En los próximos días, el gobierno presentará en el Congreso Nacional el proyecto de ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas. El mismo supone un conjunto de beneficios impositivos y mayor libertad cambiaria para los pulpos petroleros, con el objetivo de superar la “huelga de inversiones” que persiste en el sector y reducir el déficit energético.

Se trata de un reclamo de larga data por parte de las multinacionales que explotan los hidrocarburos del país y de la “estatal” YPF que concentra el 55% de participación en las ventas. De esta forma, el gobierno autoriza a las petroleras, que incrementen su producción, a exportar a partir del 20% de ese incremental y quedarse con el 50% de las divisas que se generen a través de las ventas al exterior.

La línea base sobre la cual se calcula el incremental es la que resulte mayor entre 2019 y 2020 o entre abril 2020 y mayo 2021. Si la empresa aumenta su producción entre un 10% y un 30% podrá exportar el 30% del incremental; si produce entre un 30% y un 50% más, tiene la posibilidad de exportar hasta un 40% de esa diferencia; y si incrementa la producción por encima del 50%, dicha compañía podrá exportar con contratos interrumpibles.

Por otra parte, la legislación contempla una serie de exenciones impositivas para las petroleras. En primer lugar, mantiene retenciones entre un 0% y 8% y establece que no podrán superar ese porcentaje. Luego, dispone que los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono ya no tendrán una suba trimestral indexada a la inflación, sino que los aumentos se regirán por alícuotas porcentuales sobre el precio de venta; con lo cual, el “alivio fiscal” es evidente considerando el cuadro inflacionario.

A su vez, el texto en cuestión plantea una reducción del 80% de los aportes patronales en los primeros años para las empresas que contraten mujeres o personas TTNB. Además, contiene un beneficio fiscal extra para inversiones en proyectos especiales, como por ejemplo, el almacenaje subterráneo de gas natural. Sumado a esto, “con el 2% de los derechos de exportación se crearán fondos con asignación específica para promover la inclusión laboral con perspectiva de género y también para premiar los proyectos con menor impacto ambiental” (El Cronista, 20/8), es decir, parte de lo que pagan las empresas de hidrocarburos por retenciones, el Estado se lo devuelve por otra “ventanilla” utilizando pérfidamente la excusa de la perspectiva de género y defensa del ambiente. A su tuno, el gobierno hace mención a los “proyectos sustentables” como una cobertura, ya que lo que impera es la subvención estatal al fracking, de alto impacto ambiental.

“La idea es financiar becas para carreras de grado afines a la demanda de empleo del sector energético” (La Nación, 20/8). Así expresado da la idea que es el Estado utilizando parte de la recaudación tributaria vía retenciones petroleras para financiar la formación de la mano de obra de estas empresas o bien pagar parte del sueldo de sus pasantes. A todas luces, las ventajas que ofrece esta ley a las patronales hidrocarburíferas son incalculables.

Por otro lado, el proyecto de ley institucionaliza el Plan Gas, es decir, el precio sostén dolarizado del gas en boca de pozo, el cual no guarda relación con los costos reales de producción, no obstante, encarece toda la cadena energética dando lugar a subsidios millonarios provenientes de las arcas del Estado y un esquema interminable de tarifazos. Como se ve, la nueva normativa vendrá a perpetuar este régimen de saqueo.

Déficit energético

Con esta ley el gobierno aspira a resolver el déficit energético con el que carga el país desde 2011. Sucede que como la producción local no alcanza para abastecer al mercado interno, se destina anualmente un promedio de 2.500 millones de dólares en la importación de gas. Este año, durante los primeros siete meses el gasto fue de 3.000 millones de dólares, un 75% más que en el mismo período del 2020.

Por lo tanto, el oficialismo busca revertir esta sangría de divisas, fomentando las inversiones y las exportaciones de hidrocarburos, en función de preservarlas para el pago de la deuda al FMI. Es decir, la política gubernamental en materia energética no está en absoluto orientada al desarrollo nacional, sino a congraciarse con el capital financiero internacional.

Las contradicciones de este rumbo fondomonetarista saltan a la vista cuando reparamos que, para evitar la salida de dólares por una vía se habilita la fuga de capitales a través de la libre disponibilidad de divisas para las petroleras, las cuales no serán reinvertidas en el país sino giradas a las casas matrices. Como vemos, el gobierno pretende apagar el fuego con nafta y esto responde a la “sábana corta” producto de la bancarrota nacional y la crisis capitalista. El impasse descripto es lo que explica que recién ahora el gobierno vaya a presentar una ley de Hidrocarburos, anunciada por Alberto Fernández a fines de 2019 en campaña electoral.

Por otra parte, nada indica que este nuevo “cheque en blanco” para los monopolios petroleros redunde en una mayor inversión. Han abundado las concesiones a este sector por parte de los sucesivos gobiernos durante la última década, sin embargo, como hemos mencionado, las empresas no han incrementado su producción en los niveles necesarios para obtener una autonomía energética en el país.

Ni el pacto entreguista YPF-Chevron en 2013, durante la presidencia de Cristina Kirchner, ni la flexibilización del convenio petrolero en el gobierno de Macri, ni las cuatro ediciones del  “Plan Gas” que han tenido lugar desde 2013 a esta parte -que establecen un precio sostén dolarizado por millón de BTU- han cumplido con el objetivo de terminar con la “huelga de inversiones” en las cuencas petroleras. Nada de todo esto ha implicado ningún ahorro para el país, ya que todos los inviernos es necesario destinar dólares para la importación de gas.

Estas políticas solo han generado un retroceso en los derechos laborales de los trabajadores petroleros y la erogación de subsidios millonarios para financiar el alto costo del gas en boca de pozo. A su vez, el encarecimiento de la extracción del mismo estipulado por el Plan Gas es la razón de los sucesivos aumentos en la boleta de gas, en el precio de la garrafa, del GNC y de los combustibles; así como también es causante del aumento de la factura de la luz, ya que la producción de energía eléctrica utiliza gas como insumo. Además, como el precio sostén del gas está atado al dólar, una devaluación de la moneda provocaría un enorme descalabro.

Solo en el 2021, el Estado nacional lleva gastados 6.000 millones de dólares en subsidios energéticos, sin embargo, los niveles de inversión y producción apenas superan los del 2020 y continúan por debajo de los de 2019. Incluso, la “reactivación económica” pospandemia en el campo de los hidrocarburos se lleva adelante con dotaciones de menos trabajadores, es decir, sobre la base de una mayor explotación de la fuerza de trabajo.

Veamos las cifras: hasta junio 2021, la producción de petróleo en Argentina fue de 13.109.574 m3; en el mismo período del 2020 fue de 14.411.886 m3 y en los primeros seis meses de 2019 la misma fue de 14.621.788 m3. En el caso del gas, la producción del primer semestre 2021 fue de 23.130.976 mm3, la del mismo período en 2020 fue de 22.807.316 mm3, y, la del primer semestre 2019 fue de 24.090.350 mm3. Para todo el 2021 las empresas de hidrocarburos comprometieron una inversión de 5.247 millones de dólares en exploración, mientras que la inversión anual promedio en el período 2012-2019 fue de 7.500 millones de dólares (Ámbito, 13/5 y 19/7).

Ante esta realidad, es difícil pensar que nuevos beneficios a las petroleras, como los que plantea la ley de Hidrocarburos, solucionarán la crisis energética. Lo que sí es seguro, es que la iniciativa traerá aparejado un mayor drenaje de los fondos públicos y las reservas del Banco Central, junto con la cristalización de un régimen de subsidios a los pulpos petroleros y tarifazos permanentes contra el bolsillo popular.

Una salida de los trabajadores

Para poner fin a este régimen de entrega al cual tributan todos los gobiernos es necesario avanzar en la apertura de los libros de toda la cadena energética para evaluar los costos reales de producción, transporte y distribución. A su vez, se deben nacionalizar bajo control obrero los hidrocarburos para que estos recursos dejen de ser fuente de saqueo por parte de las empresas petroleras y sean utilizados en un plan de industrialización nacional que genere puestos de trabajo genuino.

Estas medidas forman parte de un programa integral al servicio de un interés mayoritario, el cual también contempla la ruptura con el FMI, el repudio de la deuda usuraria y frenar la fuga de capitales a través de la nacionalización bajo control obrero de la banca y el comercio exterior. Esta es la perspectiva que defendemos desde el Frente de Izquierda Unidad para lograr una salida a la crisis por parte de los trabajadores.