A solo días del cambio de estación, ya nadie duda que el invierno que tendremos por delante será muy caliente en materia política, económica y sanitaria. Sucede que el gobierno recorre la mitad de su primer año de mandato acumulando una crisis que no logra cerrar.

El apoyo popular masivo, casi unánime, que mostraban las encuestas hace semanas atrás, fue devorado por la bancarrota de fondo que recorre a la Argentina y que se ha agravado sensiblemente por el impacto de la cuarentena. En este cuadro, los anuncios oficiales sobre la empresa Vicentin constituyen un manotazo de ahogado de final incierto para el gobierno. Se pondrá a prueba la capacidad de arbitraje de los Fernández, que ensayan una nueva experiencia de un gobierno de tipo bonapartista muy peculiar, porque tiene como mínimo dos cabezas y por abajo una coalición muy heterogénea, que incluye a Massa y a los gobernadores pejotistas. La derecha, a su vez, golpeada por la derrota del macrismo y por la crisis que enfrentan a nivel internacional los Bolsonaro y Trump, busca levantar cabeza queriendo anclarse en el capital agrario y en sectores de la pequeña burguesía golpeada por la crisis. Los trabajadores, que están sufriendo los embates más duros de la bancarrota económica, tienen el gran desafío de superar el cerco armado por la burocracia sindical y salir a la lucha para defender sus puestos de trabajo, su salario y, dada la amenaza sanitaria, también su vida y la de su familia. En tanto, la precoz pero prolongada cuarentena empieza a crujir en el Amba en relación con la capacidad sanitaria de afrontar la escalada en cierto plazo, sin que se sepa a ciencia cierta siquiera cuántas camas críticas hay en el sistema privado, de amplio predominio, especialmente en la Capital.

Los bonistas contestan con el bolsillo

Es sabido que ni bien asumió Alberto Fernández estableció que su prioridad era cerrar el acuerdo de la deuda en virtual default. Originalmente, la fecha límite era fines de marzo, pero ya estamos a fines de junio y el acuerdo sigue sin alcanzarse. En el medio, el ministro Guzmán fue mejorando la propuesta para los bonistas -o sea, empeorándola para la Argentina. Los sucesivos recules del gobierno implicaron, según varios cálculos, unos 10.000 millones de dólares adicionales para los fondos de inversión. Sin embargo, estos mantienen su rechazo y van por más. A pocos días de la nueva fecha de cierre establecida, los desacuerdos se mantienen. El reclamo de los acreedores es claro: dejar de lado toda quita de capital, llevar los intereses anuales por encima del 3%, reducir a lo mínimo el período de gracia y adicionalmente obtener dos bonos, uno atado al crecimiento del PBI o las exportaciones, y otro que capitalice los intereses no devengados. Si le creemos al ministro Guzmán y a Alberto Fernández cuando dijeron que la propuesta original era la única ‘sustentable’, es claro que las modificaciones posteriores realizadas por el gobierno y, más aún, las nuevas exigencias de los bonistas llevarán a la Argentina a una nueva crisis en un plazo breve de tiempo. Con decir que las últimas propuestas se acercan al valor de mercado de los bonos.

Los fondos de inversión presionan fuerte porque tienen una caracterización: el gobierno quiere arreglar, Cristina Kirchner incluida. Entonces, saben que más temprano que tarde terminará cediendo a sus extorsiones. Cuentan para ello con la propia burguesía nacional, que le ha dicho a Alberto Fernández que debe evitar el default. En el mismo sentido se pronunció la burocracia sindical. Las fechas, además, juegan en contra del gobierno. Se acercan nuevos vencimientos y el ‘default blando’ podría dejar de ser tal si comienzan las presentaciones judiciales en la Corte de Nueva York. 

Mientras tanto, se siguen acumulando los vencimientos en pesos. Esta misma semana, el gobierno debe pagar unos 150.000 millones de pesos por el vencimiento del Bopomo, que mayormente está en manos del fondo internacional Pimco. Como la tendencia natural es que esos pesos se vayan rápidamente al dólar, agravando la brecha cambiaria, el gobierno ahora anunció que emitirá deuda en dólares para reemplazar los vencimientos en pesos. En vez de desendeudamiento, tendremos más deuda, pero en vez de estar nominada en moneda nacional será en divisas. No faltó quien marcara el absurdo de un gobierno que quiere aplicar una quita a la deuda en dólares para luego anunciar nuevas emisiones en esa moneda. 

FMI

Detrás de lo que parece un despiste, emerge una crisis que supera el instrumental usado por el gobierno. Las nuevas propuestas de deuda realizadas por los Fernández y Guzmán, y las peores condiciones que muy probablemente terminen aceptando en los próximos días, impondrán restricciones de fondo a la economía, en momentos donde la recesión es cada vez más fuerte. Como ya hemos señalado en estas páginas, la reducción del período de gracia tiene una finalidad económica estratégica: comprometer al gobierno a pagar deuda durante su mandato, que lo obligará a implementar una política económica ajustadora para garantizar dichos pagos. Después de todo, la amiga del Papa, Kristalina Georgieva, declaró que esperan discutir un plan económico con la Argentina como parte de la reprogramación de pagos con el FMI que vencen en los próximos años. Sabiendo esto, BlackRock, de modo atrevido, propuso que el bono atado al PBI lo controle directamente el FMI para evitar adulteraciones de las estadísticas. ¿Patria, sí; colonia, no? El desembarco y monitoreo del FMI formó parte de la agenda de discusión en la teleconferencia desde la residencia presidencial de Olivos, que tuvo lugar entre el canciller argentino, Felipe Solá, y su par norteamericano, Mike Pompeo, en momentos en que se avanza a un arreglo en la renegociación de la deuda. 

Sería injusto, de todos modos, que los acreedores no le reconozcan al gobierno su compromiso con el ajuste contra las masas. De hecho, ha suspendido las paritarias y no hay visos de nuevas convocatorias; ha impulsado la reducción del 25% de los salarios nominales abarcando incluso a trabajadores que están realizando actividades y ha prolongado su vigencia por 60 días más; suspendió la movilidad jubilatoriapagará en cuotas el aguinaldo a trabajadores del Estado nacional, lo cual es una invitación a que hagan lo propio los capitalistas en sus empresas y los Estados provinciales y municipales. Que estos golpes durísimos a los trabajadores no alcancen para superar la bancarrota económica, no excusa al gobierno de su orientación política y social. 

Vicentin

Es en este cuadro de crisis que el gobierno decidió la intervención de la empresa Vicentin y anunció el envío de un proyecto de expropiación. La decisión parece antes que nada una medida improvisada, fruto de que no avanzaron las negociaciones que se vinieron realizando en secreto durante estos meses entre funcionarios del gobierno nacional, de la provincia de Santa Fe, la propia empresa y sectores interesados en ingresar al negocio. En ese sentido, la medida constituye un fracaso del gobierno. El propio Alberto Fernández lo reconoció al repetir hasta el hartazgo que la intervención y eventual expropiación no forma parte de ningún plan de nacionalizaciones, sino que es una medida aislada. 

Si la intervención de Vicentin tiene todos los condimentos de una improvisación, los argumentos usados por el ala izquierda del kirchnerismo ya rayan con el delirio. La alusión a la “soberanía alimentaria” carece de toda seriedad, porque su plena satisfacción requiere establecer un monopolio del comercio exterior y la nacionalización de la gran propiedad agraria, así como de la cadena de industrialización y comercialización, algo que no se le pasa por la cabeza a nadie dentro del elenco gubernamental. La alusión a repetir el modelo YPF marca los límites insuperables del propio gobierno: YPF no sirvió para lograr ninguna soberanía energética, sino que fue el canal para la entrega de Vaca Muerta a Chevron. La propia YPF presiona de igual modo que el resto de las petroleras por los tarifazos a las naftas y por la obtención de subsidios del gobierno. YPF no solo ha sido ‘testigo’ sino la principal impulsora de esta política. No olvidemos que YPF funciona como una privada más, como una sociedad que cotiza en la Bolsa de Nueva York y, por lo tanto, expuesta a la incursión y dependiente del capital internacional. El modelo que se pregona está lejos de ser un antídoto contra el peligro de “extranjerización” de la empresa.

Sin embargo, la aclaración no ha servido para lograr el apoyo de la burguesía que entrevé un peligro, ya que la quiebra de Vicentin está lejos de ser una excepción. La deuda corporativa ha ido en ascenso y las sucesivas devaluaciones han agravado el peso de estas sobre las empresas. La situación podría incluso agravarse de fracasar la negociación de la deuda del gobierno con los fondos de inversión, porque haría aún más difícil la refinanciación de esos pasivos. El gobierno no tiene condiciones de repetir la medida de Vicentin a otras empresas, porque carece de los recursos económicos mínimos. Ya nadie sabe de dónde sacará los 1.300 millones de dólares para hacer frente al pasivo de Vicentin, más el aporte de capital de trabajo que deberá hacer para asegurar el funcionamiento de las plantas. Un rescate a los acreedores de las corporaciones capitalistas es inviable cuando Argentina no puede enfrentar la deuda de su propio Estado. 

Estas contradicciones de fondo están llamadas a sacudir el escenario político en los próximos días. El gobierno se ha metido en un brete y no tiene asegurada aún la aprobación de un proyecto de expropiación en el Congreso. El propio Lavagna ha salido en contra y armó un proyecto propio que excluye la expropiación. El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, sigue buscando viabilizar una alternativa de este tipo, distinta a la impulsada por el gobierno nacional. Resta por ver qué hacen los diputados que responden a Schiaretti, que podrían decidir sobre el final, según sea la realidad de fuerzas en ese momento. Viendo los permanentes recules con la deuda y con el proyecto de impuesto a los ricos, que nunca vio la luz, es probable que los Fernández terminen tomando ellos mismos la propuesta de Lavagna para buscar un compromiso, alegando que carecen de los votos. Para el gobierno sería una tormenta perfecta: una crisis con los bonistas y el capital agrario en simultáneo. 

Por una acción independiente de los trabajadores

El desarrollo de esta crisis podría crear un escenario de polarización política entre variantes capitalistas. En esas circunstancias, el gobierno buscará presentarse ante los trabajadores como la expresión de la defensa de intereses populares en oposición a la oligarquía agraria y sus representantes políticos. Sería un recurso político para ocultar su entrega a los fondos de inversión pero, por sobre todo, el ajuste a los trabajadores que, como señalamos más arriba, avanza en todos los frentes, afectando los salarios, las jubilaciones, el aguinaldo, los puestos de trabajo y hasta la asistencia alimentaria. 

Para los trabajadores, la vara básica con la que deben juzgar al gobierno es cómo afecta su política a la vida de las amplias masas de la población. Y en la medición debe entrar también el manejo de la crisis sanitaria, que ingresa ahora en la fase más comprometida por el crecimiento de los casos y la llegada del invierno. A pesar de la alerta de los especialistas que el sistema sanitario podría colapsar en las próximas semanas si no se toman medidas de aislamiento rigurosas, el gobierno se resiste a tomar medidas de este tipo por la presión de la clase capitalista. 

Las luchas obreras que están en marcha, como la que protagonizaron los trabajadores de la algodonera de Vicentin en Reconquista, marcan un rumbo a seguir. La consigna del momento es multiplicar las luchas contra el ajuste en todos los terrenos, para que emerja una intervención independiente de la clase obrera. La entregada de la burocracia le plantea al activismo de la izquierda y combativo un amplio campo de acción. La jornada de lucha del Plenario del Sindicalismo Combativo del pasado 16 de junio se inscribió en esta política para que la crisis la paguen los capitalistas y no los trabajadores.