La promesa del gobierno de que los aumentos de tarifas van estar por debajo de los incrementos salariales es una trampa. Desde los beneficios a las petroleras hasta los subsidios a las distribuidoras como Edenor y Edesur, todo el régimen de privatización energética es costeado por los trabajadores.

Tras las audiencias públicas realizadas en marzo, resta confirmar la cifra final de los aumentos que entrarían a regir en los servicios de luz y gas desde el 1 de mayo -incluso aún no se definió si serán retroactivos al 1 de abril. Los funcionarios de los entes reguladores, el Enre y el Enargas, afirmaron que las subas rondarán entre el 9% y el 15% de la boleta para los hogares. Sin embargo, al convalidar tanto el precio dolarizado del gas en boca de pozo (el principal insumo de la matriz energética, ya que se usa para la generación eléctrica) como gran parte de los reclamos de las privatizadas (en función de los ingresos que estas requieren para operar), se prepara un nuevo zarpazo contra los consumidores.

Como el Plan GasAr fija un precio en dólares para el gas que extraen las petroleras (muy por encima de lo que se paga en otros mercados), el componente principal de las tarifas seguirá dolarizado. Esto significa que lo que se discute no es cuánto cuesta producir y distribuir la energía, sino cuánto de la rentabilidad de las empresas será pagado por los usurarios y cuánto por el Estado vía subsidios. Lo mismo puede decirse de lo que reclaman las distribuidoras Edenor y Edesur que prestan servicios en Capital y el Conurbano bonaerense, las cuales alegan un déficit superior a los 30.000 millones de pesos. Ni en uno ni en otro caso se conoce cuáles son los costos reales.

En rigor, las audiencias fueron convocadas para establecer un “régimen de transición” por dos años, que incluiría ajustes semestrales en función de las evolución de los costos. Pero precisamente como las privatizadas operan a libro cerrado, la determinación de la variación será fijada por el Estado en función de los reclamos patronales. La primera revisión, casualmente, llegaría después de las elecciones. Por esa vía se habilita un mecanismo para ir trasladando a los usuarios los márgenes de ganancia de los empresarios, que temporalmente serán cubiertos con subsidios estatales. El ajuste está en marcha, incluso si las boletas no suben en un primer momento más del 9%. Lo mismo vale para el 7% decretado por Kicillof. En el interior del país, vale aclarar, los tarifazos en la luz llegan hasta el 37%.

Hay que agregar además que los subsidios que paga el Estado a las petroleras y a las energéticas también son financiados por los usuarios. Sin ir más lejos, el componente impositivo representa un cuarto de las facturas de luz y gas. De hecho, en el caso de la electricidad los porcentajes mencionados se aplicarán sobre una suba previa de al menos un 3% para todo el país, por la suba del impuesto para el Fondo Nacional de Energía Eléctrica. Podemos mencionar también que una parte de los sucesivos naftazos se debe a incrementos de impuestos al consumo de combustibles. En suma, son los trabajadores los que subsidian a las empresas.

Hay además otras vías por las cuales el Estado compensará a las privatizadas. Una de ellas es la condonación de parte de la deuda monumental que las distribuidoras acumularon con Cammesa, la empresa mayorista que despacha la energía eléctrica. Los impagos ascienden a nada menos que 150.000 millones de pesos, y serían cancelados parcialmente como compensación con distintas artimañas. Por otro lado, para eximir a las empresas transportadoras (encargadas de las líneas de alta tensión, como Transener y otras regionales), el Estado se haría cargo de las obras proyectadas -lo cual probablemente derive en la no ejecución de las mismas.

Como lo que cobran las distribuidoras incide solo parcialmente en la boleta final, una suba de tarifas del 9% implicaría una mejora en los márgenes de ingreso para Edenor y Edesur de entre el 25% y el 28%, por un semestre. Las empresas alegan que ello les generará pérdida, pero es un fraude. La integración vertical de los pulpos en toda la cadena de generación, transporte y distribución eléctrica arroja en realidad grandes ganancias a los grupos empresarios que controlan a las distribuidoras. El holding Pampa Energía del Grupo Mindlin (hasta hace poco dueña de Edenor) registró entre enero y septiembre de 2020 ganancias por 7.150 millones de pesos, mientras que el grupo italiano Enel (que integra Edesur) tuvo en esos nueve meses un resultado positivo en más de 2.000 millones de pesos.

Esta cartelización caracteriza todo el esquema energético parasitario que condena a los usuarios a tarifazos, impuestazos y desinversión; e incluso a una mayor inflación, porque las empresas industriales trasladan a los precios finales de sus productos los mayores gastos en energía. Todo el entramado se mantiene intacto por Alberto Fernández, cuyos funcionarios gustan tanto criticar que la política del macrismo solo arrojó superbeneficios para un puñado de empresas. Este gobierno, de rodillas ante el FMI, es incapaz de concretar su promesa de recomponer el poder adquisitivo de los salarios.

Para terminar con esta confiscación al bolsillo popular hay que abrir los libros de las empresas de toda la cadena energética, desde las petroleras hasta las distribuidoras domiciliarias, para determinar cuáles son los costos reales de la producción y provisión de los servicios públicos y adecuar las tarifas a ello. Sería el punto de partida para demostrar además el parasitismo de las privatizadas, y la necesidad de una estatización de todo el sistema bajo control de trabajadores y usuarios, para además de contar con tarifas accesibles poner fin al vaciamiento energético del país. Es un programa transicional para quebrar uno de los pilares del régimen de saqueo de la nación que impera desde hace décadas.