Políticas
5/11/2024
El déficit habitacional supera los 3,2 millones de hogares
Otra cara de la Argentina donde la tierra es para los Elztain y los Lewis.
Seguir
Crisis de vivienda.
Según un informe de la Fundación de Tejido Urbano más de 3,2 millones de hogares padecen déficit habitacional en la Argentina. El 35,45% de ese número corresponde a la falta de viviendas y el 64,55% al hacinamiento, problemas en la calidad de la vivienda o ausencia de servicios básicos.
Esta es la contracara de un país donde más de la mitad de la población es pobre producto de la pulverización de sus ingresos. El ajuste fiscal, las permanentes paritarias por debajo de la inflación y los incrementos de las jubilaciones por debajo de ese índice licuaron el salario y los haberes previsionales, los cuales ya venían siendo destruidos.
Ya ni siquiera hablamos de la posibilidad de acceder a un crédito hipotecario, esto inviabiliza cualquier tipo de intención de trabajadores y jubilados de poder afrontar un alquiler mínimo, cuyo precio equivale a más de medio salario promedio de un trabajador registrado e incluso muchos están en dólares. Un monoambiente en Capital Federal vale alrededor de $400.000 + expensas, mientras el sueldo de un trabajador registrado del Senado, de una categoría baja, es de $900.000, por citar un ejemplo. Ni hablar de aquellos trabajadores no registrados, quienes perciben un salario mucho menor y son mayoría en el país.
En paralelo, mientras los ingresos de la población continúan destruyéndose, los precios de los alquileres no hacen más que subir, sobre todo luego de la eliminación de la Ley de Alquileres. Este cuadro además se ve fuertemente atizado por la especulación inmobiliaria, donde las propiedades se dejan vacías y son utilizadas como reservas de valor, las cuales presionan sobre los precios de los alquileres.
En este contexto, la única opción para las familias trabajadoras en vivir en condiciones de hacinamiento (donde una vivienda alberga a más personas de las que debería) o en villas de emergencia, con construcciones que no cumplen los requisitos para ser habitadas, poniendo en riesgo la salud, la integridad física y hasta la vida de sus habitantes. En muchos casos se cumplen ambas cosas.
A esto se agrega la carencia de servicios básicos, como agua potable y alcantarillado, sobre todo en áreas rurales, producto de la falta de obras públicas. Esto se enmarca en una política de ajuste sistemática que todos los gobiernos nacionales y provinciales le hacen pagar a la población, pero se profundiza fuertemente con el brutal ajuste que actualmente lleva adelante el Ejecutivo.
El gobierno nacional redujo drásticamente, por ejemplo, los recursos destinados al Fondo de Integración Socio Urbana (Fisu) y con ello parte del presupuesto destinado a la urbanización de villas y “barrios populares”. Lo hizo escudado en los nulos avances de la urbanización bajo el Frente de Todos.
La crisis habitacional viene creciendo durante todos los gobiernos y esto a su vez dio lugar a procesos de recuperación de tierras y al asentamiento de miles de familias en terrenos no urbanizados, muchos de ellos no aptos para vivir. Tanto antes como ahora se sigue desalojando a las familias sin techo de dichos terrenos para preservar los intereses de la especulación inmobiliaria, sin ofrecer alternativa alguna.
El programa del gobierno atenta contra el derecho a la vivienda de la población, por eso se tiene que ir. Este sábado el Partido Obrero llevará adelante un acto en Parque Lezama a las 16hs bajo la consigna Fuera Milei, participar de la jornada es ir a defender un programa que asegure el derecho a la vivienda del conjunto de la población y luchar contra el gobierno y sus cómplices.
Solo los trabajadores vamos a poder imponer medidas para combatir la crisis habitacional, como aplicar un impuesto progresivo y permanente a la vivienda ociosa; suspender los desalojos; urbanizar villas y asentamientos bajo control de los vecinos y regular los precios de los alquileres en un cálculo que contemple una franja de costo por metro cuadrado junto con una recomposición salarial de los trabajadores, que eleve el salario mínimo a la canasta básica y establezca aumentos salariales indexados a la inflación mensual.