Cuando más de 10 mil piqueteros, encabezados por el Polo Obrero, rompían un sitio policial en Constitución, se pusieron de manifiesto los frágiles fundamentos de la “paz social” que el gobierno bordó para este fin de 2018. El diciembre del año del “mayor ajuste que se haya hecho sin que caiga un gobierno” mostraba a los piqueteros que rechazaron los pactos del trío “vaticano” poniendo en tela de juicio al operativo oficial, nada menos que desde el vasto movimiento de desocupados.

Hay que señalar, sin pelos en la lengua, que ese trío de organizaciones de contención social del ajuste dejó pasar casi inadvertidamente el fusilamiento de dos de sus militantes, Orellana y Barrionuevo, de la CTEP, ocupantes de tierra sin techo de La Matanza y de Córdoba, respectivamente. Tras los crímenes, llegó el decreto de legalización del gatillo fácil y en la Ciudad se tramita el nuevo Código Contravencional en la misma línea. Elisa Carrió pataleó por el decreto de Patricia Bullrich, pero su exigencia está contenida en los planes oficiales: la incorporación del gatillo fácil al nuevo Código Penal, que Mauricio Macri anunciará entre los ejes legislativos de 2019. Casi al mismo tiempo, un día antes del G20 y su despliegue militar, la Justicia consagraba la impunidad del crimen de Santiago Maldonado frente al cual las organizaciones de derechos humanos kirchneristas eludieron cualquier iniciativa de movilización.

Es decir que el operativo de contención social de Carolina Stanley, mediante la extensión de algunos planes sociales, un bono de fin de año y cierto aumento en la cuota de alimentos de los comedores comunitarios, amén de exiguo, está cercado por un dispositivo represivo monumental. Bullrich, Stanley y su “interna” son dos caras complementarias de un régimen de ofensiva contra las masas que cada día agrava el polvorín social del país. En línea con los verdugos de los trabajadores de Aerolíneas, Stanley ha dicho que “no aceptará extorsiones” -así denomina el gobierno a las reales y verdaderas medidas de lucha reivindicativa. Pero sus contradicciones son insalvables. Ha dicho que “rechaza los cupos”, que es exactamente su política. Lo contrario de la universalización de un seguro al desocupado ante la escalada geométrica de la desocupación, como consecuencia de la recesión general y el desplome industrial.

La contención armada con las organizaciones sociales pejota-kirchneristas ligadas a la Iglesia transita sobre el volcán de la inflación galopante en los alimentos y sobre la insuficiencia de los 450 mil planes sociales, cuando entre desocupados y subocupados se superan los tres millones. Pero la cuestión del hambre y la desocupación, cuando la crisis argentina tiende a empalmar con una recesión a escala mundial, no se resuelve en una navidad sin estallido. Atravesará cada semana del año electoral 2019. Precisamente, la cuestión del voto 2019 a la incierta unidad opositora “antimacrista” es un arma esgrimida por quienes postergan las reivindicaciones y evitan una lucha general contra el gobierno.

La tregua criminal de la burocracia

Ya hemos señalado la magnitud de la entregada de la CGT, cuando negoció una tregua por lo menos hasta marzo, a cambio de un dudoso bono en dos cuotas de 2.500 pesos, entregando las paritarias más negativas desde que fueron reconquistadas. Si observamos las mejores paritarias como Camioneros o Aceiteros, que son excepción, veremos que en 2018 perdieron entre 8 y 10 puntos frente a la inflación. Sólo Comercio -45% de dudoso cobro- o el Neumático cordobés con 45%, han roto esas pautas al ejecutar la revisión aunque, ni siquiera en esos casos, son suficientes para resarcir la pérdida salarial pues son abonados en cuotas que se extienden hasta 2019. El conjunto del movimiento obrero, ni hablar el sector estatal y docente, ha quedado con una pérdida histórica enorme. Lo mismo ocurre con los olvidados jubilados, que han perdido 20 puntos en el año y para los cuales sólo hay un miserable bono en el caso de los que cobran la mínima.

Pero la CGT no está quieta, ha montado un operativo de distracción política al que se ha sumado Yasky, secretario de la kirchnerista CTA de los Trabajadores, desde luego Moyano y también el trío de organizaciones sociales. Entre todos presentan un documento a la Iglesia que obtuvo la media aprobación de la UIA, que retiró su firma a último momento pero “acompañará el espíritu de la iniciativa”.

Se trata de un programa verborrágico de “cambio de modelo” mediante la baja de tasas de interés, reactivación exportadora, subsidio a las pymes y otras medidas fiscales, todas impracticables en el marco del plan de ajuste del FMI, que nadie plantea romper, y el repago de una deuda con pronóstico de crisis de repago en el propio 2019, que nadie plantea dejar de pagar, aunque conduzca a un defol inevitable.

La movida de unidad pejotista-kirchnerista de la burocracia sindical con la Iglesia y la UIA sólo busca desmontar cualquier reacción del movimiento obrero, mientras la burguesía explora los posibles relevos de un Macri cada vez más hundido en sus perspectivas electorales.

La colaboración de clases con quienes ejecutan los despidos, el ataque a los convenios colectivos y la desvalorización del salario expresa la completa falta de perspectiva de salida a la crisis del nacionalismo, especialmente incluida Cristina -que no habla y cada vez que lo hace se derechiza más. Porque después de llamar a la unidad de los pañuelos verdes y celestes, dejó a Berni como vocero del sector ante el decreto del gatillo fácil.

Las luchas por abajo

Así las cosas, atravesamos un período de luchas por abajo. De este modo, irán madurando las condiciones para una irrupción popular, si superamos las barreras políticas que sujetan e inhiben a los trabajadores. Los compañeros del Belgrano Norte dieron una lección estos días al autoconvocarse contra 29 despidos, pasando por arriba a los delegados y a la seccional, forzando la declaración de un paro y arrancando una conciliación con los despedidos adentro. La onda expansiva fue tal que terminaron reincorporados decenas de despidos en el ex Roca, para evitar una reacción similar.

El gobierno tal vez trató de evitar que dos ofensivas en el transporte al mismo tiempo, ferroviarios y aeronáuticos, terminaran haciendo volar por los aires la tregua navideña de Daer, Yasky y compañía. Efectivamente, la cuestión aeronáutica está al rojo vivo. El gobierno ha focalizado allí una ofensiva contra los convenios colectivos, contra los salarios, por la precarización laboral y la superexplotación a través del ingreso de las low cost, e incluso del ingreso de pilotos extranjeros, lo que derivó en el paro de 48 horas previsto. La conciliación obligatoria de ese paro será apenas un episodio de un conflicto de fondo, que tiene que involucrar a todo el movimiento obrero y popular.

Al mismo tiempo, los gráficos de Interpack I declararon la huelga y ocuparon la planta ante once despidos que no tienen origen en crisis alguna, aunque haya bajado la producción, sino en una ofensiva de flexibilización y desarticulación sindical de este bastión del clasismo.

Como en el Inti, como en Télam, como en la huelga docente universitaria, en estas luchas se juega una perspectiva de ruptura de los mecanismos de aislamiento y contención. La movilización del 18 convocada por Memoria, Verdad y Justicia, como las iniciativas de Interpack y el Plenario Sindical Combativo a su alrededor, serán los puntos de reagrupamiento para llevar estas luchas a la victoria.

La paz de fin año tiene pies de barro. La cuestión del paro activo nacional de 36 horas está objetivamente planteada en defensa de Aerolíneas, de Interpack y Siam, por trabajo genuino, universalización y aumento en los planes, contra la ofensiva represiva. No hay semana en que los trabajadores no den testimonio de la disposición de lucha que podría terminar con Macri, con el FMI y con su régimen político. Pongamos al clasismo y al FIT a la cabeza de esa batalla política. No habrá mejor intervención en el año electoral que se inicia que la que puede darnos la autoridad de estar al frente de los movimientos de masas contra el régimen del FMI.