Los precios de los alimentos volvieron a recalentarse en enero, impactando fuertemente en la inflación del mes (ya que el rubro tiene una incidencia del 23% en el índice general) y afectando particularmente a los sectores populares, los cuales destinan la mayor parte de sus ingresos en comprar comida.

En primer lugar, las empresas de la alimentación decidieron remarcar los precios en la última semana de enero ante el inminente anuncio del relanzamiento de Precios Justos, mostrando a todas luces la ineficacia de este tipo de programas para contener la inflación. Según la consultora LCG, las remarcaciones fueron del 5,3% en el caso de la carne, del 3,8% en comidas listas para llevar, del 3,3% en productos de panificación, cereales y pastas, entre otras.

Los alimentos frescos fueron los que más aumentaron en el mes, en un 6,6% según el Índice de Precios de Supermercados que elabora el CESO, llegando al 9,5% en la carne, al 13,7% en las frutas y verduras y al 17,1% en pescados y mariscos.

Los alimentos secos no se quedarán atrás, como lo indica la reciente suba del 6% del precio sugerido del pan en la provincia de Buenos Aires (llevando el kilo a $480) o la caída en 10 millones de toneladas de la cosecha de trigo (respecto a la campaña anterior), debido a la sequía, que repercutirá sin dudas en el precio de la harina y sus derivados a lo largo del año.

Suba de la carne

El encarecimiento de la carne vacuna en el mostrador se da luego de que el precio de hacienda se disparara un 30% en las últimas semanas. Los estudios privados coinciden en que “irá camino a los $2.000 promedio por Kg” y que “el mayor impacto del incremento cárnico se sentirá en febrero, dado que los aumentos fueron sobre todo en la última semana del mes” (El Destape, 6/2). Se estima que las subas podrían añadir a la compra en la carnicería entre $300 y $400 por kilo.

Sucede que comenzó a revertirse la tendencia del 2022, donde los aumentos de la carne evolucionaron por debajo de la inflación -luego haberla superado en 20 puntos en el 2021-, debido a la sobreoferta provocada por la mayor faena producto de la sequía, el descenso de los precios internacionales fruto del estancamiento de la demanda china (por medidas vinculadas al Covid)  y la menor demanda interna vinculada al desplome del consumo. Ahora, los precios retomaron su curso ascendente, puesto que mermó la oferta en el mercado de hacienda, porque las lluvias le posibilitaron a los productores retener el ganado por un período más prolongado, y, a su vez, luego de vender compulsivamente durante la sequía se redujo su stock en los campos, con lo que demorarán un tiempo en reponerlo. Además, repuntaron los precios internacionales, empujando al alza el valor de la cuota Hilton.

El gobierno no tiene en carpeta ninguna medidas de fondo frente a esta situación. Desde el vamos desestima abrir los libros de todos los eslabones de la cadena cárnica al control obrero, algo que permitiría evaluar los costos reales, y es impotente para evitar que un ascenso de los precios internacionales se traslade al mercado interno porque sostiene intacto el dominio privado del comercio exterior. En su lugar, evalúa un plan de reintegros del 10% en las compras de carne con tarjeta de débito, a cambio de otorgarle beneficios impositivos a los carniceros (reducción del 90% en la cuota de Autónomos y la posibilidad de descontar el 5% de la factura de compra al frigorífico del impuesto a las Ganancias y a Bienes Personales) y subsidios a los productores (costeándoles el engorde de la mitad del ganado hasta 70 cabezas).

No solo que se trata de prebendas a las patronales, otorgadas a libro cerrado, sin averiguar la capacidad económica de esos empresarios ganaderos o comerciantes, sino que además, el reintegro de $200 sobre la compra de un kilo de carne a $2.000 no es en absoluto reparatorio para el bolsillo popular.

Caída de los ingresos

Como vemos, el precio de los alimentos se encuentra al rojo vivo, en momentos donde el ingreso de la población trabajadora está en franco deterioro. Según un informe del CEPA, la mediana salarial del sector privado registrado solo alcanza a cubrir el 89% de la Canasta Básica Total, que establece el umbral de la pobreza. Por otra parte, el salario real del los trabajadores no registrados en la actualidad se ubica 15,6% por debajo de diciembre de 2019.

Una realidad cimentada por la extensión de la informalidad laboral en la Argentina y el cúmulo de paritarias a la baja en el ámbito formal, pavimentadas por la burocracia sindical y el gobierno.

Resulta urgente ganar las calles para recomponer el salario. Por un sueldo inicial de $240 mil, aumentos salariales indexados a la inflación y trabajo bajo convenio para todos. Paro nacional y plan de lucha ya.