El presidente Alberto Fernández presentó el proyecto de ley de movilidad jubilatoria, apurado para mostrar al FMI su predisposición a garantizar el superávit fiscal a costa de los jubilados. En el comunicado oficial, dado a conocer el lunes 9, se plantea que “permitirá reducir el actual déficit previsional” para lograr “la sustentabilidad de largo plazo” (La Nación, 10/11).

La fórmula no contempla la variación de la inflación. En medio de una economía desmadrada, caracterizada por el aumento brutal de precios y de tarifas (que se liberan definitivamente en diciembre) y saltos devaluatorios, esto implica una constante desvalorización de los haberes. Estos encima se actualizarán cada seis meses, tomando los datos de entre los tres y seis meses previos.

Un golpe brutal

La desvalorización de las jubilaciones se potencia aún más, ya que el 50 % del índice de actualización se calcula sobre la base del Ripte (promedio de variación de los sueldos en blanco) que, como viene pasando, va por debajo del alza de los precios. Las paritarias están suspendidas o han cerrado con acuerdos a la baja, y se anularon las cláusulas gatillo y de actualización de los sueldos en función de la inflación.

El otro 50% se calculará sobre la recaudación previsional, lo que también va a consolidar un marcado retroceso en el poder adquisitivo de las jubilaciones porque hay un retraimiento en el cumplimiento tributario por parte de los capitalistas. Esto producto de una exención sistemática y creciente a los aportes patronales, incrementada en estos últimos meses por el gobierno en nombre de la crisis, y una marcada evasión de los aportes obreros recaudados por los patrones.

A todas las rebajas de aportes patronales se sumó en el decreto del 20 de octubre, que fija la exención de todo aporte del personal licenciado por Covid-19, sea por edad o por enfermedades que lo hacen población de riesgo: se estima que de este modo uno de cada cuatro trabajadores no tendrán aportes. Ni el suyo personal ni el de la patronal, que se queda con los dos a modo de subsidio.

Se suma que han aumentado exponencialmente la desocupación, las rebajas salariales y el trabajo informal, o las partes de los sueldos que se cobran en negro y por lo tanto no tributan al sistema previsional.

El nuevo proyecto no deja nada al azar

Como establece que esta fórmula (ya aplicada por el kirchnerismo y luego por el macrismo entre el 2008 y 2017) es para “recomponer el déficit previsional”, se incluye otro límite con “un tope anual para los aumentos a las jubilaciones, definido por la variación que tengan los recursos que recibe la Anses para hacer frente a las obligaciones del sistema” (ídem). Por eso resulta de un cinismo absoluto cuando el proyecto dice que su objetivo es que “aumenten los haberes jubilatorios”.

En ningún punto se considera devolver lo adeudado debido a la suspensión de la movilidad por un año –consolidando las pérdidas durante el macrismo, que llegan hasta el 20%- y menos que menos actualizar la mínima (que es de $18.129 para la inmensa mayoría), ni las demás escalas que cada vez se alejan más del salario en actividad que tuvo el aportante. O sea que deja de ser un salario diferido, que es el concepto original de las jubilaciones.

Los aumentos por decreto de este año generaron “una pérdida para los jubilados que van de entre mil y dieciocho mil pesos mensuales, según la escala de haberes”, conforme los cálculos de la abogada previsionalista Andrea Falcone (Infobae, 9/11/20).

El déficit lo produjeron ellos, no los jubilados

El proyecto fue presentado con aval de todas las alas de la coalición gobernante: Máximo Kirchner, Fernanda Raverta, Carlos Heller, Claudio Moroni, Sergio Massa.

Todos dejaron sus huellas al momento de culpabilizar a los jubilados del déficit (viven demasiado para su gusto y sus necesidades financieras), mientras se exculpan de haber usado los fondos jubilatorios en subsidios a los capitalistas, sea a través del pago de la mitad de los sueldos a unas 300.000 empresas con los ATP, o para parar la corrida cambiaria malvendiendo los bonos en poder de la Anses y vaciando con subsidios y préstamos incobrables el Fondo de Garantía y Sustentabilidad.

Pero hay más. Andrea Falcone destaca que “en los últimos tres años se inició un promedio de 239.017 jubilaciones anuales. Según el último informe de la Secretaría de Seguridad Social, en 2020 se han dado de alta apenas 79.086, y se proyecta concluir el año con sólo 110.604 beneficios jubilatorios nuevos”.

“Considerando que en 2020 se habrán acordado favorablemente unas 128.413 jubilaciones menos y que el haber promedio es de $28.273, los doce haberes mensuales y el aguinaldo que el Estado dejó de pagar generaría al fisco un ahorro de aproximadamente $47.198 millones”, agrega Falcone.

Los jubilados salen a luchar

Mientras el gobierno y las direcciones de la CGT y de la CTA se unen para presentarse en las negociaciones de coloniaje con el FMI, los jubilados ganan las calles en las provincias por sus reclamos y en todo el país. En medio de la pandemia se realizaron dos exitosas jornadas, el 23 de septiembre y el 4 de noviembre, con la consigna: “Los jubilados financian al Estado y no al revés”. Es el camino para rechazar el nuevo saqueo de Alberto Fernández y el FMI.

A lo largo del país se expresó el rechazo a la nueva fórmula de movilidad, el reclamo de que devuelvan todo lo adeudado, que se anulen las reformas provinciales, que la mínima sea de $49.614, el 82% móvil y la restitución de los aportes patronales, junto con la exigencia de directorios electos por trabajadores y por jubilados en las cajas previsionales y las obras sociales, en Anses y Pami.

El Plenario de Trabajadores Jubilados plantea continuar ganando las calles, con nuevas jornadas nacionales, un pronunciamiento con los reclamos y la exigencia de que sean tomados por los sindicatos, que deben romper con el gobierno y encarar la lucha contra el pacto con el FMI.