El promocionado “impuesto a la riqueza” no es tal. Es más ajustado el nombre real que lleva el proyecto: “aporte solidario”. Las palabras valen y el nombre no es casual. Sus autores han cedido durante cinco meses a las presiones del capital financiero para no presentarlo ni discutirlo en tanto se cerraba el acuerdo colonial de la deuda. Mientras, el país se iba hundiendo en la pandemia hasta estar hoy en el top ten mundial de contagios, de muertes por millón y con un 29% de desocupación real. El “aporte solidario” recién empieza su derrotero parlamentario y al presentar el dictamen siguieron las concesiones: no pagan las propiedades argentinas de quienes tienen domicilio en el exterior. Como en el caso Vicentin, capitalización de ATP y tantos otros, el gobierno no se priva de retroceder en chancletas frente a la presión del capital. Por el sencillo motivo que son ahora mismo el gobierno del capital.

El “aporte solidario”, como llamaremos de ahora en más al proyecto del gobierno siendo fieles a la sinceridad de sus autores, no es estrictamente un impuesto. Esto tiene una expresión internacional. Recientemente, 83 millonarios, entre ellos Abigail Disney y otros famosos, incluso un ex CEO de BlackRock, el mayor fondo de inversión del mundo, han planteado la necesidad de “pagar más impuestos para afrontar la pandemia”. La iniciativa de Carlos Heller y Máximo Kirchner está por detrás puesto que se trata de un aporte solidario por única vez. En buen romance se trata de una iniciativa de contenido caritativo explícito ante la magnitud de la crisis capitalista y la catástrofe sanitaria que ha presentado la pandemia en el marco mundial de ajustes de los sistemas sanitarios, del geométrico crecimiento de la desocupación y de la depresión económica que lleva la miseria de las masas a niveles de catástrofe que ponen la cuestión de la rebelión social a la orden del día. Es decir, que se trata de una iniciativa para salvar el régimen mediante una ayuda solidaria de los millonarios que en medio de la pandemia han acentuado la desigualdad entre “ricos y pobres”. La versión sociológica formal de la descarga de la crisis capitalista sobre las masas. La vieja versión de la caridad, en este caso, mediante una limosna de carácter compulsivo.

Desde estas páginas hemos marcado que el aporte solidario considera las propiedades a su valor fiscal, de manera que el porcentaje real no es el indicado en su articulado, sino hasta diez veces menos, según las provincias y en algunos casos todavía más. Hemos señalado que, a diferencia de nuestro proyecto, no grava las ganancias empresarias ni los activos empresarios, porque grava personas físicas, humanas. Y todavía habrá que ver su derrotero en el debate parlamentario.

El aporte solidario no mueve el amperímetro económico en ningún plano. En valor dólar, el único que importa, no superará los 2.000 millones si consideramos el dólar financiero en el que de hecho está desdoblado el sistema cambiario argentino, apenas la cuota del vencimiento con el Club de París de 2021. Y vienen los vencimientos con el FMI que serán motivo de las negociaciones que ya están en marcha. El impuesto, en el mejor de las hipótesis, representará una octava parte de lo que se recauda anualmente por el IVA. Quienes menos tienen siguen financiando al Estado a través de los impuestos al consumo. La promesa sobre un cambio en la estructura regresiva del sistema impositivo se ha revelado que es un verso. Pura sarasa, parafraseando al ministro Guzmán. El gobierno, por el contrario, se prepara para un nuevo aumento del impuesto al salario y de lo que pagan los monotributistas mientras ha terminado de suprimir prácticamente el impuesto a las rentas financieras a lo que agrega, ahora, una baja en las retenciones a sojeros y exportadores.

Por eso, la campaña por el verdadero impuesto a las grandes rentas y fortunas, presentado por el Frente de Izquierda, que reunió más de 5.000 firmas de apoyo por parte del Partido Obrero, fue asociada al no pago de la deuda. De otro modo el aporte resulta solidario con el FMI, no con los sin tierra, o los enfermeros que ganan miseria y se contagian todos los días en el combate desigual contra el virus; por el sencillo motivo que el dinero que entra por una ventanilla se va por otra. Sin apartarnos del tema deuda miremos la deuda del Banco Central en Leliqs que costó $360.000 millones en el primer semestre y costará un importe similar en el segundo, más del doble de lo que recaudaría el aporte solidario. Lo mismo podemos decir de la deuda en títulos en pesos del Tesoro que se está refinanciando a tasas cercanas al 40% y que no solo se refinancia, sino que se incrementa. Así podríamos seguir hasta el infinito.

Todas las cámaras patronales lo cuestionan: las entidades del capital agrario, los bancos, recientemente la UIA como institución e incluso la Came de la mediana empresa. Sencillamente, defienden al capital y, al contrario, pretenden subsidios del Estado con cargo a la masas para defender su patrimonio que consideran un “aporte para dar trabajo” y no trabajo producido por la clase obrera cristalizado en sus ganancias e inversiones, como en realidad es. Por ello habrá que ver el derrotero del impuesto en el debate parlamentario y cuál es la versión final y luego en las apelaciones a la Justicia que ya preparan desde varios costados. El ángulo más fuerte es la doble imposición con la base imponible del impuesto llamado “Bienes Personales”. No sería de extrañar, que antes o después de su aprobación, se termine descontando Bienes Personales del aporte solidario. Un tema más para el arbitraje de la Justicia que iría a parar a la Corte por su naturaleza.

En cuanto a su destino, el 45% del aporte solidario tiene destino directo a otros sectores del capital, de mayor o menor envergadura. Otro 15% tiene destino a la salud sin especificar que sea al sistema de salud pública, por lo que su implementación puede beneficiar a la medicina privada que actúa mediante las prepagas y en las obras sociales. Su único destino progresivo, si se cumple, son las becas Progresar para los estudiantes. El destino del aporte solidario es una cuestión fundamental para los socialistas y para el interés de las masas, porque no se trata de un impuesto y tampoco de carácter netamente progresivo como se lo presenta.

Dicho esto hay que caracterizar el contexto y la función política que cumple. El impuesto se trata al mismo tiempo y veremos si no será parte incluso de la misma sesión, que el Presupuesto 2021. Un presupuesto dibujado a la medida de la negociación con el FMI que ya envía su primera misión al país. El ajuste no es una promesa, está se aplicando ya mismo como lo demuestran los salarios estatales destruidos por la inflación, el robo de la movilidad jubilatoria, el parate total de la obra pública. El presupuesto promete seguirlo, mediante una caída en términos reales de los presupuestos de salud y educación, además de basarse en una inflación prevista del 29% y un dólar promedio de $101 absolutamente inverosímiles, bolazos que tienen por única función descargar el ajuste sobre las masas trabajadoras. El aporte solidario es una maniobra política para hacer pasar el presupuesto 2021, el ajuste actual y el conjunto de la ofensiva que significa el acuerdo propuesto con el FMI cuya agenda es la reforma laboral, la reforma previsional y más tarifazos e impuestazos. He aquí su función política. La de un taparrabos de la política del FMI.

No es casual por ello que se hayan negado a tratar debidamente el otro proyecto que estuvo en las Comisiones, presentado hace cinco meses, el del Frente de Izquierda. Lo único que han hecho es poner en el encabezamiento de los dictámenes de mayoría (el del gobierno) y de rechazo (el de Juntos por el Cambio) que estuvo a la vista el proyecto de Romina Del Plá y Nicolás Del Caño, lo cual es falso porque no formó parte del debate, excepto desde quienes fueron sus autores.

El proyecto de ellos y el nuestro son el día y la noche. Toda la militancia y los luchadores tenemos que defender la bandera del proyecto del FIT Unidad que grava las ganancias empresarias mayores a la facturación de $65 millones anuales, a las grandes fortunas mayores a $100 millones, a la propiedad terrateniente de más de 5.000 hectáreas, a los bancos y a las propiedades ociosas. Un verdadero impuesto progresivo y con destino explícito a 100 mil viviendas, a un seguro al desocupado y gente sin ingresos de $30.000, a la salud pública en la lucha contra la pandemia basada en las demandas del personal de salud, entre otros objetivos en favor de la mayoría trabajadora. Y cuyo control se basa en una comisión formada por el personal de la salud, las universidades públicas y las organizaciones populares para garantizar su aplicación. Llamamos a reforzar la campaña de apoyo al proyecto del Frente de Izquierda.