Políticas
11/8/2025
De la privatización de la salud al negocio narco, la oscura trama del fentanilo mortal
Siguen reportándose muertes por el fentanilo contaminado, pero no avanza la investigación judicial.
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Marcha de familiares de víctimas por el fentanilo contaminado.
Las decenas de muertes de pacientes que fueron tratados con fentanilo contaminado en distintas clínicas del país exhiben que la salud privada es una verdadera zona liberada. Ni siquiera la investigación judicial en un caso de tanta gravedad se mete con el negocio de los empresarios del sector, ya que el recuento de víctimas depende de lo que informen voluntariamente los establecimiento sanitarios, muchos de ellos denunciados por los familiares de los pacientes por ocultarles información. Es una muestra más de la cadena de responsabilidades políticas y empresariales en la privatización de la salud desde la producción y distribución de medicamentos hasta la atención médica de la población.
Continúan apareciendo víctimas por el fentanilo contaminado. La cifra, confirmada por el juez federal Ernesto Kreplak, es de 76 fallecidos, y afirma que aún no es definitiva: “Esto no llegó al techo, lamentablemente con el correr de los días puede incrementarse el número de víctimas”. Además advirtió que, de acuerdo con la investigación se aplicaron cerca de 45 mil ampollas de uno de los lotes contaminados. El magistrado investiga dos lotes infectados con bacterias multirresistentes –Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii– producidos por el laboratorio HLB Pharma y distribuidos en casi 200 hospitales.
El juez además reconoció que hay un sistema voluntario de reporte de víctimas, donde los hospitales deciden si informan o no los casos relacionados con el fentanilo contaminado: “La investigación se compone de dos universos. Por una parte, las víctimas que los hospitales voluntariamente deciden informar. El sistema es un sistema voluntario donde el Estado no tiene la información suficiente para controlarlo de ninguna manera. Esta es la realidad con la que nosotros nos encontramos. No era información que tuviésemos disponible con anterioridad. La vamos obteniendo a partir de las medidas probatorias que se van llevando adelante. O sea que el hospital que quiere, que cree que tiene un caso que entra dentro de los criterios de casos que están en el reporte del Ministerio de Salud, lo denuncia y si no lo hace el Ministerio de Salud, ni ningún otro organismo público, tiene la capacidad de decirle ‘usted no lo hizo, usted no informó’ la supuesta muerte de un paciente asociado al fentanilo contaminado".
Esto implica que si un hospital privado no informa una muerte asociada al consumo de alguna sustancia contaminada, esa muerte simplemente no existe para el sistema sanitario ni para las autoridades. En la práctica, se establece un régimen de impunidad total donde el interés por defender el nombre y el lucro de los laboratorios y las clínicas privadas prevalecen por encima del derecho a la salud y a la vida de la población.
Además, en la investigación continúan apareciendo irregularidades en las operaciones de HLB Pharma. De acuerdo a documentos oficiales, la Municipalidad de San Isidro, distrito en el que radica el laboratorio, constató que no había registro de que el laboratorio haya presentado la autorización para funcionar. Este laboratorio operó entre marzo de 2013 y mayo de 2025 bajo una Autorización Provisoria de Funcionamiento, insólito. Durante 2024, la planta recibió varias intimaciones para subsanar documentación técnica fundamental, algo que fue incumplido por la empresa. En mayo de 2025, cuando el país comenzaba a contar las muertes vinculadas al fentanilo contaminado, el municipio revocó el permiso mediante un acto administrativo. Todo este proceso terminó con la presentación de una autorización falsa.
Recordemos que el laboratorio HLB Pharma tiene antecedentes de irregularidades y vínculos con hechos graves. Sus directivos –Ariel y Damián García Furfaro, entre otros– están asociados hechos graves como la explosión de Apolo y a empresas como Ramallo y Alfarma, en una red empresarial que se mueve con impunidad, vendiendo laboratorios por sumas irrisorias y burlando al fisco.
El Ministerio de Salud de la Nación –que contiene a la Anmat, organismo de control que debió prevenir esta catástrofe– se presenta como querellante en la causa, cuando debería estar rindiendo cuentas. Lo mismo sucede con la Municipalidad de Rosario, que compró ampollas contaminadas para el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde se desató un brote mortal.
El Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich abrió una causa paralela en Comodoro Py contra HLB Pharma, acusándola de falsificar un certificado municipal para operar con precursores químicos. Sin embargo, la denuncia no fue presentada ante Kreplak, que lleva la investigación central, fue presentada al juez Casanello, conocido por llevar adelante las causas en torno a los intereses oficiales. Mientras tanto, no hay un solo detenido.
El caso expuso además un marco general que no se reduce a la producción precaria de medicamentos sino al desvío de fentanilo hacia el narcotráfico. Un entramado delictivo que opera en el país mientras el gobierno premia a los peces gordos de estos negocios espurios con blanqueos de capitales y ausencia de controles. Julián Maradeo reconstruye en un artículo en Ámbito Financiero (11/8) el rastro de varios casos resonantes de tráfico de opiáceos en Argentina, como el de la cocaína contaminada con fentanilo, revelando que hasta la DEA norteamericana advirtió la laxitud de la Unidad de Inteligencia Financiera en investigar esta trama. ¿Será para cuidar estas derivaciones que nadie quiere que avance la causa por las muertes de los lotes contaminados?
Tengamos en cuenta además que la magnitud del desastre sanitario es producto de un cóctel letal: la liberalización y desregulación del mercado de medicamentos, la privatización del sistema de salud que convierte a clínicas y laboratorios en negocios lucrativos sin control real, y la connivencia del Estado que, lejos de proteger a la población, garantiza la impunidad de los responsables y asegura la continuidad de estos negociados a costa de la vida de los pacientes.
A pesar de la magnitud de la masacre sanitaria, la causa no avanza hacia las responsabilidades políticas ni empresariales de fondo. La investigación se concentra en la reconstrucción de la distribución del lote contaminado, pero sin indagatorias ni detenciones. Mientras tanto, los familiares de las víctimas reclaman justicia frente a hospitales y tribunales.
El jueves 31 de julio se realizó en La Plata la primera movilización organizada por familiares de las víctimas del fentanilo contaminado. La marcha, que partió desde el Parque San Martín y concluyó frente al Hospital Italiano, epicentro del brote, tuvo como consigna “Nuestros seres queridos no son estadísticas. Son vidas, son historias. Son víctimas”. Con un acto de memoria, testimonios y encendido de velas, las familias denunciaron la impunidad de clínicas y laboratorios, el encubrimiento institucional y la responsabilidad del Estado en la privatización y desregulación del sistema de salud, que permite que se lucren con la vida de los pacientes. El reclamo central fue el esclarecimiento urgente, el juicio a los responsables y la trazabilidad total de los medicamentos involucrados.
La crisis del fentanilo contaminado es un retrato del régimen: capitalistas que lucran con la salud, un Estado cómplice y un Poder Judicial que dilata y encubre. Apoyamos enérgicamente la lucha de los familiares de las víctimas y seguiremos peleando por justicia y cárcel para los responsables políticos y empresarios.
