El bloque de diputados del Frente de Todos en el Congreso, comandado por Máximo Kirchner, presentó un proyecto de ley para que en cuarenta municipios del país se paguen tarifas de gas diferenciadas. El mismo plantea descuentos entre el 30% y el 50% de la boleta y abarca distritos de las provincias de Mendoza, Buenos Aires, San Luis, San Juan y Salta, las cuales serán recategorizadas como “zonas frías”, y, de esta forma, se sumarían al beneficio que ya existe en la región patagónica. La iniciativa fue acompañada por los legisladores de Consenso Federal y Unidad Federal para el Desarrollo. Estamos en realidad ante un intento de viabilizar un segundo tarifazo en el año.

El proyecto se propone alcanzar a tres millones de familias. La disminución de un 50% de la factura de gas está planteada exclusivamente para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, de la Asignación por Embarazo, de pensiones no contributivas y jubilados -hasta cuatro salarios mínimos-, del monotributo social, para usuarios que perciben seguro de desempleo y trabajadoras de casas particulares. Es decir, que incluso dentro de los distritos seleccionados se opera un diferenciación, en el marco de la política de segmentación de los usuarios de los servicios públicos para habilitar aumentos a la mayoría de la población que supera un mínimo umbral de miseria.

Por eso, si bien los impulsores de esta medida la presentan como una política que busca favorecer a los sectores populares, lo cierto es que con esta iniciativa el kirchnerismo buscar ofrecer una vía para concretar nuevos aumentos en el gas como parte del “ordenamiento fiscal” a fuerza de reducir las partidas de subsidios, que es lo que exige el FMI para llegar a un acuerdo. El proyecto presentado no se aparta ni un milímetro de esa orientación.

En las audiencias públicas realizadas en marzo el gobierno planteó un esquema de aumentos semestrales en la energía eléctrica y en el gas. Luego del incremento del 9% en la factura de la luz y la crisis desatada al interior de la coalición oficial (que se manifestó en el choque Guzmán-Basualdo), la aplicación de una segmentación de los usuarios por su situación socioeconómica y lugar de residencia busca facilitar la aplicación de nuevos tarifazos a pesar de que la inflación está fuera de control y de la enorme caída del poder adquisitivo que vienen sufriendo los trabajadores.

El alcance de los descuentos que plantea el proyecto de tarifas diferenciadas en el gas es ínfimo. Solamente incluye a 40 municipios de todo el país, dando vía libre en la mayor parte del territorio nacional a las subas que tendrán lugar a lo largo del año. A su vez, la iniciativa deja afuera a amplias capas de la población que no tienen acceso a la distribución domiciliaria de gas y se ven en la obligación de comprar gas envasado; esta es la realidad del 33,8% de los hogares del país, los cuales se ubican en su mayoría en los barrios más vulnerables. Para ellos no hay beneficio alguno, cuando por el contrario, la Secretaría de Energía estableció en abril un esquema de aumentos mensuales del precio de la garrafa que completan una suba anual del 21%.

Estamos frente a un gobierno que fracasa en el intento de querer congraciarse con el FMI y las petroleras, y al mismo tiempo contener la inflación, que acumula un aumento interanual del 46,3%. La emisión monetaria para cubrir los subsidios agrava el alza de precios y suma presión al dólar, cuando a pesar de los altos precios que se pagan por el Plan Gas ni siquiera se registra una inversión de las compañías que permita reducir las necesidades de importación- que consumen divisas. En medio de este empantanamiento, preocupa de manera creciente el descontento popular, y buscan contenerlo con planteos como este de Máximo Kirchner.

A este camino sin salida oponemos la anulación de los tarifazos y la apertura de los libros contables de las empresas para evaluar los reales costos de producción y distribución. Es necesario nacionalizar bajo control obrero la industria hidrocarburífera para terminar con el régimen actual de subsidios, tarifazos permanentes y desinversión; y para dar lugar a un plan de desarrollo nacional guiado por las necesidades sociales. A su vez, es preciso romper con el FMI y repudiar la deuda usuraria, que es la base de los sucesivos ajustes contra el pueblo.