El gobierno argentino y los bonistas alcanzaron finalmente un principio de acuerdo para la reestructuración de la deuda externa. Esto, luego de que el gobierno realizara su quinta oferta de canje desde que empezó la renegociación, cediendo nuevamente a gran parte de las exigencias de los grandes fondos de inversión, que en la recta final se habían abroquelado para imponer sus condiciones.

Así, lo que se había propuesto como una lección contra la especulación financiera y la sentencia de un “Nunca Más” a las crisis de deuda, terminó en una ilustrativa capitulación. Si el académico Martín Guzmán buscaba sentar un precedente que favoreciera a los países deudores de cara a la ola de quebrantos soberanos que promete acrecentarse, sucedió exactamente lo contrario.

Esto vale especialmente para las cláusulas legales ante una eventual nueva renegociación. Los BlackRock impusieron que los nuevos bonos que se van a emitir para el canje repliquen los términos de los que serán canjeados, lo que en concreto significa que se perpetúan las cláusulas súper leoninas fijadas en los títulos emitidos por el gobierno de Néstor Kirchner en la reestructuración de 2005. Es decir, no tendrán las denominada “cláusulas antibuitre”, por lo demás ya muy limitadas en los bonos emitidos por el macrismo. La puerta quedó abierta por tres semanas más, sin embargo, para nuevas concesiones en la letra chica del acuerdo, en especial para imponer una mayor rigidez a la hora de concretar futuros canjes, pero también están sobre la mesa los reclamos acerca de la embargabilidad de bienes nacionales en caso de incumplimiento. El alcance de esta capitulación es de orden internacional, ya que los fondos de inversión se valdrán de ella para imponer términos ventajosos en el resto de las renegociaciones que están en curso, como la de Ecuador.

Según los medios de comunicación el acuerdo se selló en una oferta de bonos con un valor presente neto de 54,9 dólares por cada lámina de 100, pero esta denominación en lenguaje de los fondos de inversión induce a razonamientos falsos. Para ser precisos, ¿Alberto Fernández impuso una quita del 45% a los bonistas? Ciertamente no. El capital de la deuda será reconocido en más de un 98%, y los intereses en un 60%. Así, por una deuda de 68.000 millones de dólares, el país deberá pagar en las próximas dos décadas alrededor de 95.000 millones.

 

En el aspecto de los plazos es tal vez más evidente aún el recule del gobierno. Guzmán había argumentado largamente sobre la necesidad de “dar oxígeno” a la economía argentina con un período de gracia de tres años sin pagar vencimientos de deuda externa. Ese plazo se redujo a un año, y antes de terminar su mandato el gobierno de Alberto Fernández deberá cancelar pagos por alrededor de 4.000 millones de dólares, solo de deuda externa (a lo que habrá que sumar los pagos por los bonos locales también en dólares y la deuda con el Fondo y los otros organismos internacionales). Fernández tendrá así condicionado el resto de su período presidencial, ya que deberá ejecutar el ajuste necesario para cumplir con el repago.

Los mecanismos de presión de que se valieron los fondos de inversión para doblegar al gobierno no se limitaron a la publicación de comunicados en los que aseguraban haber reunido a una cantidad de bonistas suficiente para vetar el canje si no se satisfacían sus demandas. Especial atención merecen las operaciones que dispararon la cotización del dólar financiero y blue. El poder de fuego de los BlackRock mostró así su verdadero alcance, poniendo de relieve que es el capital financiero internacional el que maneja los hilos de aspectos estratégicos de la economía nacional. No por nada, estos fondos habían advertido que entre ellos están “algunos de los mayores inversores en Argentina”.

Otra lección concluyente del proceso de renegociación es el rol que jugaron los presuntos aliados del gobierno. Ni bien asumió, Alberto Fernández se esforzó por congraciarse con el FMI, al cual abrió las cuentas del Estado nacional, y realizó un viaje a Europa e Israel para buscar el respaldo de los resortes del imperialismo en su pulseada con los bonistas, bendición papal inclusive. Sin embargo, el Club de París ni siquiera aceptó el pedido de prórroga en sus vencimientos, mientras que el Fondo Monetario obligó a Guzmán a cerrar un acuerdo de reestructuración antes de sentarse a negociar un nuevo programa para el repago de unos 50.000 millones de dólares.

El otro factor de presión fue el empresariado criollo, urgido por una vuelta a los mercados de crédito internacionales para refinanciar sus abultadas deudas corporativas. Más aún, desde la UIA habían advertido al gobierno que no habría ningún tipo de reactivación económica poscuarentena si no podían tomar préstamos. La burguesía nacional no es un pilar de la independencia, sino un socio menor del imperialismo. A partir de ahora, con la deuda renegociada, se abrirá un escenario de agudización de las disputas al interior de la propia clase capitalista, ya que el ajuste del gasto público para cumplir con el acuerdo choca con las presiones de la UIA para arrancar mayores subsidios estatales, mientras que las cámaras exportadoras buscan barrer con las retenciones. Lo que definimos como una tentativa de erigir un gobierno bonapartista en tiempos de default se verá sometida ahora al fuego cruzado de los reclamos de los capitalistas en medio de una bancarrota de dimensiones globales.

En conclusión, los sucesivos recules de Fernández y Guzmán (quien según Página 12 coordinó en todo momento con Cristina Kirchner) ilustran el derrotero de un gobierno que pretendía poner un freno a los popes del capital financiero sin romper con los gobiernos y capitales imperialistas. Lo más importante es que este acuerdo no sacará a la Argentina de su reincidencia a caer en cesación de pagos, sino que por el contrario reconoce una hipoteca que llevará al país a un nuevo default, luego de vaciar las arcas públicas y asfixiar la economía para cumplir con los vencimientos.

Esto quedó graficado con la euforia con que salieron a celebrar el acuerdo los mentores del “endeudamiento descontrolado” durante el gobierno de Macri, mientras que el presidente de Greylock (uno de los fondos de inversión) se declaró “impresionado por la paciencia de Guzmán y Fernández” en la negociación. El acuerdo para la reestructuración de la deuda externa es un nuevo pacto colonial, que se traducirá en un “plan económico” dictado por el FMI para garantizar el repago. Para los trabajadores, en lugar de “oxígeno”, será un torniquete. La lucha contra el ajuste del gobierno será una lucha contra todo el régimen económico de postración ante los bonistas y el FMI, contra el pago de esta deuda usuraria que ha sido nuevamente renegociada a costa del pueblo.

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