El acuerdo con el Fondo tiene entre sus víctimas directas a las partidas que se giran desde Nación hacia las provincias. Esto deriva en un golpe directo a la salud, la educación, los salarios y jubilaciones de las administraciones distritales, además de una mayor presión impositiva sobre las familias trabajadoras como dispone el Consenso Fiscal.

El texto del memorándum del programa con el FMI, que ya tiene sanción del Congreso, incluye la directiva de tomar “acciones para limitar las transferencias discrecionales a provincias y empresas estatales”. Es decir recortar los envíos por fuera de la coparticipación, que en 2021 fueron superiores a los 600.000 millones de pesos.

Ya en el primer bimestre de este año, según los números de la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre ejecución presupuestaria, las transferencias a las provincias perdieron cinco puntos con la inflación. Como comparación, la plata que va al pago de los intereses de deuda creció en términos reales un 67,8%. La obra pública, que es otro rubro fundamental en cuanto a lo que reciben los distritos, apenas lleva ejecutado en estos dos meses un 8,1% de lo asignado -es el ítem con mayor retraso. Otras partidas que podrían ser objeto de poda son las que Anses gira a las cajas jubilatorias provinciales.

El punto crucial de los subsidios a los servicios públicos, que tantos problemas plantea para cumplir con las metas fiscales exigidas por el Fondo, también tiene uno de sus capítulos en lo que el Estado nacional manda a las jurisdicciones. La ambición de trasladar a la Ciudad de Buenos Aires la gestión de las líneas de colectivo que circulan dentro de ella, que dejaría al gobierno porteño el trabajo sucio de un boletazo de proporciones, es parte de esta trama. Es, por lo demás, la “federalización” de los tarifazos, que ya vienen ejecutando los gobiernos en la electricidad, el agua y el transporte.

De hecho, para avanzar en esta dirección el gobierno nacional enfatiza que los Estados provinciales registran en estos momentos superávit fiscal. Ello fue logrado esencialmente por dos motivos. Ya el mensaje del caído Presupuesto 2022 el ministro Martín Guzmán celebraba este “ordenamiento de las cuentas” reconociendo que lo grueso fue el ahorro a base de la depreciación de los salarios de los empleados públicos, que a mediados del año pasado perdían cuatro puntos con la inflación. Las paritarias que se están desarrollando muestran que los gobernadores buscan seguir hundiéndolos.

La otra vía son los impuestazos, fundamentalmente en los rubros que gravan a la población trabajadora, como Ingresos Brutos que se traslada a los consumidores o el inmobiliario urbano de las familias con vivienda única. Esta orientación es promovida también desde el propio gobierno nacional y fue pactada con los gobernadores en el reciente Consenso Fiscal, que volvió a habilitar mayor presión tributaria. No es exclusivo del oficialismo, atendiendo que hasta Larreta avanzó con un tasazo en el ABL y fijó un gravamen hasta en las tarjetas de crédito.

Esta política ajustadora pega de lleno, como vimos, en los salarios de los empleados públicos provinciales y municipales y en los jubilados de las cajas que no fueron “armonizadas” con Anses, pero también en todos los derechos elementales que corren por cuenta de las provincias, como la educación y la salud. Preparemos una respuesta acorde a semejante arremetida, con un plan de lucha nacional hasta enterrar este acuerdo de ajuste y entrega nacional.

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