El supercepo cambiario instaurado por el gobierno pareciera aproximarse al fracaso en tiempo récord. La improvisación de la política oficial conduce inexorablemente a una megadevaluación. Las restricciones, en el camino, se descargan sobre los trabajadores.

Van cuatro días hábiles desde que fueron dictadas las medidas del Banco Central que limitan aún más el acceso a dólares, pero en los bancos sigue rigiendo un feriado cambiario por la imposibilidad de implementarlas. Aun así, y a pesar del bajísimo nivel de operaciones, la caída de las reservas internacionales continúa (el viernes debieron vender 40 millones).

Las dificultades en la aplicación de las nuevas disposiciones demuestran quiénes son los principales damnificados. En primer lugar, la inhabilitación para acceder a los 200 dólares por mes a precio “solidario” (que fue elevado de 100 a 130) para todos aquellos beneficiarios del IFE u otros programa sociales, y la contabilización de las compras con tarjeta de crédito en el exterior dentro del cupo mensual, plantean el problema de que los bancos deberían contar con una base de datos organizada para chequear ante cada solicitud de compra.

Es decir que este problema operativo evidencia las dificultades de implementar una exclusión masiva del sector más pobre que aspira a preservar aunque sea ínfimamente su poder adquisitivo.

Esto cuando el recargo del 35% en el impuesto sobre este “dólar solidario” será trasladado a las tarifas de las empresas extranjeras de consumo popular, como Netflix o Spotify. Por otro lado, el contado con liquidación siguió subiendo, porque las empresas recurren -y recurrirán más aún a él- para financiarse tras las nuevas restricciones. Estos mayores costos de financiamiento serán trasladados a los precios, desmintiendo las afirmaciones de Martín Guzmán.

Los inconvenientes son el producto de la completa improvisación del gobierno de Alberto Fernández, que hace pocos días negaba rotundamente la posibilidad de cerrar esa ventanilla de los 200 dólares mensuales. Ahora que los funcionarios refutan categóricamente la posibilidad de devaluar, se aproxima a paso firme una megadepreciación del peso. Después de todo, el supercepo devino tras la frustración de las expectativas oficiales acerca de que el canje de la deuda resolvería la brecha cambiaria.

Una reciente estimación arrojó que la base monetaria ampliada -que resulta de sumar la moneda en circulación más los pasivos del Banco Central (Leliqs, pases diarios)- ronda los cinco billones de pesos, lo que en relación a las divisas de las reservas líquidas promedia un dólar cada 200 pesos (El Cronista, 21/7).

Instaurado este panorama, el gobierno se encerró en su propio laberinto, porque todos los grandes capitalistas apuestan a una devaluación próxima. Esto vale en especial para los sojeros, que retienen más de la mitad de la cosecha sin liquidar, por un monto aproximado a los 11.000 millones de dólares (equivalentes a una cuarta parte del total de las reservas internacionales, o más de tres veces las de libre disponibilidad). La política de “exportar todo lo que se pueda” para recaudar los dólares necesarios para cumplir con el repago de la deuda pone al gobierno a merced de los pulpos del agronegocio, mineros y petroleros (a quienes acaba de ofrendar un naftazo y promete nuevos subsidios).

El impacto político, por ese motivo, es casi tan grande como en el económico. De hecho, una devaluación enterraría antes de su tratamiento las previsiones dibujadas en el Presupuesto 2021, que calcula un dólar a 100 pesos para fines del año próximo. No hay que agregar que una acelerada depreciación de la moneda nacional acicateará la inflación, por lo cual, de nuevo, los perdedores serán los trabajadores, cuyas paritarias están congeladas o cerrando ya por debajo de los índices de precios.

El fracaso del gobierno de Alberto Fernández en materia cambiaria es expresión del fracaso de toda su política económica, que tiene su premisa en honrar un acuerdo con el FMI. Los trabajadores deben irrumpir en la crisis con un programa propio, que parta del repudio de la deuda externa y la nacionalización de la banca y el comercio exterior.

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