El 15 y 16 de marzo se realizarán audiencias públicas para fijar los aumentos en el servicio de gas. Lo curioso es que se llega a esta instancia con cruces abiertos dentro de la coalición de gobierno en torno a la magnitud de los tarifazos a aplicar, entre el ministro Martín Guzmán planteando subas del 30% y el Enargas pidiendo que no superen el 9%. Estos tironeos reflejan el síndrome de la frazada corta, entre el intento de contener la aceleración inflacionaria (especialmente de cara a las elecciones) y el objetivo de achicar el déficit fiscal (en el cual inciden los subsidios) para allanar un acuerdo con el FMI. Por eso la cuestión tarifaria expresa como pocas las contradicciones de la política económica del gobierno. Para los trabajadores, el punto clave que todas las alas del Frente de Todos tienen como premisa no tocar los beneficios a los pulpos petroleros, responsables del déficit energético del país.

A diferencia de lo que se aplicó en el pasado, esta vez el incremento en las tarifas se abordará de manera desdoblada en dos audiencias diferentes. El lunes 15 de marzo estará a cargo la Secretaría de Energía, y se discutirá qué proporción del precio del gas en boca de pozo (que se le paga a la petroleras por su extracción) se traslada a los consumidores domiciliarios, y cuánto es costeado por el Estado vía subsidios. Al día siguiente será presidida por el Enargas, y se tratarán los incrementos de lo que cobran las empresas transportadoras y distribuidoras, que son las que proveen el servicio a los hogares.

 

El precio del gas en boca de pozo representa casi la mitad de la boleta que pagamos los consumidores, es decir que es el ítem más sensible al bolsillo popular. El resto se compone por lo que cobran las compañías que transportan y distribuyen, y aproximadamente un cuarto de la factura se explica por impuestos de los distintos niveles del Estado. El desdoblamiento de las audiencias es un reflejo de las tensiones internas del gobierno en torno a cuánto deben subir las tarifas, pero permitirá demostrar también el fraude de la “desdolarización” prometida por Alberto Fernández.

Resulta que lo que se paga a las petroleras por el gas extraído ya ha sido fijado con el Plan Gas 4, implementado desde noviembre, el cual implicó un aumento de más del 50% (de 2,2 dólares por millón de BTU a 3,6 promedio). Significa que ese precio está dolarizado, y asegurado por los fondos públicos. La primera audiencia abordará cómo se costea ese beneficio extraordinario, o sea qué parte pagan los usuarios con aumentos y cuánto se cubre con subsidios. Como eso no alcanza para revertir la huelga de inversiones y el desplome de la producción, el gobierno oficializó que importará el récord del 26% del consumo invernal, a precios que oscilan entre los 5 y los 7,25 dólares. Por lo tanto, no hay ninguna desindexación del componente principal de las boletas (y de toda la matriz energética del país) en relación al tipo de cambio.

La apuesta explícita de Martín Guzmán, fijada en el Presupuesto 2021, es que los tarifazos equiparen a la inflación (estimada oficialmente en 29%) y mantener estables los subsidios públicos (en torno al 1,7% del PBI). Es un compromiso para con el Fondo Monetario, que sigue de cerca las cuentas fiscales en las que este rubro incide fuertemente. Pero en vistas del impacto de la aceleración inflacionaria de los últimos meses y de las dificultades políticas con las que el gobierno debe encarar las próximas elecciones legislativas, el kirchnerismo -en el cual reporta interventor del Enargas, Federico Bernal- salió a desmarcarse planteando incrementos que no superen el 9%. Ello, no obstante, sería sin tocar el esquema de altos precios que se pagan a las petroleras.

Si no se reduce el precio del gas en boca de pozo, entonces la esencia del planteo kirchnerista es recurrir a mayores subsidios del Estado, por unos 60.000 millones de pesos más que lo presupuestado según consultoras. Esto no solo complica las metas de ajuste fiscal comprometidas por Guzmán con el FMI, sino que replantea la cuestión de cómo se financia ese gasto. Como no cuentan con los recursos en la caja del Tesoro, las dos opciones que quedan son emitir billetes -lo que recalentaría la inflación-, o un mayor endeudamiento -cuando ya se está cubriendo el déficit fiscal con deuda indexada al dólar o a los índices de precios. Una y otra vía serían gravosas para el pueblo, que además pagará automáticamente mayores impuestos al consumo de gas (porque es un porcentaje de la boleta), en el marco de todo un régimen tributario regresivo.

De esta manera, la segunda audiencia en la que se debatirán las subas para las transportadoras y las distribuidoras está notoriamente condicionada por la primera. La empresa Transportadora Gas del Sur presentó un pedido para aumentar su tarifa un 58%, y Transportadora Gas del Norte un 44%. En el caso de las distribuidoras, Metrogas (controlada por YPF) solicitó incrementos del 58%, y los pedidos del resto de las privatizadas como Camuzzi o Naturgy no bajan del 50%; cifras que representarían subas entre el 15% y el 25% en la boleta total solo por este segmento. Es probable que las empresas reclamen una compensación si no se les permiten esos porcentajes, e incluso amenazan con judicializar el asunto. Si la suba del 9% que Bernal puso como techo se aplica solo a este sector, entonces se sumará al aumento que se traslade por el precio del gas en boca de pozo.

Como sea que resulte, Alberto Fernández aseguró que lo que se debate es apenas un esquema de transición, es decir que después de las elecciones se vendrá el verdadero tarifazo. Como la desdolarización anunciada es una truchada, un salto en la cotización del dólar sumaría más presión aún. El dato incontrastable de toda esta encerrona es que el régimen de estímulos a las petroleras es pagado por las familias trabajadoras. Lo revela ya el sendero de naftazos periódicos que acumulan un encarecimiento del 40% desde agosto, cuando a su vez la recomposición de los precios internacionales del crudo refuerza aún más la presión de los pulpos sobre los combustibles. Agreguemos que los aumentos del gas luego repercuten en los costos de generación eléctrica y por lo tanto inciden en el tarifazo en la luz, el cual regirá desde el 1 de abril.

Lo más destacado es que nada de esto resuelve la huelga de inversiones y el declive de la producción. En 2020 la producción de gas cayó cerca de un 9%, y ni siquiera YPF ha recompuesto los niveles previos a la pandemia. Los anuncios de inversión de la compañía se encuentran por debajo de cualquier año desde 2012 (cuando el Estado pasó a tener mayoría de las acciones). Lo mismo vale para el resto de las empresas, que además por la crisis de deuda del país tienen vedado el acceso al crédito internacional -cuando la explotación no convencional de Vaca Muerta exige grandes desembolsos permanentemente. La reactivación tras el parate por la cuarentena se llevó adelante con menos personal y forzando una mayor productividad mediante la superexplotación obrera. Con todo, la producción actual de gas se ubica un 4,3% por debajo de los niveles de una década atrás, a pesar que desde el primer Plan Gas en 2013 se gatillaron a los pulpos del sector casi 10.000 millones de dólares en subsidios.

Esta declinación es un problema serio para el gobierno, porque agudiza el déficit energético y obliga a importaciones que consumen los dólares que deja el saldo de la balanza comercial. Ello cuando a pesar de los altos precios internacionales de la soja las reservas netas líquidas del Banco Central siguen en terreno negativo -por los pagos de intereses al FMI y las operaciones leoninas para sostener la precaria pax cambiaria. Todas estas contradicciones se descargan sobre los trabajadores, tanto mediante tarifazos o con la transferencia de fondos públicos, para mantener un esquema de ganancias extraordinarias a pulpos petroleros que deriva en una huelga de inversiones. Todo un retrato del régimen de saqueo que impera en Argentina, y que Alberto Fernández perpetúa.

No hay salida a este laberinto dentro de los marcos de una política económica orientada a un acuerdo con el FMI, punto en el que también rige un consenso de todas las alas del Frente de Todos e incluso con la oposición patronal. Las audiencias públicas de marzo, por lo demás, son una simple puesta en escena que no incide en forma alguna en la decisión final sobre las tarifas (lo prueba el servicio eléctrico, que realizará esta instancia un día antes de que entre en vigor el aumento). Para una deliberación real es necesario partir de la apertura de los libros de toda la industria energética, para determinar los costos reales de producción -lo opuesto a los subsidios a libro cerrado que otorga el gobierno. Una medida de ese tipo pondría sobre la mesa el brutal saqueo de que ha sido víctima el país durante décadas.

En definitiva, solo un gobierno de trabajadores puede emprender una alternativa a la extorsión que nos plantean entre tarifazos contra la población y desinversión de la industria energética, procediendo a una nacionalización integral. En lugar de la asociación colonial con los pulpos petroleros y el régimen de privatizadas de los servicios, una industria nacionalizada bajo control obrero podría establecer los precios de las tarifas en relación a los costos locales de producción, sin que ello redunde en una huelga de inversiones. La nacionalización del comercio exterior resolvería a su vez la presión de los precios internacionales sobre los precios internos y pondría un coto a la fuga de las ganancias que embolsan las petroleras, lo que permitiría dirigir los recursos a un plan de inversión energética, indispensable dentro de un plan de desarrollo nacional sobre nuevas bases sociales. Son tareas que recaerán sobre la clase obrera, porque exceden los límites de clase del nacionalismo burgués fondomonetarista que nos gobierna.