28/04/2021

Dos de cada tres chicos que recibe la AUH quedan afuera de la ayuda alimentaria

Crece la pobreza y la desnutrición entre los chicos y adolescentes.

Willy Monea Ojo Obrero Fotografía

El gobierno nacional ha hecho de la Tarjeta Alimentar una de sus principales banderas en materia de asistencia alimentaria a las familias más necesitadas y principalmente a la niñez: sin embargo, el 64% de los menores de 18 años no accede a estos recursos, o, en algunos casos, sus hermanos/as menores deben compartirle su parte.

Es que de un universo de 4,4 millones de niños contemplados bajo la Asignación Universal por Hijo, solo 1,6 millones se encuentra en el alcance de hasta 6 años de edad, que establece el Estado como límite a la percepción del beneficio.

Un reciente informe del Consejo de Políticas Sociales, dependiente de la Presidencia de la Nación, intenta realizar un análisis más indulgente al señalar que de los 2,8 millones de niños y adolescentes entre 7 y 17 años un 40% de ellos compartiría hogar –y Tarjeta Alimentar- con algún/a hermano/a o familiar menor.

Esto da cuenta de una crisis alimentaria profunda, considerando que, dependiendo la composición familiar, los ingresos de la Tarjeta Alimentar -$6.000 en caso de un solo niño y $9.000 para dos o más, siempre en edad- deben compartirse con los “niños-adultos”, los cuales en un 60% siquiera pueden acceder a esta posibilidad a falta de integrante “menores” en sus familias.

De entre los no cubiertos, de ninguna manera, por esta política alimentaria, un 30% son considerados indigentes y otro 47% vive en hogares pobres no indigentes.

Según estos datos del gobierno, acceder a un beneficio alimentario puede ser similar a una lotería: todo depende de la composición de la familia que a uno le haya tocado.

Crisis de (des)nutrición

Pero no se trata solo de una cuestión de pertenecer o no a los beneficiados, directa o indirectamente, sino que la precariedad de este sistema está generando estragos en la nutrición adecuada de los niños y niñas.

Un relevamiento realizado por el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci), en todo el país, destaca un crecimiento de la malnutrición en los distintos estratos etarios de la niñez y adolescencia.

Comparando registros del 2019 e informes actuales, las estadísticas finales determinan un crecimiento de la malnutrición en niños de entre 2 y 6 años del 27,4 al 32,4%; de 6 a 10 años, de 42,8 a 49,1%; de 10 a 18 años, de 40,4 a 46,4%. Para el caso de niños en edad lactante (0 a 2 años), las cifras pasan de 26,1 a 28,4%.

Todos los indicadores denotan un crecimiento de la pobreza y el hambre bajo el gobierno de Alberto Fernández.

El gobierno se ampara en que aquellos chicos que no reciben la Tarjeta Alimentar serían beneficiarios de la asistencia alimentaria de las escuelas, la cual también ha sido cuestionada en recientes informes, señalando que durante la pandemia la mitad de los establecimientos dejaron de entregar los alimentos y que los restantes se convirtieron en bolsones escasos de mercadería de bajo contenido nutricional.

El reciente “aumento” del salario mínimo agudiza esta deficiencia, ya que cientos de miles de trabajadores precarizados dependen de los magros ingresos del programa Potenciar Trabajo, para llevar el plato de comida a sus casas. El aumento del 35%, en siete cuotas, implica una pérdida del 16,8% en el poder adquisitivo de estos programas: menos alimentos para los niños.

A su vez, el gobierno nacional ha cortado gran parte del suministro de alimentos a los comedores populares y transformado parte de la asistencia directa en giros de dinero, de menor cuantía a las provisiones recortadas y en el medio de un mercado de alimentos que mantiene el Índice de Precios al Consumidor bien arriba.

No debe existir ninguna distinción alimentaria entre niños menores y niños adultos, para lo cual debe universalizarse y garantizarse el acceso a una correcta la alimentación. Esto podría subsanarse de inmediato con un ingreso a los desocupados de $40.000, que sirva para financiar a millones de familias que se encuentran en la pobreza. Lo mismo vale para la actualización de salario mínimo al mismo valor que la canasta básica de $61.000, como piso para el pago de los programas sociales. Además de la restitución y ampliación de la provisión de alimento para los comedores populares, cuya tarea es indispensable para enfrentar esta crisis

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