El ataque a los jubilados es una política de Estado. Los gobiernos que se han sucedido en el país en los últimos años han ido destruyendo el sistema jubilatorio que fuera conquistado por los trabajadores luego de años de lucha y que ahora, con la reforma promovida por Alberto Fernández –preparada para servírsela a la misión del FMI-, recibiría un golpe demoledor.

Esta modificación, que será presentada este mes para su aprobación por el Congreso, tiene el antecedente cercano de que entre los años 2018 y 2019, con la fórmula aprobada por macristas y peronistas en 2017, en medio de la rebelión popular, las jubilaciones perdieron frente a la inflación un 19,5 por ciento.

Ante este retroceso, en la campaña electoral pasada, Alberto Fernández prometió un aumento inmediato (apenas asumiera su gobierno) del 20% a los jubilados y pensionados. Y que, para ello, dejaría de pagar los usurarios intereses de las Leliq.

No solo no cumplió la promesa de aumento -tampoco la de no pagar los intereses de las Leliq, que hoy los bancos pueden cambiar por bonos dolarizados que el gobierno les ofrece como garantía para su inversión- sino que, apenas asumido, dijo que la fórmula de actualización macrista-PJ, que hizo retroceder a las jubilaciones casi un 20%, era “impagable” y decidió dar los aumentos por decreto, que hicieron retroceder aún más los haberes que, desde hace décadas, están en niveles de miseria para la inmensa mayoría de los jubilados y pensionados.

Así, durante los primeros nueve meses de 2020, los jubilados y los receptores de las demás prestaciones sociales cobraron entre 7,16 puntos menos, en el caso de las mínimas y 17,66 puntos menos en el caso de las más altas.

Esto porque, sumando los incrementos por decreto marzo, junio y septiembre, los jubilados y demás receptores de prestaciones sociales recibieron entre 18,3 y 28,8 por ciento, mientras que, con la fórmula regresiva y antijubilatoria de 2017, hubieran tenido todos un 35,96% de aumento, porque se compensaba, con un gran retraso, los golpes de la inflación desbocada de 2019 sobre los bolsillos de los jubilados.

Esto muestra la mentira oficial de que le quitaban a los que más cobraban para darle a los que recibían menos. Todos recibieron menos y el haber jubilatorio mínimo, de 18.000 pesos, no llega siquiera a un ingreso de indigencia.

La mano en el bolsillo

Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), publicado por Infobae (21/8), con la eliminación del índice de actualización de 2017 y su reemplazo por los aumentos por decreto, el Estado le quitó a los jubilados, en los primeros nueve meses de este año, un total de 72.000 millones de pesos, contando, incluso, los dos bonos de 5.000 pesos otorgados en diciembre y enero pasados, que no se suman a las jubilaciones sino que fueron “por única vez”.

La nueva fórmula de actualización llega con el marco de este retroceso en el haber de los jubilados. Y el objetivo es consolidarlo y profundizarlo, ya que elimina todo vínculo con la inflación y se determina con dos indicadores que la llevan a la baja: el de aumentos de salarios, que corre por detrás a la inflación y que hoy enfrenta a paritarias de miseria, firmadas por la inmensa mayoría de la burocracia sindical, y la recaudación previsional, cuando se reducen sistemáticamente los aportes patronales y el trabajo en negro alcanza al 40% de los obreros y empleados.

El proyecto no prevé ninguna recuperación de más del 25% de los haberes perdido desde 2018 hasta ahora. Tampoco un aumento en las míseras jubilaciones que hoy cobra la inmensa mayoría de los beneficiarios.

En una situación aún peor están quienes reciben pensiones no contributivas o la pensión universal para adultos mayores, que se ubican en un 70 y 80% de la jubilación mínima, respectivamente.

Según datos del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), el 83,5% de los jubilados cobra menos de 29.000 pesos (Infobae, 23/8).

El costo de la canasta básica para adultos mayores se estima que está en algo más de 49.000 pesos, sin incluir el alquiler. Y supera los 70.000 para aquellos que no cuentan con vivienda propia.

La mentira del “paraíso K”

Un ejemplo de la mentira de los jubilados con buenos haberes alcanzados con la anterior fórmula de la época K, que se toma como ejemplo para la que ahora promueve el gobierno: en marzo de 2015, el costo de la Canasta Básica Alimentaria de una familia tipo de cuatro miembros (debajo de la cual se la considera indigente), se ubicaba en 4.524 pesos y el de la Canasta Básica Total (debajo de la cual se la considera pobre) en 10.580. Ese mes, la jubilación mínima había subido a 3.821,73 pesos y el haber medio a 6.806 pesos.

¿Quién desfinancia?

Los argumentos del desfinanciamiento de la Anses, que esgrimen los sucesivos gobiernos para atacar los bolsillos de los que reciben un haber previsional, esconden que el mismo tiene orígenes totalmente ajenos a los trabajadores y los jubilados.

Hay que buscarlo, en primer lugar, en que las cargas sociales patronales fueron reducidas a la mitad (del 33 a 17,5 por ciento) durante el menemismo con el Plan Cavallo, y nunca repuestos por los gobiernos posteriores. Por este motivo, los aportes y contribuciones bajaron desde el 75% de los fondos previsionales que representaban en 1990 al 50% actual.

Durante el anterior gobierno kirchnerista se otorgaron “incentivos” para promover a las “economía regionales” y estímulos a pymes en base a reducir hasta un 50% las cargas sociales a pagar por esas patronales.

El gobierno de Alberto Fernández mantiene la exención -fijada por el macrismo- de un mínimo no imponible de los primeros 7.000 pesos de cada salario (es decir, no se contabilizan en las contribuciones), a lo cual se suman otros 10.000 pesos para las empresas pequeñas y ramas consideradas en crisis, como la textil.

Dentro de las medidas “pandémicas” se permitió a las patronales (incluido el gran capital) interrumpir las contribuciones a la seguridad social, algo que el “plan pospandémico” mantendría en un 95 por ciento.

Todo esto cuando el pago de ATP y el IFE se adjudicó a la caja de la Anses, como antes se le cargó el pago de distintos beneficios sociales que nada tienen que ver con las jubilaciones y que debieron ser cubiertos por la administración central del gobierno.

La CGT cacarea, los jubilados se movilizan

El proyecto oficial es de un ataque tan brutal a los jubilados que hasta la rancia burocracia de la CGT debió realizar una declaración demarcatoria. Claro que no plantea ninguna medida de lucha para oponerse a este plan de convertir a las jubilaciones en una mísera y generalizada pensión a la vejez.

Pero los jubilados comienzan a organizarse y a ganar las calles en todo el país, para luchar por su supervivencia. En medio de la pandemia, con todas las dificultades que supone, se han realizado importantes movilizaciones. Es el camino para rechazar el nuevo saqueo de Alberto Fernández y el FMI.

En distintos puntos del país se expresó el rechazo a la nueva fórmula de movilidad, el reclamo de que devuelvan todo lo adeudado, que se anulen las reformas provinciales, que la mínima sea de 49.614 pesos, equivalente a la canasta básica del jubilado, el 82% móvil y la restitución de los aportes patronales, junto con la exigencia de directorios electos por trabajadores y por jubilados en las cajas previsionales y las obras sociales, en Anses y Pami.

El Plenario de Trabajadores Jubilados está jugando un importante papel como organizador. Se plantea continuar ganando las calles, con nuevas jornadas nacionales, un pronunciamiento con los reclamos y la exigencia de que sean tomados por los sindicatos, que deben romper con el gobierno y encarar la lucha contra el pacto con el FMI.