27/08/2021

Congreso de la Producción y el Salario: la reforma laboral con apoyo de la burocracia sindical

De la convocatoria participaron funcionarios del gobierno, empresarios y dirigentes de gremios industriales.

Las declaraciones de quienes participaron el día de ayer en el Congreso de la Producción y el Salario son elocuentes respecto de la finalidad de dicha convocatoria. Como habíamos señalado en Prensa Obrera, el encuentro entre funcionarios del gobierno nacional, cámaras empresarias y dirigentes de los sindicatos industriales perseguía el objetivo de impulsar mesas sectoriales para «revisar» convenios colectivos de trabajo, ergo, añadirles cláusulas de flexibilización.

Dos de los presentes, los sindicalistas Antonio Caló (UOM) y Gerardo Martínez (Uocra), expresaron estar “abiertos a discutir cambios laborales”. Caló, por su parte, agregó que “hay que adecuar los convenios colectivos” (El Cronista). De este modo, los burócratas sindicales tomaban como propia la agenda de las patronales, centrada en la reforma laboral.

Las conducciones sindicales burocratizadas y los partidos patronales -tanto el oficialismo como la oposición- se hacen eco del discurso de la clase capitalista que sostiene que para lograr un crecimiento económico es necesario reducir el costo laboral, es decir, lo que pagan los empresarios en salarios, jubilaciones y cargas sociales. Se trata de una idea falsa, ya que avanzar en ese sentido solo apunta a recomponer la tasa de ganancia de los capitalistas a costa de aumentar la tasa de explotación de la fuerza de trabajo, pero no asegura por sí mismo el crecimiento económico.

En ese sentido, el optimismo gubernamental acerca de la recuperación de la industria hay que matizarlo con los últimos datos que indican una caída de la producción industrial del 2,2% en julio 2021 con respecto al mes anterior, según un informe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas.

A su vez, es preciso mencionar que el costo laboral viene en caída en el país, sin ir más lejos, en el primer trimestre del año se redujo un  3,76%  la participación de los salarios en la economía, mientras que el excedente de explotación bruto aumentó un 5,06%, en términos interanuales según el Indec. Al mismo tiempo, un estudio elaborado por el Instituto Pensamiento y Políticas Públicas, que asocia los datos del PBI con la información de la EPH del Indec del primer trimestre 2021, arroja que en Argentina, en promedio, el trabajador termina de crear el valor equivalente a su salario en 1 hora y 45 minutos de la jornada laboral, mientras que el valor que crea en las 6 horas y 15 minutos restantes se lo apropia el empresario.

Sin embargo, esta tasa de explotación altísima no ha revertido el estancamiento económico. Aquí queda desmentido el planteo empresarial sobre que reducir el costo laboral es condición necesaria  para el desarrollo económico; por lo tanto, no es cierto que los trabajadores deban renunciar a sus derechos para que avance la creación de empleo.

Por otro lado, el aumento de la actividad económica de julio 2021 con respecto a julio 2020 del 14,3% se produjo utilizando menos personal, es decir, sobre la base de una mayor explotación obrera. En palabras del ministro Guzmán, ayer en el evento, en mayo 2021 aumentó tan solo un 1,6% el empleo registrado en relación a mayo del año pasado. Es decir, ni barrer con las condiciones laborales de la clase trabajadora implica un crecimiento económico, ni un repunte de la actividad es sinónimo de creación de puestos de trabajo.

Como hemos mencionado, el objetivo de la clase capitalista no es bregar por el interés general, sino recomponer su rentabilidad. Para eso, intenta liquidar los convenios colectivos que han conquistado los trabajadores a través de la lucha. Flexibilizar las condiciones, imponiendo el alargamiento de la jornada laboral, la intensificación del ritmo de producción, la polifuncionalidad, el salario a destajo y formas de contratación eventual que no garantizan estabilidad; todo eso beneficiaría sin dudas los balances de los capitalistas, pero el hecho de que la degradación de las condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera sean una condición para tal fin es propio de un capitalismo decadente, parasitario, que se ha convertido en un obstáculo para desarrollar las fuerzas productivas.

En esta orientación avanza el oficialismo, con el aliciente de que las «reformas estructurales» forman parte de la hoja de ruta indicada por el FMI como requisito para llegar a un acuerdo, lo cual es una prioridad para el gobierno. Así las cosas, la demagogia electoral de integrantes del Frente de Todos, como Yasky y Palazzo, sobre la reducción de la jornada laboral, queda en ridículo frente a que el conjunto de la política oficial va en dirección contraria. Los hechos demuestran que no existe en el horizonte gubernamental ninguna intención de ampliar los derechos de los trabajadores y cuestionar el control patronal sobre los ritmos de producción, sino al revés, todas sus políticas apuntan a promover mayores tasas de explotación a pedido de los capitalistas.

No solo la reforma laboral fue materia de discusión en el congreso, sino también las rebajas impositivas para sectores patronales. Allí tomó la palabra José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales y vocero de la Agroindustria, planteando que “tenemos que trabajar en conjunto para ver si podemos reducir la carga tributaria y sobre todo no pensar en nuevos tributos” (Infobae, 27/8). Se trata de un sector que ya recibe por parte del Estado un sinnúmero de beneficios fiscales, como la exención del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono para la fabricación de biocombustibles y la devolución del IVA y amortización adelantada de Ganancias.

No obstante, el gobierno le prometió al capital agrario una Ley de Agroindustria con mayores prebendas, la cual seguramente estuvo incluida en el temario del congreso. Lo anterior va en sintonía con las últimas leyes enviadas al parlamento por el Ejecutivo, que disponen un conjunto de ventajas tributarias para las automotrices y las petroleras, sin que eso redunde en una mayor inversión por parte de las empresas ni un avance para los trabajadores. Ocurre que Alberto Fernández le otorga concesiones principalmente a los empresarios de aquellas ramas que tienen incidencia en la balanza comercial del país, ya que su principal preocupación es preservar las divisas para destinarlas en el pago de la deuda. Esta subordinación al gran capital acentúa el saqueo a los fondos públicos y a las reservas del Banco Central, y son los sectores populares quienes pagan las consecuencias de esta política de entrega.

Estos grupos capitalistas reclaman, además, el levantamiento del cepo como condición para supuestamente acrecentar sus inversiones en el país. Lo cierto es que las compañías aspiran a una mayor libertad cambiaria, no para reinvertir sus ganancias en suelo local sino para girarlas al exterior, profundizando la fuga de capitales. Sin duda alguna, es el Estado el primero en promoverla a través del rescate sistemático de la deuda externa. Por lo tanto, la atención no debería estar puesta en el costo laboral sino en el costo empresario y sus prácticas parasitarias.

Desde el Frente de Izquierda Unidad defendemos una perspectiva opuesta a los planteos vertidos en Congreso de la Producción y el Salario. Ponemos por delante los intereses del pueblo trabajador, priorizando un salario mínimo y jubilación mínima igual a la canasta familiar, la prohibición de los despidos y suspensiones, la reducción de la jornada laboral a partir del reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario para que no haya desempleo y paritarias sin techo indexadas a la inflación. Resulta fundamental organizarnos en cada lugar de trabajo por todos estas reivindicaciones y para defender los convenios colectivos.

A fin de cuentas, solo un programa de salida a la crisis por parte de los trabajadores puede garantizar el desarrollo nacional. Se debe dar lugar a planes de vivienda que empleen mano de obra desocupada bajo convenio a fin de reactivar la economía. También es preciso romper con el FMI, repudiar la deuda usuraria y nacionalizar los recursos estratégicos -banca, comercio exterior, industria energética- para dirigir el ahorro nacional a industrializar el país, generar trabajo genuino y dar respuesta a las necesidades sociales. Necesitamos de este plan integral para defender nuestras conquistas y que esta vez la crisis la paguen los capitalistas.

 

             

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