Políticas
3/6/2026
Después de la tragedia de San Cristobal: continúa la desprotección de las niñeces y adolescencias
Se asienta en la precariedad laboral.
Seguir
Pobreza.
En Santa Fe, las políticas destinadas a la protección de niñas, niños y adolescentes se despliegan en un escenario atravesado por la precariedad: políticas sociales vaciadas, trabajadores en situación de desprotección y una respuesta estatal que oscila entre desresponzabilizarse y el endurecimiento punitivo. Esta situación se agrava en territorios atravesados por la descomposición social y el avance del narcotráfico, que crece al ritmo de la crisis económica y de la complicidad estatal.
Los trabajadores de las áreas de niñez de la ciudad de Rosario, tanto en el nivel municipal como en el provincial, se encuentran en estado de alerta. Los mismos denuncian salarios bajos, contrataciones flexibles, desestimación del criterio profesional y trabas en la implementación de medidas de protección de las infancias, incluso en situaciones de extrema vulneración de derechos. A esto se le suma los problemas estructurales y de funcionamiento de las residencias dispuestas para alojar a niños, niñas y adolescentes cuando deben ser separados de sus familias.
Cada vez que un trabajador debe abandonar su tarea por las condiciones de su trabajo, niños y niñas con los que ha formado un vínculo profesional y afectivo son expuestos a un nuevo abandono. Estos hechos significan una violación a las leyes dispuestas para la protección integral de niñas, niños y adolescentes, que padecen una doble vulneración: la que padecen por las condiciones de la pobreza estructural y la que desandan sobre ellos las lógicas institucionales.
La precariedad no es un problema sectorial, sino estructural. Ejemplo de ello es la respuesta nula ante el agravamiento de la violencia en las escuelas. Contexto en el cual el ministro de Educación, José Goyti, señaló que resulta “milagroso” que la tragedia de San Cristóbal no se haya replicado en otras instituciones. No obstante, Goity negó la relación de estos eventos con el deterioro de la salud mental de los jóvenes y el aumento de los problemas de consumo y planteó la imposibilidad de realizar un correcto abordaje por la falta de recursos del Estado.
La responsabilidad por el problema y su resolución queda desplazado hacia las familias y los docentes y, en el caso de que estos actores fracasen, el gobierno va por medidas de persecución, como multas millonarias contra familias empobrecidas y “ciberpatrullajes” para el control de la actividad de los adolescentes. Para el castigo los recursos no escasean.
En un contexto general de desfinanciamiento de la educación y crisis educativa, el panorama no tiene horizonte de mejoras con docentes trabajando a destajo para llegar a fin de mes, al igual que los profesionales de los equipos socioeducativos, a lo que se suma una sobrecarga de trabajo frente al aumento de situaciones de abuso, descuidos y abandono.
En este contexto se vuelve necesario levantar un programa de salida que parta de las necesidades de los trabajadores y de las infancias y adolescencias, y no de las “restricciones presupuestarias” que acusa el Estado.
En primer lugar, es fundamental el pase a planta permanente de todos los trabajadores, sin excepciones, terminando con el fraude de los convenios y contratos precarios. A igual tarea, igual salario y plenos derechos laborales, poniendo fin a la arbitrariedad con la que hoy se manejan funcionarios y áreas administrativas. Para esto es necesario avanzar en la organización desde abajo de los trabajadores, mediante asambleas y procesos de autoconvocatoria que permitan superar la fragmentación actual y enfrentar tanto al Ejecutivo, como a la burocracia sindical, cómplice de esta precarización a lo largo de estos años.
En ese camino, resulta clave impulsar la unidad con otros sectores precarizados del municipio y la provincia, así como con trabajadores de salud y educación, que enfrentan ataques y desafíos similares.
La defensa de sus puestos de trabajo y de las condiciones laborales está directamente ligada a la defensa de una política social al servicio de las mayorías trabajadoras y no del ajuste dictado por los gobiernos y el FMI.
