Políticas
29/5/2025
Deportaciones, restricciones y arancelamiento en el decreto antimigrantes de Milei
Facilita expulsiones, impone límites a la ciudadanía y pagos por acceso a salud y universidad.
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Migrar no es delito.
El gobierno nacional volvió a la carga contra los migrantes, con una reforma exprés por decreto, que impone restricciones al acceso a la ciudadanía, facilita deportaciones, introduce el cobro de prestaciones de salud en dependencias públicas y habilita el arancelamiento en las universidades nacionales, entre algunos puntos fuertes. Una política antimigratoria y expulsiva, contra los trabajadores.
El Decreto 366/25 modifica la ley 25.871, con un extenso texto que busca endurecer las condiciones de acceso y residencia de las personas migrantes, con énfasis en el ataque a la población trabajadora y de bajos recursos, y facilidades para los capitalistas.
Entre los principales cambios impuestos por el Ejecutivo nacional se limita el alcance de los derechos reconocidos a los migrantes, eliminando la extensión a sus familias, y se endurecen los requerimientos para acceder a la ciudadanía, modificando la condición para acotar los dos años de residencia continua exigidos –anteriormente “alegando y probando servicios a la República”- por “haber realizado una inversión relevante en el país”.
Se trata de un cambio fundamental que apunta a excluir del beneficio a la mayor parte de la población migrante trabajadora, originaria de países vecinos, mientras se extienden garantías y facilidades a los capitalistas que vengan a hacer negocios al país: se vulnera más al más vulnerable y se protege en exceso a quien no lo necesita.
También se acorta el periodo de duración de la residencia “precaria”, de 180 días originales a 90 días de validez, atacando particularmente a los trabajadores que migran a la Argentina en búsqueda de oportunidades laborales y buscan establecerse en el país, para lo que requieren de un tiempo prudencial, con todo lo que conlleva trasladar su centro de vida de un lugar a otro.
El decreto de Milei también cercena la mención de las universidades nacionales en el artículo 7 de la ley migratoria, negando su acceso como un derecho garantizado y habilitando que dichas entidades establezcan aranceles de diverso tipo contra la población migrante, señalando que “las instituciones de educación superior de gestión estatal podrán establecer retribuciones por los servicios de educación” para quienes no sean ciudadanos argentinos nativos o por opción y para los extranjeros que cuenten con residencia permanente en el país.
En materia de salud, excluidos los casos de emergencias y el acceso a la salud de los extranjeros residentes permanentes, se impone que “en los establecimientos que brinden atención sanitaria administrados por el Estado nacional, solo se brindará tratamiento médico o atención sanitaria habitual contra la presentación de un seguro de salud o la previa cancelación del servicio, de conformidad con las condiciones que establezca el Ministerio de Salud”.
Es decir que los migrantes deberán pagar para ser atendidos en los hospitales públicos nacionales, siguiendo la línea de lo que algunos gobernadores de provincias fronterizas vienen aplicando contra la población migrante, negando el derecho de acceso a la atención sanitaria, contemplado entre los derechos fundamentales que establece la Constitución Nacional para todos los que habitan el suelo argentino.
El decreto antimigratorio de Milei implica una nueva ofensiva reaccionaria y antiobrera, que busca dividir a los trabajadores con argumentos xenófobos, mientras el gobierno entrega el país y la economía a los capitales extranjeros sin ningún condicionamiento: los capitalistas sí son libres bajo el gobierno de Milei.
Hay que derrotarlo con la movilización popular, como el movimiento que puso en pie la lucha contra el decreto antimigrantes de Macri, desenvolviendo la organización independiente y la lucha unificada de los trabajadores.
En esa perspectiva, y con la consigna "¡Migrar no es delito! Abajo la reforma migratoria reaccionaria", la banca del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y el Polo Obrero convocan a todas las organizaciones de migrantes y de lucha a una audiencia pública en el Congreso nacional el 6 de junio a las 14:00.
