A un año del DNU de Milei, la realidad da cuenta que las condiciones de vida de los argentinos se degradaron fuertemente producto del incremento del costo de vida. Es el caso de los alquileres, un mercado que fue liberalizado. Según el Índice de Precios al Consumidor, los alquileres en Gran Buenos Aires se incrementaron un 213,9% con respecto a diciembre de 2023, el doble de la inflación acumulada para el mismo período, que fue del 107%.

Milei derogó la Ley de Alquileres prometiendo que si se eliminaba la injerencia del Estado en la reglamentación de los contratos iba a aumentar la oferta de alquileres y se iban a reducir los precios. Pero su política solo significó luz verde para que las inmobiliarias impongan a su antojo –o sea, con la mira puesta en obtener una rentabilidad alta– los precios y las condiciones bajo las cuales los inquilinos firman los contratos.

Una encuesta de Inquilinos Agrupados de septiembre de 2024 reveló que, en CABA los/as inquilinos/as con contratos iniciados en el año 2024 bajo el DNU 70/2023 pagan aproximadamente hasta un 35% más que aquellos que comenzaron en el marco de la Ley de Alquileres. En promedio, 7 de cada 10 inquilinos/as que firmaron sus contratos luego del decreto tienen aumentos mensuales o cada 3-4 meses. Conforme con eso, 1 de cada 4 inquilinos/as tuvo que mudarse en los últimos 3 meses por no poder afrontar el precio del alquiler.

Además, el informe indica que, en septiembre de este año, el 44,5% de los ingresos de los hogares inquilinos encuestados se destina a pagar el alquiler más las expensas, sin considerar impuestos y tarifas de servicios públicos. En el caso de aquellos alquileres que iniciaron después de la entrada en vigencia del DNU 70/2023, la incidencia del gasto de alquiler de la vivienda en el presupuesto del hogar asciende al 49,8%.

Que la población destine la mitad de sus ingresos a pagar un alquiler, y aún así no pueda garantizarse un techo por más de unos meses, es producto de los incrementos arbitrarios y usurarios de los mismos, pero también de la pulverización sistemática del poder adquisitivo, consecuencia de las paritarias a la baja, los tarifazos y los impuestazos permanentes, eso lo confirma el hecho de que 7 de cada 10 inquilinos son trabajadores formales en relación de dependencia.

La mayor parte de los trabajadores del Estado deben destinar un 31,46% de su salario ($964.620) para pagar el alquiler de un monoambiente en CABA. La situación es aún peor en el caso de los jubilados, puesto que la jubilación mínima hoy se ubica en $259.598,76, mientras el precio promedio para un monoambiente en CABA es de $307.033,82.

Es por eso que, según la misma encuesta, el 64,6% de los hogares inquilinos encuestados tiene deudas de algún tipo actualmente que son utilizadas para pagar alimentos y tarjetas de crédito, de los cuales el 48% de está atrasado con el pago. La situación es insostenible.

En este marco, el déficit habitacional alcanza a más de 3,2 millones de hogares. Del total, el 35,46% corresponde al déficit cuantitativo (falta de viviendas) y el  64,55 al cualitativo (viviendas en pésimas condiciones). Uno de cada tres hogares inquilinos vive en condiciones de hacinamiento.

Para salir de esta crisis es necesario, terminar con la licuadora que el gobierno aplica sobre los ingresos de los trabajadores y luchar por una recomposición salarial. A su vez, es necesario implementar un impuesto progresivo sobre la vivienda ociosa, suspender los desalojos, urbanizar las villas y asentamientos, y establecer un precio para los alquileres que no supere el 10% del salario. Que los especuladores inmobiliarios vayan a laburar. Solo un gobierno de trabajadores puede llevar adelante estas medidas.

La CGT: pilar de la gobernabilidad de Milei

Editorial de Gabriel Solano en el episodio #35 de 14 Toneladas. –

prensaobrera.com