El proyecto de ley de “aporte solidario” de los diputados kirchneristas pretende ser utilizado como una carta de recomposición del golpeado progresismo del Frente de Todos (después de la represión en Guernica, el robo a los jubilados y la eliminación del IFE), y de ataque contra la izquierda que rechaza avalar esta maniobra mientras el gobierno de Alberto Fernández define el ajuste con el FMI. Cualquier mirada un poco atenta vería el corto alcance de esta operación.

Vayamos entonces punto por punto para dilucidar cómo lo que los voceros de la Casa Rosada presentan como una imposición a los ricos es en realidad una estafa contra la población trabajadora, que es la que pone la espalda para “aportar” al programa fondomonetarista. Finalmente, el grueso de la modesta recaudación que derivaría de esta iniciativa terminaría en el bolsillo de los grandes capitalistas, en primer lugar los pulpos petroleros del fracking en Vaca Muerta. Esto, luego de haber otorgado a los empresarios beneficios mucho mayores al “vuelto” que se les pediría ahora.

Si se aprueba el proyecto se cobraría apenas la mitad de lo que se pagó este año a los bancos como intereses por las Leliq y pases. Su reducido impacto fiscal se debe a que la iniciativa oficial fija alícuotas irrisorias y no grava a las empresas, es decir que no alcanza a la riqueza que los capitalistas tienen invertidas y que rinden sus ganancias. Esas compañías fueron además todo el año beneficiarias de subsidios estatales como el ATP y eximidos del pago de las contribuciones patronales al sistema previsional -además de permitirles recortar salarios-, por lo cual en el mejor de los casos sería un pequeño “retorno”.

El proyecto de Máximo Kirchner y Carlos Heller solo afecta a los patrimonios de las personas físicas que superen los 200 millones de pesos, con alícuotas del 2 al 3,5%. Por otro lado, solo se toca a los millonarios que tienen domicilio legal en el país, y no los bienes en el exterior de aquellos que “se mudaron” a Uruguay u otros países, por lo cual zafan los principales empresarios argentinos como Marcos Galperin de Mercado Libre, Hugo Sigman del grupo Insud y Bulgheroni de la petrolera Panamerican Energy.

En cambio, el presentado por Romina Del Plá y Nicolás Del Caño grava a las fortunas desde los 100 millones de pesos, incluyendo las tenencias accionarias o participaciones societarias, con tasas que van del 5 al 15% de las riquezas en cuestión. Además cobra el 20% sobre las ganancias bancarias, 10 al 20% sobre las de las empresas con altas rentas y 5% sobre el valor total de las propiedades de los terratenientes y especuladores inmobiliarios que mantienen viviendas ociosas. Por ese motivo, mientras que el proyecto del FIT podría recaudar entre 15.000 y 20.000 millones de dólares, el proyecto oficial apenas alcanzaría los 2.000 millones -unas diez veces menos.

Pero, como vimos, es el destino que pretende darse a esa recaudación lo que anula toda presunta progresividad del “aporte solidario” del Frente de Todos. Como dijo Romina Del Plá en el imponente acto del Partido Obrero que colmó la Plaza de Mayo el sábado 14, “lo que le sacan a los capitalistas por un lado se lo devuelven con creces por el otro”. Esto es clarísimo en el caso de los pulpos petroleros, nacionales y multinacionales, ya que un cuarto de los fondos irían a nutrir los subsidios del Plan Gas. De esta manera Paolo Rocca de Techint, el principal empresario industrial del país, saldría ganando si finalmente se convierte en ley este “aporte”.

El resto son menciones abstractas para la tribuna, empezando por el supuesto equipamiento sanitario cuando el gobierno declara finalizada la pandemia y fija un fuerte ajuste a la salud en el Presupuesto 2021. En el mejor de los casos, permitirán reemplazar partidas ya asignadas… para cumplir con las metas de ajuste pactadas con el FMI. Nada hay de “solidario” para con los trabajadores en el proyecto oficial.

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El Frente de Izquierda plantea un rumbo ciertamente antagónico. Los fondos recaudados serían asignados a financiar la provisión de equipamiento e insumos a los hospitales y la contratación de personal de salud, lo cual hubiese permitido afrontar la pandemia sin que colapse el sistema sanitario como finalmente ocurrió. También se destinaban a establecer un salario mínimo de cuarentena de 30.000 pesos para todos los trabajadores sin ingresos y la primera etapa de un plan de construcción de 100.000 viviendas por año, es decir que hubieran significado un sendero opuesto al crecimiento de la miseria social y de los desalojos de asentamiento en todo el país.

¿Cómo se aseguraría que los fondos se destinen efectivamente a ello, y no a recortar otras partidas ya asignadas? Poniendo estos recursos bajo control popular, mediante la creación de un Comité de Control, Monitoreo y Seguimiento compuesto por trabajadores electos de la salud, especialistas y técnicos de universidades públicas, del Instituto Nacional de la Vivienda y de la AFIP.

La diferencia sustancial, en definitiva, radica en que uno es un “aporte” al plan fondomonetarista de ajuste al pueblo para rescatar a los capitalistas y cumplir con el repago de la deuda externa, mientras que el impuesto a las grandes rentas y fortunas presentado por el Frente de Izquierda forma parte de una campaña política que llama a rechazar el pacto con el FMI y a desconocer la usuraria y fraudulenta hipoteca del país.

El proyecto al cual pretenden darle media sanción con una sesión especial estaba cajoneado por el propio oficialismo, que lo anunció en abril, lo presentó en agosto (después del acuerdo con los bonistas), le dio dictamen en septiembre y desde entonces cuenta con los votos necesarios para su aprobación, pero lo guardó hasta fin de año. En ese transcurso, la recaudación estimada se fue depreciando en un cuarto respecto la inflación, y más aún medido en dólares. Ni hablar del crecimiento de la pobreza y el colapso del sistema de salud. El Frente de Izquierda hizo su presentación en mayo, y lanzó una campaña que reunió miles de adhesiones para reclamar su tratamiento.

Aclaremos por último otro aspecto importante. Si se tratara de una ley de limitado alcance pero que estableciera un fin progresivo, que significara un beneficio aunque fuera parcial para la clase obrera, el PO y el FIT votaríamos a favor, incluso señalando sus limitaciones. Fue lo que hicimos cuando se sancionó la Emergencia Alimentaria, que no sacaba a nadie del hambre pero al menos destinaba mayores cantidades de mercadería a los comedores populares. Pero no es este el caso. Un impuesto solo es progresivo cuando se destina a afrontar las necesidades de los trabajadores (que son además los que cargan con el peso del sistema impositivo).

El bloque del FIT dará quórum, pero al no poder votar por su propio proyecto definió abstenerse en la votación. La abstención de los diputados de la izquierda expresa el rechazo a una maniobra de corto vuelo para justificar el ajuste en curso y el saqueo del país por los pulpos imperialistas y el capital financiero internacional, y que se destinará a seguir rescatando a los capitalistas.

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