual (con cifras del Indec), mientras que ese mismo mes las jubilaciones y pensiones pagas por Anses quedaron 11,5% abajo de la inflación respecto de un año atrás.

Una manifestación de esto es el cierre de empresas y la crisis de las grandes cadenas comerciales. La quiebra de Garbarino y la huida de multinacionales como Falabella afectan de manera directa a fabricantes que se valen de estas marcas para colocar sus productos, en buena medida porque sus ofertas de financiamiento permiten mejorar el alicaído poder de compra de las familias. Lo mismo se aprecia en los cierres, despidos y deudas salariales en Carrefour y Wallmart. Entre los pequeños comercios las quiebras se cuentan de a centenares. Hasta Bimbo justifica el cierre de su planta de congelados en San Fernando alegando que en total sus ventas de panificados cayeron 12%.

En conclusión, la razón por la que el Frente de Todos que venía a «poner de pie a la Argentina» es incapaz de revertir la declinación económica y productiva obedece a que ello se revela incompatible con la orientación de garantizar el repago al FMI y el capital financiero internacional. En su empantanamiento, el gobierno refuerza los compromisos con los acreedores y los beneficios al gran capital y la banca, a la par que sostiene el cepo a los salarios y jubilaciones. Solo los trabajadores pueden poner fin este hundimiento del país, cortando de cuajo con el régimen de saqueo que impera desde hace décadas.

 

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