La recta final de la campaña electoral hacia las Paso estuvo marcada por planteos contra los derechos laborales, con especial énfasis en la eliminación de la indemnización por despido, que es una conquista y un derecho que tiene casi 100 años. La propuesta antiobrera –presentada incluso bajo la forma de proyectos de ley- fue impulsada por distintos dirigentes de Juntos por el Cambio que, en su lugar, proponen implantar un “seguro de garantía” que lo pagaría el Estado y cobraría el obrero que sea despedido durante una cantidad de meses equivalente a la de años trabajados, en tanto no consiga otro empleo ya que, en ese caso, cesaría automáticamente la recepción del beneficio.

No solo liquida el cobro de la indemnización en una sola cuota al momento del despido y la cambia por cuotas mensuales limitadas, sino que hace desaparecer la obligación de pagarle al trabajador el resto de los derechos que le corresponden, como los preavisos y el mes en curso, entre otros. Y atacaría al conjunto de los trabajadores estatales y privados, incluidos los que están bajo regímenes especiales, que suelen tener indemnizaciones mayores a las del régimen general, en lo que supone una ofensiva antiobrera muy profunda, que forma parte de los planteos de distintos sectores de la burguesía, de avanzar en una “amplia reforma laboral” que termine con otras conquistas laborales históricas.

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en los días previos a las Paso, lanzó este planteo de cambiar la indemnización por un seguro, que tiene similitudes con el régimen que les fue impuesto hace años a los obreros de la construcción. En el mismo sentido, Martín Tetaz, candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio, afirmó –con más claridad, si cabe- que los patrones “tienen que contratar y despedir cuando se quiera”.

Por su parte, Ricardo López Murphy, también candidato de la coalición opositora y famoso porque hace justo 20 años duró 15 días como ministro de Economía por la resistencia que generó su paquete de medidas antiobreras y contra la salud y la educación públicas, anunciado apenas asumiera, reclamó una “nueva ley laboral” que permita “contratar y despedir con más facilidad”. Previamente, José Luis Espert, el candidato bonaerense de la derechista Unite, había propuesto lo mismo: que se eliminen las indemnizaciones por despido.

Hace pocas semanas, el diputado nacional del PRO por Tierra del Fuego, Héctor Stefani, presentó un proyecto en la Cámara de Diputados -cofirmado por otros legisladores como Fernando Iglesias, Jorge Enriquez, Omar de Marchi y el radical Federico Zamarbide- que va en línea con el planteo de Larreta.

Con el objetivo explícito de “reducir los costos laborales que rigen actualmente en el país”, es decir reducir aún más los ingresos de miseria que hoy cobran los obreros argentinos, en este caso al ser despedidos, propone el reemplazo de las indemnizaciones por un Seguro de Garantía administrado por la Anses, que otorgaría al trabajador un ingreso mensual equivalente a su último salario, a razón de un mes por año de antiguedad. Por ejemplo, alguien que laboró durante seis años tendría derecho a percibir seis cuotas mensuales, que incluso pueden ser menos, en caso de que el despedido se reinserte previamente en el mercado laboral, porque entonces dejaría de percibir las cuotas del “seguro”.

Como un dulce para hacer pasar este proyecto antiobrero, el texto plantea que las cuotas del seguro no cobradas son “acumulables”, o sea que, al cambiar de empresa, el trabajador se lleva consigo los años de aportes realizados y los meses que le correspondía cobrar, que los recibirá si lo despiden en el nuevo empleo. Una concesión con dinero ajeno ya que sería sin costo para la patronal porque sería un fondo en manos del Estado, que sería el responsable de pagar las cuotas del seguro.

Este se financiaría con aportes obreros y un porcentaje mínimo y fijo sobre los salarios por parte de las patronales, que rápidamente podría ser licuado por las empresas. Y el Estado actuaría como garante del cobro y de que aquel se ajuste por inflación, a diferencia de la actualidad, en que corresponde exclusivamente a la empresa el pago de la indemnización.

Es decir que la patronal dejaría de tener todo tipo de responsabilidad de pago por despido, lo que le deja las manos libres para reducir la plantilla de personal todas las veces que le resulte conveniente y eventualmente también para atacar (despedir) al activismo y golpear con mayor impunidad a la organización de los trabajadores en las plantas.

La medida propuesta abarcaría al personal del Estado nacional, de las sociedades estatales y del sector privado. El texto no lo aclara, pero presumiblemente alcanzaría también a los regímenes especiales –que suelen tener indemnizaciones aún mayores a las del régimen general-, ya que el objetivo declarado por distintos impulsores de la medida, es terminar con todo tipo de indemnización por despido, es decir que se trata de una iniciativa que iría muy a fondo en la liquidación de conquistas laborales.

Otro aspecto que se pretende liquidar es el de los demás derechos que tiene el trabajador despedido, como, por ejemplo, el de los meses de preaviso (hoy, en algunos casos, llegan hasta cuatro), y el del mes en curso, que serían reemplazados por el pago del primer mes posterior al despido por parte del empleador.

El proyecto, hecho a medida de los capitalistas, asegura que de esta manera se podrían generar más puestos de trabajo, dado que el empleador tendría mayores incentivos para contratar. Pero en realidad, lo que la reforma facilitaría son las cesantías, dado que despedir no supondría ningún costo para la patronal, con lo cual se precarizaría aún más la fuerza de trabajo, ya que virtualmente desaparecería todo tipo de estabilidad en el empleo.

Las centrales sindicales y algunos referentes del Frente de Todos salieron a cuestionar esta iniciativa legislativa de la derecha, pero la agenda contra los derechos laborales también envuelve a los acólitos del gobierno nacional. El empresario textil Teddy Karagozian, votante del oficialismo, promueve un proyecto casi idéntico al del PRO, comparando al seguro con una “mochila” que se lleva el trabajador de empleo en empleo.

Dos exponentes de la burocracia sindical y soportes del gobierno, Antonio Caló y Gerardo Martínez (UOM y Uocra, respectivamente), se mostraron abiertos a “discutir cambios laborales”, en el reciente Congreso de la Producción y el Trabajo, en que participaron funcionarios e industriales. El primero declaró al diario El Cronista que “hay que adecuar los convenios colectivos” (26/8). Armando Cavalieri, el burócrata de comercio, esgrime por su parte la necesidad de una reforma laboral (La Nación, 4/9).

Todos estos planteos requieren que el movimiento obrero se ponga en alerta. Es un ataque a fondo contra esta conquista elemental de defensa de la estabilidad en el trabajo. No debe pasar. La burguesía de conjunto prepara una ofensiva contra conquistas históricas de los trabajadores.

Frente a la agenda de la clase capitalista y sus partidos, el Frente de Izquierda – Unidad plantea la defensa de los convenios colectivos de trabajo, la prohibición de los despidos y un salario igual a la canasta familiar y la defensa de todas las conquistas alcanzadas con años de lucha de la clase obrera.