El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, anunció el lanzamiento de una Canasta de Precios Consensuados para el 7 de enero, fecha en la que finaliza el programa de Precios Congelados que rige en la actualidad. Consistirá en un listado de 1.000 productos a acordar con los distintos actores que intervienen en la cadena comercial. Como vemos, pasamos de una política que se ha mostrado ineficaz para contener la inflación a una versión más degradada de la misma.

Ya hemos señalado en Prensa Obrera, que, a un mes de inaugurado el programa que congela 1.400 artículos, el índice de precios no mostraba una desaceleración significativa. En primer lugar, proliferan las maniobras patronales para eludir los controles, sin recibir a cambio ninguna penalidad por parte del gobierno. Prácticas como el desabastecimiento, las listas paralelas donde algunas contienen aumentos considerables en los productos exentos del control oficial, o bien, el lanzamiento de artículos similares a los congelados pero con un ligero cambio para poder consignar otro precio son moneda corriente.

A su vez, los precios congelados están ausentes en los almacenes y comercios de cercanía. Por otra parte, la medida solo tuvo impacto en los alimentos secos, mientras que el precio de los frescos -verduras y carnes-, los cuales no están contemplados en el programa, sufrieron una disparada en el último tiempo, con lo que la inflación en las góndolas de los supermercados permaneció inalterable. El caso más ilustrativo es el de la carne, donde el asado, por ejemplo, ya se está vendiendo en las carnicerías a $1.000 el kilo. Motivo por el cual hoy tendrá lugar una reunión entre Comercio Interior y los empresarios del sector, donde el oficialismo no tiene otra propuesta más que extender el programa Cortes Cuidados, que, a la luz de los acontecimientos, se ha demostrado inútil a la hora de detener el encarecimiento de la carne.

Lo anterior es la demostración palmaria de la incapacidad del gobierno en contener los precios de la carne, la cual aumentó un 70% en términos interanuales, superando la inflación del período. La disposición oficial, tardía y aislada, de cerrar la exportación de carne solo sirvió para atenuar los precios durante cuatro meses; sin embargo, no demoró en retomarse una tendencia alcista: en la última semana tuvo lugar un aumento del 20% en los precios del ganado en pie en el mercado de Hacienda de Liniers, y, en el mes de octubre, se registraron aumentos del 7% en algunos cortes.

Acá se conjugan una decidida remarcación de precios por parte de los capitalistas del sector, para “compensar” los meses en los que no hubo aumentos, con la falta de inversiones que dio como resultado una merma en la oferta, en medio de un cierto crecimiento de la demanda debido a la estacionalidad. “Muchos productores decidieron no realizar el periodo de terminación, es decir el engorde de los últimos cuatro meses. Dejaron terneros pastando, o no invirtieron, o no repusieron” (Página 12, 23/11). Por otra parte, los monopolios que acaparan la industria frigorífica encuentran más redituable destinar el grueso de la producción cárnica a la exportación -reduciendo la oferta local-, y, a su turno, trasladan las subas en el precio internacional al mercado interno. Frente a esto, la inacción del gobierno es total producto de su subordinación ante la clase capitalista, al punto que los ministros Julián Domínguez, Matías Kulfas y Martín Guzmán salieron rápidamente a poner paños fríos luego de las declaraciones de Feletti, aclarando que no está en la agenda incrementar las retenciones a las exportaciones de la carne.

Volviendo al programa de Precios Consensuados previsto para enero, se trata de un aval oficial a que existan nuevos aumentos, donde la figura del “consenso” aparece como una mera cobertura para hacer pasar este ataque al bolsillo popular. A su vez, estamos en presencia de una reedición devaluada de medidas que fracasaron en el pasado, cuyo objetivo principal es seguir ocultando la responsabilidad que tiene el propio gobierno en el ascenso inflacionario y en el derrumbe del poder adquisitivo de los trabajadores.

No podemos soslayar que Alberto Fernández ha sido un promotor estrella de los topes en las paritarias, al mismo tiempo, habilita la extensión del trabajo precario donde la miseria salarial es aún mayor y es uno de los autores del aumento del salario mínimo que lo deja en cifras de indigencia. Por otro lado, echa leña al fuego de la inflación a través de los naftazos aplicados durante su mandato, perpetuando la fuga de capitales y el pago de la deuda -origen de la brecha cambiaria actual y las presiones sobre el tipo de cambio-, entre otras políticas inflacionarias. La situación se agravará ya que las exigencias del FMI contemplan nuevos tarifazos en los servicios públicos y un salto devaluatorio.

Está a la orden del día enfrentar esta embestida por medio de una intervención obrera y popular, levantando un programa en beneficio de las mayorías. El mismo debe incluir un salario mínimo y jubilación mínima de $100.000, paritarias y jubilaciones indexadas a la inflación, trabajo bajo convenio para todos, prohibición de despidos y suspensiones, abolición de los impuestos al consumo como el IVA y reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. Asimismo, es preciso proceder a abrir los libros de la cadena de valor para evaluar los costos reales y terminar con el saqueo del país a través de nacionalizar bajo control obrero la banca, el comercio exterior y la industria energética, romper con el FMI y repudiar la deuda usuraria. En definitiva, un programa de salida a la crisis por parte de los trabajadores.

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